Las responsabilidades de Rato en Bankia y las que justamente reparte

La creación de Bankia, su salida a Bolsa y su rescate han vuelto al primer plano de la actualidad esta semana, con la declaración de su ex presidente, Rodrigo Rato, en la Audiencia Nacional. El también ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar ha aprovechado las sesiones ante la justicia para repartir las responsabilidades del desastre. Quien además de todo lo anterior fue también director gerente del Fondo Monetario Internacional ha despejado los balones y se los ha lanzado al auditor, al Banco de España, al FROB y al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

Rodrigo Rato llegó como presidente de Caja Madrid en enero de 2010, meses antes de la fusión con Bancaja y otras pequeñas cajas de ahorros y de la creación de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la Bankia que saldría a Bolsa el 20 de julio de 2011.

Uno de los principales afanes del más alto ejecutivo de la entidad era que el Estado no entrara en su capital, por lo que las inyecciones públicas que recibió fueron préstamos del FROB muy costosos, con intereses, en el caso de la primera, del 7%, que detraían una importante cantidad de recursos en una época en la que no sobraban.

Con esta filosofía de evitar la nacionalización parcial de la entidad, el equipo de Rato diseñó un programa de saneamiento de acuerdo con el cual se planteaba provisionar los ejercicios 2012-2015 de un golpe en el primer semestre de 2012. En total, la dirección de la entidad calculaba un esfuerzo de 9.700 millones de euros (por ponerlo en contexto: 10.000 millones de euros menos de lo que pidió quien le relevó en el cargo, José Ignacio Goirigolzarri, en mayo de 2012). De acuerdo, de nuevo, con las cifras de Rato, con esa inyección, protegería su balance de la evolución del ciclo económico y alcanzaría la tasa de cobertura de los activos morosos más amplia del sector financiero español, así como una elevada solvencia.

Los planes de Rato para Bankia

El plan de Rato incluía pedir un crédito al FROB de hasta 6.350 millones de euros. Aunque el entonces presidente de la entidad no dio detalles de cuáles serían las condiciones de ese préstamo, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, había detallado que las inyecciones a través de CoCo's (bonos convertibles contingentes) se harían cobrando un interés del 10% y a un plazo de entre tres y cinco años. En aquel momento, Bankia ya debía otros 4.000 millones de euros al FROB del primer crédito público que recibió.

Los analistas consultados en el año 2012 dudaban, por un lado, de que la entidad pudiera hacer frente al pago de los intereses y del principal de los préstamos públicos; y, por otro, de que las propias inyecciones planteadas por Rato fueran suficientes para cubrir los riesgos. Una cifra: en 2011, los activos potencialmente problemáticos procedentes del sector promotor e inmobiliario de Banco Financiero y de Ahorros ascendían a los 32.000 millones de euros.

La ayuda pública solicitada por Goirigolzarri en la primavera de 2012 fue mucho más importante, prácticamente del triple de la que planeaba Rato, además de que eran ayudas, en la práctica, a fondo perdido: inyecciones de capital y no un crédito que hay que remunerar con un interés.

El planteamiento que hizo Rodrigo Rato, a la luz de los hechos que tuvieron lugar después (un rescate total por valor de 23.465 millones de euros), fue manifiestamente insuficiente. Y hace intuir que la información con la que contaba el mercado cuando el grupo salió a Bolsa no era todo lo precisa que cabía esperar.

O quizás es que nadie quiso darse por enterado de los problemas de la entidad. Como contó Carlos Sánchez Mato en 2012, entonces economista de Attac, después concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y ahora presidente de los distritos de Latina y Vicálvaro, la propia información que revelaba el folleto de salida a Bolsa indicaba que la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), se encontraba en una situación patrimonial cuestionable, cuanto menos.

BFA tenía apuntada su participación del 55% en Bankia en su balance por 12.000 millones de euros. Bankia salió valorada en Bolsa a 6.000 millones de euros. En otras palabras, lo que BFA tenía apuntado que valía 12.000 millones tenía un valor de mercado de poco más de 3.000 millones de euros. Carlos Sánchez Mato añadía en 2012 otro dato: los fondos propios de BFA eran de 8.000 millones de euros, que no servirían para cubrir la minusvalía latente de 9.000 millones de euros que tenía en su participación en Bankia.

La auditoría en la salida a Bolsa y la responsabilidad del equipo gestor

Aquí hay un conflicto: ¿Quién es el responsable?, ¿el auditor o el equipo directivo? Personas cercanas al equipo de Rato afirmaban en 2012 (y el propio Rato estos días): "Cuando sales a Bolsa, no te valoras a ti mismo, te valora Deloitte y dice: 'Vales esto'. Y a continuación los colocadores avalan la información".

Deloitte firmó el folleto de salida a Bolsa de Bankia, pero no las cuentas del año 2011.

Precisamente, el escándalo de Caja Madrid saltó en la primavera de 2012 cuando la auditora, Deloitte, se negó a firmar las cuentas de BFA y de su participada, Bankia. Ése fue el episodio que provocó la renuncia de Rodrigo Rato de la presidencia de ambas entidades, el posterior nombramiento de otro equipo gestor y la reformulación de las cuentas.

Esa renuncia, ahora, Rodrigo Rato la ha redefinido como despido por parte del propio presidente del Gobierno del momento, Mariano Rajoy.

Parte de la comunidad inversora ya sospechaba que Caja Madrid estaba realmente en pérdidas desde el año 2010, aunque en las cuentas no apareciera ese hecho: hizo uso de la maniobra contable de cargar contra patrimonio y no contra resultados las provisiones.

