Lo que no arregla el Pacto de Toledo lo apañan los Presupuestos

Las protestas de los pensionistas han tenido sus frutos en los Presupuestos Generales del Estado: que proponen la subida de las pensiones mínimas (250 euros más al año para los 2,4 millones de perceptores); de las más bajas (100 euros más al año para otros 2,4 millones de jubilados); y las de viudedad (450 euros más al año para otro medio millón de pensionistas). Los incrementos oscilan entre el 1 y el 3 por ciento. 

Para realizar el pago de estos incrementos no va a ser suficiente con la Seguridad Social y se va a echar mano de los Presupuestos: seis de cada diez euros de estas mejoras se costearán con impuestos. Se consolida una de las opciones que expertos en la cuestión proponen para garantizar las pensiones: que cada vez aporten más los Presupuestos Generales del Estado para cubrir el déficit que generan unas cotizaciones cada vez más magras por las bonificaciones de que disfrutan las empresas, la precariedad laboral, los bajos salarios y agujeros que tiene el sistema, como el régimen agrario o el de los autónomos. 

Pero también corre el peligro de consolidarse una práctica peligrosa: dejar la revalorización de las pensiones en manos del Gobierno de turno, de las mayorías parlamentarias de cada momento, o del propio calendario electoral. Éste último elemento es el que parece intervenir ahora: en un año hay cita con las urnas municipales y autonómicas en las que el Partido Popular se juega mucho por la fortaleza de su competidor por la derecha, Ciudadanos, y con vistas a las elecciones generales que, si no se adelantan, se prevén para la primavera de 2020.

Los jubilados, en un ejercicio de responsabilidad, no han puesto el foco sólo en la actualización de las pensiones presentes, sino sobre todo en la suficiencia de las prestaciones futuras. El Pacto de Toledo podría haber recogido el testigo y haber tomado nota de la enmienda a la totalidad que ha planteado la sociedad a las reformas de 2011 y 2013 que, a la chita callando, con el paso de los años, irían mermando las pensiones hasta dejarlas reducidas a prácticamente la mitad en treinta años. Si los Presupuestos dan por sentado y por aceptable que los impuestos complementen a las cotizaciones sociales el pago de las pensiones, para dar seguridad a los pensionistas presentes y futuros, para no dejar al albur de los Gobiernos de turno la evolución de las pensiones, el Pacto de Toledo podría fijar un criterio, blindarlo y dejarlo al margen de la disputa partidista. Otra alternativa es intentar que la Seguridad Social cuente con más recursos por sí misma, con un mercado laboral de más calidad y, quizás, con cotizaciones más altas. Porque pagar las pensiones con los Presupuestos implica que se detraen recursos para otras políticas también necesarias. Aunque quizás los pensionistas también han ayudado a poner de manifiesto el déficit de ingresos del Estado.