Contra el uso de información privilegiada

Es infrecuente en España que un caso de información privilegiada llegue a un juzgado y, más raro aún, que se dicte condena por ello. Pero cuando se produce, es digno de resaltar porque significa que también en nuestro país se adoptan medidas que tratan de penalizar a los ventajistas que actúan en beneficio propio tratando de perjudicar al interés general. Y esto, debe hacer recuperar la confianza a inversores y accionistas sobre el funcionamiento de los mercados.

El juzgado de lo penal número 3 de Madrid ha declarado culpable a Alejandro Fernández de Araoz, exconsejero de Cartera Hotelera, por utilización de información relevante, a seis meses de prisión, el decomiso de 1,2 millones de euros y una multa de casi un millón. Es el cuarto condenado en España por este tipo de delito que está tipificado en el Código Penal para quienes usan, en beneficio propio o de terceros, información a la que han tenido acceso por el ejercicio de su actividad profesional o empresarial tratando de sacar partido en la cotización de valores u otros instrumentos negociados.El condenado supo, como consejero de Cartera Hotelera, que se iban a vender las acciones de Occidental Hoteles a un precio muy inferior a su cotización en algunos momentos de la negociación. La sentencia señala que Fernandez de Araoz decidió vender sus acciones y las de su mujer para evitar pérdidas, por lo que dimitió en primer lugar como consejero de Cartera Hotelera y, posteriormente, vendió algunas acciones para disminuir su participación del 5 por ciento para así no verse obligado a informar a la CNMV. Su actuación le evitó perder casi dos millones de euros.

El delito por el uso de información relevante se castiga entre uno y cuatro años de cárcel y en este caso la condena ha sido reducida teniendo en cuenta los retrasos que se produjeron en la tramitación del juicio. Puede llegar hasta los seis años de privación de libertad si las prácticas abusivas se demuestran habituales, si el beneficio es especialmente alto o si la persona provoca un grave daño a los intereses generales.