Cuando Goirigolzarri reformuló las cuentas, los beneficios de 40,9 millones de euros declarados por BFA en 2011 pasaron a pérdidas de 3.318 millones de euros y las ganancias de 309 millones de euros de Bankia, a números rojos de 2.979 millones de euros.

Adicae, en ese momento, valoró la reformulación poniendo de relieve la falta de detalle sobre esos cambios en las cuentas: "Esta falta de información sólo puede justificarse en el ánimo de no tener que reconocer que esas pérdidas corresponden a ejercicios anteriores". "Tanto las pérdidas afloradas en la reformulación de las cuentas de Bankia en 2011, como las anunciadas en el informe de auditoría para 2012 provienen íntegramente de dotación de provisiones sobre activos ya existentes en 2010 y, por tanto, en su mayoría eran pérdidas de 2010, y ambas pérdidas repercuten directamente como un perjuicio enormemente desproporcionado sobre los fondos propios de la entidad y sobre los pequeños accionistas", añadía Adicae.

Las cuentas reformuladas se escudaban en que se habían producido circunstancias sobrevenidas y había aflorado información después del cierre del año. Adicae afirma que con esa frase los auditores pretendían exculparse y hacerlo eso mismo también con los administradores. Según la organización en defensa de los clientes bancarios, los administradores mostraron mala fe en 2011 al tratar de aprobar unas cuentas anuales que escondían un importante quebranto.

Entre 2010 y 2012, recordemos, Rodrigo Rato estuvo al frente de Caja Madrid y después de Bankia.

Subyace en su gestión el afán de dar una patada hacia delante y fiar a la recuperación del ciclo la mejora de los números del grupo gracias a los sucesivos créditos del Frob. Un pecado demasiado común, en realidad, aunque no puede estar exento de castigo.

Rato ha despejado su responsabilidad atacando al Gobierno de Rajoy, a la firma de auditoría y también al Banco de España que, por ser el supervisor de las entidades financieras, no puede estar exento de responsabilidades.

Las responsabilidades del Banco de España y la CNMV

El Gobierno del Partido Popular, en los primeros años de esta década, ya había convertido al a la sazón gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en el culpable de la débil situación del sector financiero español. Tal es así que éste se vio obligado a adelantar su salida del organismo.

En realidad, en la gestión de la crisis bancaria española, en los primeros años de la presente década, el Banco de España se convirtió en un mero espectador, en particular desde que en 2011 los sucesivos Gobiernos se vieron obligados a (o tomaron la decisión de) endurecer los requisitos de provisiones y capital de las entidades españolas. Fuentes financieras indicaban en 2012 que en la parálisis del Banco de España quizás hubiera un problema profundo: MAFO no tenía grandes conocimientos sobre el sector bancario. Aunque eso no significa que el Banco de España no fuera conocedor de los problemas que tenían los bancos: ya en 2006 los inspectores del Banco de España decían que la burbuja inmobiliaria y, con ella, la banca, estaban a punto de estallar. Lo que ocurre es que los inspectores tienen jefes de grupo, jefes de inspecciones, directores de supervisión y comisiones ejecutivas que pudieron tapar los problemas o quitarles importancia. Por tanto, parece que el Banco de España no cumplió bien con el trabajo que le encomienda la ley: "Supervisar, conforme a las disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida"; además de "formular a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos precisos, así como acordar respecto a ellas y a sus órganos de administración y dirección la incoación de expedientes sancionadores y las medidas de intervención, de sustitución de sus administradores".

El papel de la CNMV también tiene que ser objeto de análisis, sobre todo en lo que respecta al momento de la salida a Bolsa del grupo bancario. El supervisor del mercado tendría que haber emitido un juicio no sólo formal, sino también material del folleto del debut bursátil para proteger a los inversores: debería haber comprobado si los números eran verosímiles. De hecho, la CNMV podría haber exigido toda cuanta información adicional hubiera considerado necesaria para que el inversor estuviera en condiciones de formarse un juicio fundado sobre la oferta en particular, en este caso, la salida a Bolsa de Bankia. Así, si hubiera identificado hechos o circunstancias que pudieran haber puesto en peligro a los inversores, debería haber intervenido. Pero la CNMV no tomó ninguna precaución, aunque había dudas razonables sobre sus números, al menos sobre la capacidad de la entidad de pagar los intereses de las preferentes inyectadas por el Estado y por el desfase de valoración entre los precios de mercado y los que constaban en el balance de BFA.

Pero la salida a Bolsa de Bankia y que ésta tuviera lugar con éxito era, en la primavera de 2011, en plena crisis de deuda europea, una cuestión de Estado, una prueba de fuego para demostrar al mundo que los activos españoles gozaban de la confianza de los inversores. La llegada del Gobierno de Mariano Rajoy en la recta final de ese año dio lugar a un ejercicio de realismo que golpeó al sector financiero español que provocó a la petición de un rescate que fue sobre todo a sufragar el desastre de Bankia.

En ese desastre, Rato -junto con el Gobierno de Zapatero y el Banco de España- realizó una presunta labor de ocultación, pero también de colaborador necesario en la posiblemente contraproducente fusión con Bancaja, que también tenía sus propios y enormes problemas.

Además, Rodrigo Rato también heredó la gestión de sus predecesores, sobre todo de Miguel Blesa, y de sus ambiciones y de la batalla política librada entre 2007 y 2009, justo en el peor momento, justo cuando la crisis empezaba a estallar.