Pensiones públicas: por qué es importante mantenerlas y que sean suficientes

Las pensiones públicas están en riesgo por un conjunto de factores entre los que el más importante no es la pirámide de población, sino la menguante calidad de los puestos de trabajo que consiguen los más jóvenes y que se van extendiendo a todas las edades, la elevada tasa de paro y las rebajas y bonificaciones que se aplican a las cotizaciones a la Seguridad Social, así como el techo a las contribuciones que realizan los salarios más elevados, cuya base de cotización ha quedado este año congelada en los 3.751 euros. 

Las últimas reformas acometidas no atacan el fondo del problema, es decir, la mejora de la calidad del empleo, o el cambio de base de la estructura productiva del país para que sea capaz de proporcionar más puestos de trabajo y mejor remunerados. Ni siquiera han procurado asegurar o mejorar su financiación elevando tipos o bases de cotización. Ni han intentado arañar recursos procedentes de otras fuentes de ingresos del Estado. Ni han dejado de financiar pensiones de orfandad y viudedad con la caja de la Seguridad Social para que se hagan cargo de ellas los presupuestos generales del Estado. La idea que se ha impuesto ha sido ir dejando morir a unas pensiones públicas que tenían la vocación de la suficiencia; ha sido ir dejando que paulatinamente vayan mermando con edades de jubilación cada vez más tardías y con oscuras fórmulas de cálculo que van provocando que, con el paso de los años, vayan bajando en cuantía. 

Si la mala calidad del empleo, la precariedad y los bajos salarios se perpetúan, si las carreras laborales van siendo cada vez más irregulares, si cada vez va siendo más difícil acumular derechos para cobrar una pensión de jubilación, el mero paso del tiempo irá reduciendo el gasto en pensiones. 

Ésta es sólo una hipótesis o una predicción. Vayamos a los datos que muestran por qué merece la pena preservar un sistema público de pensiones como el español, que tiene la vocación de que sea suficiente para mantener una vida digna en la vejez. 

España no gasta más que el resto de Europa en pensiones

¿Cómo ha evolucionado el gasto en pensiones en España? Según datos recogidos por Eurostat, si en 2004 se destinaba el 8,9% del PIB al pago de pensiones, en el 2015, último año del que hay información disponible, alcanzaba el 12,6%, una cifra que se encuentra por debajo de la media comunitaria, que en 2014 (último año del que hay estadísticas) se colocaba en el 13% (o en el 13,6% para los países del euro). La Unión Monetaria gastaba en 2004 una cantidad equivalente al 12,2% del PIB en pensiones. El gasto europeo en pensiones ha aumentado, pero a menor ritmo que en España. Y, con todo y con eso, España gasta menos en términos relativos que la media comunitaria. 

El país que en 2015 más gastaba en pensiones era Grecia (17,8% del PIB), seguido de Italia (16,5%), de Francia (15%) y de Austria (14,6%). También por encima de la media comunitaria y, por tanto, por encima de la cifra española, se encontraban Dinamarca (13,5%), Holanda o Finlandia (13,1%).

Una crítica que se hace al sistema de protección social en España es que destina demasiados recursos a la vejez y muy pocos a la niñez y a políticas de familia. Y es cierto. En parte. Porque tampoco es tan diferente a lo que ocurre en otros países, al menos en materia de pensiones. En España, en 2015, de nuevo según los últimos datos de Eurostat, del total del presupuesto social (que incluye salud, discapacidad, vejez, familia, desempleo, vivienda o exclusión social), a pensiones destinaba un 39,96%, una cifra muy parecida a la de la media del año anterior en el conjunto de la Unión Europea (40,28%) y a la de la media de los países del euro ese mismo año (39,33%). 

Pero, efectivamente, si España gasta en pensiones porcentajes del PIB y del conjunto del gasto social muy parecidos a los de los países de nuestro entorno, es cierto que en políticas de infancia y de familia se queda muy atrás: suponen un 5,3% del total del gasto social, frente al 8,56% del conjunto de la Unión Europea, de media. 

Un sistema eficaz en tasa de reposición y en reducción de la pobreza de los mayores

Con un gasto sobre el PIB similar y una proporción parecida del gasto social destinado a pensiones, el sistema público español logra una de las tasas de sustitución (lo que supone, en términos porcentuales, la pensión respecto al último salario percibido) más elevadas entre los países de nuestro entorno. Así, en términos netos, la tasa de sustitución para un hombre o una mujer de renta media en España se sitúa en el 81,8%, de acuerdo con cifras de la OCDE para el año 2016. 

Frente a la tasa española, la de Alemania, por ejemplo (50,5%) o la de Suecia (54,9%). La de Noruega se encuentra por debajo del 50%, mientras que la de Finlandia está en el 65%. 

Pero la de Austria rebasa el 90%, al igual que la de Italia o la de Portugal, mientras que la de Holanda incluso supera en unas décimas el 100%. 

La tasa de sustitución media en la Unión Europea se encuentra en el 70%. 

Posiblemente, el sistema público de pensiones hace posible que la incidencia de la pobreza sobre los mayores españoles sea inferior a la de la media de la Unión Europea. Así, si en 2016 un 13% de las personas de 65 y más años estaba en riesgo de pobreza en nuestro país; en la media de la Unión Europea esa cifra subía hasta el 14,6%. 

Bien es verdad que el déficit que España sufre en políticas de infancia se paga con tasas de pobreza más elevadas que en el conjunto de la Unión Europea entre los menores de 18 años. Así, en nuestro país casi un 30% de los niños y jóvenes menores de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 21% en el conjunto de la Unión Europea, cifra que cae por debajo del 10% en Dinamarca o en Finlandia. 

No reducir el gasto en pensiones e incrementarlo en infancia y familia

¿Cuál es la conclusión de todo esto? El sistema público de pensiones es eficaz vacunando contra la pobreza a los mayores. Es útil y homologa a España con el resto de Europa. Lo que España tiene que perseguir es converger con los países de nuestro entorno en políticas de infancia y familia, porque es en ellas donde España sí muestra un déficit muy importante, primero en ausencia de inversiones, y después en resultados, con un tercio de los niños en situación de pobreza, con lo que ello supone, no sólo para su presente, sino fundamentalmente para su futuro. 

España no tiene que renunciar a sus políticas para la vejez para invertir en infancia. El Estado tiene margen para incrementar ingresos públicos hasta alcanzar la media comunitaria (alrededor de siete puntos de PIB le separan, del 37,7% del PIB que ingresa España, frente al 44,7% de la media comunitaria) y también para elevar el gasto público y en particular el social para alcanzar cifras equiparables a nuestros socios europeos. España gastaba en 2015 6.367 euros por habitante en protección social, mientras que un año antes, la media de la Unión Europea destinaba a este fin casi 8.000 euros y los países de la Unión Monetaria, 8.800.

Pero no olvidemos algo que antes apuntábamos: un mercado de trabajo cambiante implica que, para que siga siendo eficaz (incluso más eficaz), el sistema público de pensiones también ha de transformarse para adaptarse a las nuevas realidades que no aseguran trayectorias laborales como las de las generaciones previas. Ha de plantearse una mayor ambición. Hay que ir a más, no a menos. Porque también puede saber mal que se considere un triunfo que haya un 13% de mayores en riesgo de pobreza.