De pequeños inversores que firman riesgos de grandes fondos y una baronesa casi factual

Cati y Juan forman un matrimonio pionero. Hace 15 años, cuando ni se hablaba del asunto, decidieron apostar por la energía solar. 

Invirtieron en un huerto de placas, compuesto por cuatro piezas, alrededor de 360.000 euros. Es decir, unos 90.000 por unidad. Hoy están arruinados. Las ayudas que se les prometieron llegan a cuentagotas a pesar de una sentencia favorable. 

No todos, pero el grueso de los problemas de España se concentra en este matrimonio, que expuso su caso a Susanna Griso en la edición del 19 de octubre de Espejo Público. 

Esos obstáculos, al menos, son tres: pagar curvas de aprendizaje de una tecnología incipiente –es decir, el coste de innovar—, la inseguridad jurídica que emanó y emana de las decisiones de los gobiernos Rajoy y Sánchez y, por último, la maraña administrativa que hunde en la ineficiencia las posibles ayudas públicas a las que dé luz verde un Consejo de Ministros cualquiera. 

El paso de los años no atenúa la situación. Y así las comunidades de vecinos que opten al plan del Gobierno para atar en corto el coste del gas de sus calderas de calefacción –con un presupuesto de 3.000 millones— toparán con, al menos, una de las trabas: la del lío de ventanillas y la burocracia. 

El abandono político

Este tridente de escollos campa sin agobios desde hace años dado el nulo interés político por corregirlo. Se añade a la endemia de la deuda y el mercado de empleo. La lista sigue en otros ámbitos esenciales, como justicia y educación. 

Los problemas de Cati y Juan no llegaron de golpe. Se gestaron poco a poco, a medida que se revertían decretos leyes aprobados por PSOE y PP. 

Los quebraderos de cabeza en la familia se intensificaron a la par que la solicitud de ayudas se complicaba con cada nuevo apretón de Bruselas en forma de recortes. 

El meollo de la cuestión, sin embargo, echó raíces de mala hierba en la inversión inicial. Pagaron una suerte de novatada. 

A toro pasado –con las facilidades que da esa perspectiva— no son pocos los que se preguntan si España y no –quizá— Alemania debía ser el campo de pruebas en los 2000 de una tecnología energética que, década y media atrás, aún tenía que demostrar su eficacia. 

Ahora el coste de un huerto solar equivalente es insultantemente menor (entre 10.000 y 12.500 euros por placa, -86 por ciento). A medida que la tecnología se desarrolla, se abarata. 

La cultura financiera ausente

No fueron los únicos inversores que se pillaron los dedos. Y es que, efectivamente, Cati y Juan –quizá sin que fuera su intención— asumieron el rol de inversores. La ausencia de cultura financiera entre los españoles es otra piedra con la que tropezamos sin descanso. 

Ello crea el escenario para que una economía familiar firme los mismos riesgos que un gran fondo de inversión al instalar su huerto de placas con el agravante de que esta pareja iba sin red de seguridad. ¿Qué hicieron a continuación? Reclamar. 

La justicia les dio la razón, pero creó la típica sentencia que empapela paredes: la indemnización se reembolsa poco a poco y hoy la familia está en riesgo de embargo. 

España afronta pleitos con grandes fondos y empresas que, si se acaban perdiendo, supondrán 10.000 millones al erario en indemnizaciones.

Pero mientras unos tienen músculo para aguantar y mantener vivos sus intereses en los arbitrajes internacionales, este matrimonio y sus hijos comen patatas hervidas.

El lío de los fondos europeos 

Fuera de plano, Griso gesticulaba su sorpresa, solidaridad y casi agobio mientras escuchaba a Cati y Juan. 

“¡Pero los fondos europeos sirven para eso!”, clamó. Y razón no le falta. El dinero extra de Bruselas pendiente de movilización ilustra ahora perfectamente la inutilidad de unas ayudas que tropiezan con papeleos imposibles. 

Carmen Urraca es directora de fondos europeos en Banco Sabadell.

Pedirlos, explica a finanzas.com, “no es un proceso fácil y necesita la ayuda de especialistas”. A lo que hay que añadir que la cosa va por barrios. O por comunidades autónomas. Las que ya los licitan aplican normas distintas. 

Otras autonomías, como Baleares, ni siquiera tienen capacidad para desplegarlos. Les falta gente. Escribir negro sobre blanco esta última afirmación chirría en un país donde el sector público abona más nóminas que el privado. 

Pero así es: la maraña burocrática se gesta en el solapamiento de competencias y administraciones. Los defensores de la recentralización del Estado deberían comprender, sin embargo, que este lío poco tiene que ver con la organización territorial. 

Los fondos europeos suelen requerir, además, financiación previa. Se cobran al final. Y necesitan armar un proyecto con objetivos, que luego se comprobarán.

El problema de Cati y Juan es que ya están hipotecados. “Sánchez, antes de ser presidente, dijo que nos ayudaría. Pero hoy tiene otras prioridades”, explicaron casi disculpándole. 

Las reformas pendientes en España

Probablemente, con su testimonio en directo en Antena 3, no solo retrataron los problemas más graves desde un punto de vista económico para un país. También diagnosticaron los de Sánchez. 

Las ineficiencias anteriores crean déficit, deuda e incapacidad de los recursos públicos. Dificultan los flujos de capital y el crecimiento. 

Dejan en evidencia, en definitiva, que las reformas que España precisa desde hace décadas –según un amplio consenso de economistas— siguen en la columna del debe y que, en lo inmediato, los presupuestos generales del Estado para 2023 no ayudarán. 

En el mismo programa, Griso entrevistó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP). Huelga decir que la baronesa fue partidista en sus respuestas, pero añadió a la lista de trances uno tampoco menor.

Con una factualidad poco habitual en ella, relató la toma de las instituciones y organismos independientes activada por el sanchismo. El CIS es la penúltima gota.