Año electoral: malas noticias para el sistema de pensiones

Estamos en año electoral, lo que supone malas noticias para el sistema de pensiones y buenas para los pensionistas. El resultado de las elecciones en Andalucía ha hecho saltar todas las alarmas en Moncloa. La posibilidad de que el PSOE se desangre electoralmente en Extremadura y Castilla la Mancha en la cita con las urnas de este año ha hecho que el Gobierno adelante su campaña. Así es como debe leerse el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado buena nota de las reivindicaciones de la calle: 9,5 millones de pensionistas son 9,5 millones de votos potenciales (10,3 millones si incluimos las pensiones de viudedad, cuya cuantía también ha mejorado). Que estas medidas adicionales cuesten 4.444 millones de euros más a las arcas públicas es lo de menos. Gobernar está en juego. Si ganamos, ya veremos cómo lo parcheamos durante el mandato. Si perdemos, que el que venga arregle el desaguisado. Este es el razonamiento que se hace, póngale usted al partido en el Gobierno las siglas que quiera, en materia de pensiones.

Pasando por alto la inseguridad que se traslada a la población con la derogación y aprobación permanente de leyes que afectan a sus pensiones, las recientes medidas del Gobierno con las que se garantiza el poder adquisitivo de los jubilados y se mejoran las prestaciones mínimas y de viudedad no son buenas ni malas en sí mismas. ¿Que se decide mejorarlas? Perfecto. Pero necesitamos saber cómo se va a financiar todo, de dónde va a salir el dinero.

Yo, que tanto he criticado al anterior y al actual Gobierno por la desidia mostrada en su obligación de informar a los ciudadanos de su pensión futura (el 'sobre naranja'), empiezo a pensar que de poco serviría dada la velocidad a la que se han sucedido los cambios legislativos en materia de pensiones en los últimos cinco años. Cambios, que son la consecuencia de la instrumentalización política que se lleva haciendo desde hace décadas en este país con las pensiones.

Quienes defendemos la necesidad de un pacto de Estado para las pensiones (que era el cometido del renombrado Pacto de Toledo cuando se creó hace 30 años) nos referimos a esto. A la necesidad, como sociedad, e incluso al derecho, de dejar de estar al albur de quien ocupa la Moncloa para tomar nuestras decisiones de ahorro finalista.

Ha llegado el momento de hacer dos cosas imprescindibles para la solvencia del sistema. La primera: separar las fuentes de financiación del sistema de pensiones no contributivo del contributivo. La finalidad de las primeras, las no contributivas, es paliar situaciones de pobreza a través de políticas redistributivas de la riqueza. Y la financiación de los 2.550 millones de euros que hoy representan debería ser con cargo a impuestos. Las segundas, las pensiones contributivas, se encuadran en los denominados programas de sustitución de rentas, entendiendo que la naturaleza de las mismas son salarios diferidos (y por eso tributan como rendimientos del trabajo del jubilado); y la financiación de los 128.000 millones que hoy suponen debe hacerse a través de las cotizaciones de empleados y empresarios.

La segunda: viendo que el sistema contributivo está en desequilibrio y es el de mayor cuantía, el reto es adoptar en España un nuevo modelo contributivo de pensiones, público, de reparto y de aportación definida, como es el modelo sueco de Cuentas Nocionales. En él se pagan unas contribuciones con las que se financian las pensiones presentes. Pero todas esas contribuciones serán exactamente las que se tendrán en cuenta para la pensión futura, y se irán acumulando durante toda la carrera laboral de una persona en cuentas individuales bajo el principio de que, cada euro de contribución se acumula hasta la jubilación. Así, los trabajadores conocen en cada momento el dinero que han ido preservando para la vejez. Y llegado el momento, esos derechos acumulados generan una pensión en función de la edad de jubilación y la esperanza de vida, garantizándose así el equilibrio actuarial necesario del sistema.