Pensiones: compromiso variable de los candidatos con las públicas y con las privadas

Si la precampaña económica se calentó fue por el malentendido con no claras intenciones en una entrevista que Daniel Lacalle dio a El Economista. Ahí afirmó que el debate en otros países no está en cuánto hay que subir las pensiones, sino en cuánto se tienen que bajar. Lo que se obvió de su respuesta es que se manifestó contrario a tal cosa. De hecho, si en algo coinciden todos los partidos políticos es en su compromiso declarado (aunque en diferente grado) con el sistema público. 

En la respuesta que nos da, Lacalle hipoteca la marcha de las pensiones a la expansión del PIB y al mercado de trabajo: «Si no ponemos el crecimiento y el empleo como pilares y no atraemos inversión global de alta productividad, no solucionaremos el reto económico». Añade que el país necesita «políticas serias de natalidad e inmigración» para sostener las pensiones. Pero se muestra contrario a subir los impuestos para cubrir problemas temporales de la Seguridad Social porque, de ese modo, afirma, «se hunde la economía». 

Francisco de la Torre, de Ciudadanos, deja caer la cifra del déficit estructural de 15.000 millones de euros del sistema público, pese a lo cual, manifiesta el doble compromiso de su partido con él: garantizar su poder adquisitivo y su sostenibilidad futura. Para ello, propone, a corto plazo, la necesidad de continuar generando empleo y de mejorar su calidad: «Sin carreras laborales dignas no hay pensiones dignas». A largo plazo, la solución pasa, en su opinión y en coincidencia con el PP, por el fomento de la natalidad y saca pecho afirmando que Ciudadanos «propone el programa más ambicioso de apoyo a las familias». 

El representante socialista, Pedro Saura, recuerda que ya hay en vigor una ley del PP, la de 2013, que incluye el llamado factor de sostenibilidad, un coeficiente que se aplica en el momento de calcular la pensión de los nuevos jubilados y que, según diversos estudios, implica su paulatino recorte. Para Saura, la receta no es ni la bajada de las prestaciones ni su privatización. Y apuesta por fomentar la productividad y la subida salarial. 

Jorge Uxó, economista de Podemos, afirma que es «imprescindible hacer justicia a lo que la Constitución dice de las pensiones»: han de ser suficientes y se han de actualizar para garantizar su poder adquisitivo. Uxó propone tres medidas: la primera ley del próximo parlamento debería ser la que fije la actualización de las pensiones conforme al IPC; en segundo lugar, cree que deberían subirse las pensiones mínimas y no contributivas; por último, afirma que para que sean posibles unas pensiones dignas, los salarios tienen que serlo también, por lo que reivindica sus recetas para el mercado de trabajo, así como la derogación de aspectos de las últimas reformas que desequilibraron las relaciones laborales en favor de la empresa, además de la reforma del Estatuto de los Trabajadores con el fin de que se adapte al empleo del futuro y a la digitalización de la economía y que ésta no sea una vía que deteriore las condiciones laborales. Propone también que con impuestos se puedan pagar las pensiones. 

Apoyo a los planes privados

Este compromiso de Podemos con un sistema público suficiente que presenta Uxó contrasta (o es coherente) con su oposición a favorecer la provisión privada: su partido está dispuesto a eliminar la deducción de que se benefician quienes realizan aportaciones a los planes de pensiones. 

En dirección contraria camina Ciudadanos: De la Torre señala que, como mínimo, su partido mantendría la deducción actual. Y no descarta incrementarla. Aunque también apunta que el problema de los planes de pensiones no es fiscal, sino de (baja) rentabilidad y (elevadas) comisiones. 

El PP va más allá: en su programa electoral habla de que creará «un blindaje fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro». Añade que impulsará, en el marco del diálogo social, los pilares complementarios del sistema, como los planes de empresa y los planes voluntarios de pensiones.

Entre una posición y la otra, la más ambigua de Pedro Saura: por un lado, se muestra partidario de incentivar el ahorro pero, por otro, también cree que hay que evaluar las consecuencias de esta bonificación y el tipo de rentas que se ven favorecido por ella. 

¿Qué dicen los expertos?

En la línea de PP y Ciudadanos caminan las propuestas de Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco: así, comenta que, para afrontar el reto que supone el envejecimiento de la población, la mayor longevidad y los salarios más elevados con los que ahora se llega a la jubilación, habría que elaborar un plan de acción en que se defina el nivel de prestación que se quiere otorgar, así como los ingresos necesarios para ello. Así las cosas, Martínez-Aldama apuesta por un sistema de capitalización para complementar al público y que sería semi-obligatorio. Como el diálogo social no ha avanzado en este sentido, cree que debería atajarse la cuestión por ley para que las empresas estén obligadas a ofrecer a sus trabajadores un plan de pensiones. 

Héctor Maravall, exdirector general del Imserso, plantea líneas de actuación paulatina para incrementar los ingresos de la Seguridad Social: el diseño de un sistema de cotización más acorde con la realidad diversa de los autónomos; la persecución del fraude; el incremento de las cotizaciones de los trabajadores, pasando del 4,5 al 6 por ciento; además de que, en su opinión, la Seguridad Social debería dejar de pagar las pensiones de viudedad, para pasar a depender de políticas de familia. Asimismo, plantea la posibilidad de que se destopen las pensiones, aunque avisa de que hay que hacer bien los cálculos para evitar que el aumento de los ingresos hoy provoque un gran incremento de los gastos mañana. Añade la necesidad de que se mejoren salarios y la duración de las carreras laborales, que deben empezar antes. 

En cuanto a la extensión del sistema privado, ve dos problemas: que en un mercado laboral de ingresos bajos, no supone una solución para la inmensa mayoría; y la inestabilidad de los mercados financieros, que añade riesgo a unos planes de pensiones que no ofrecen demasiada rentabilidad.