El circo de las agencias de rating

Las últimas noticias que se publican sobre la economía española son alentadoras. Los datos macroeconómicos dejan la tendencia negativa de los últimos años y presagian el fin de la depresión, aunque el principal y más preocupante de ellos, el desempleo, todavía permanece inamovible.

A raíz de esto hemos visto que la calificación del riesgo soberano español, por parte de las agencias de rating, se ha modificado. Standard&Poors, elimina de su valoración el calificativo de negativo y lo cambia por estable. Esta coletilla, que suelen poner estas agencias en la nota que adjudican al objeto de calificación, informa sobre las expectativas que la entidad tiene sobre el riesgo calificado. No es una gran cosa, pero, al menos, denota un cambio en la tendencia que comenzó hace ya más de 3 años.

La actividad de las agencias de ratings ha estado envuelta en la polémica desde el comienzo de esta gran depresión económica, ya que no fueron capaces de preverla, y mantenían a países y activos de inversión con la máxima calificación crediticia cuando algunos de ellos, según se demostró posteriormente, se encontraban en situación de insolvencia.

También se ha manifestado una evidente política de doble rasero en estas empresas de rating de accionariado privado, con intereses particulares que, presuntamente, pueden influir en las decisiones de calificación. En el caso que nos ocupa, España pasó, en menos de dos años, de una triple A, máxima calificación crediticia, a donde ahora se encuentra BBB, que es el límite con lo que se denomina bono basura por debajo del cual deja de ser apto para la inversión de los principales fondos de inversión del mundo. Demasiado rápido y, seguramente precipitado, ha sido este proceso, sobre todo, si lo comparamos con otros países, como podría ser el caso del Reino Unido, en donde las cifras de déficit público y de deuda pública han sido peores que las de España y, sin embargo, ha mantenido la calificación triple A.

Hay que tener en cuenta que el desencadenante de la fulminante degradación del rating español fue la crisis de deuda, que comenzó a finales del 2011 y que llevó a la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos. Esta crisis fue, a su vez, causada por el empeoramiento de la situación de Italia, en primer lugar, y por el rescate de Bankia que elevó el nivel de incertidumbre sobre la salud del sistema financiero español. 

Hoy en día, así lo reconocen las agencias de rating, la banca española está fuera de toda duda y han calificado de impresionante el proceso de saneamiento llevado a cabo con la ayuda del Banco Central Europeo y del Fondo de Estabilidad y, por otro lado, aunque el total de deuda sobre PIB haya crecido, todavía se encuentra en niveles iguales o inferiores que otros países del entorno. 

Todo ello sin contar con que la prima de riesgo ha vuelto a niveles más normales y, muy probablemente, siga mejorando bien porque la rentabilidad de los bonos españoles se mueva, a la baja, o porque los de Alemania repunten. Las compras de deuda pública española por inversores extranjeros han sido notables, principalmente, las de fondos de pensiones japoneses.

Sin embargo, una vez reducida la calificación hasta el nivel donde nos encontramos, el del umbral con el bono basura, no recupera con la facilidad con la que bajó y, aunque tengan el mínimo detalle de modificar su apreciación desde negativa hasta estable, ahí estamos todavía con la espada de Damocles amenazando hacernos caer.

Es, a todas luces, desproporcionado y poco creíble el criterio de estas agencias. Sin embargo, sus decisiones siguen ocupando portadas de los principales medios de comunicación del mundo de la economía. Quizás algo tenga que ver que en su accionariado estén precisamente los dueños de estos medios.

Agencias de calificación como la canadiense DBRS, que hizo caso omiso a la tendencia de las tres agencias anglosajonas dominantes, y mantuvo la calificación de España en la A y que ahora reivindica, con razón, su acierto, no son, sin embargo, tan resaltadas en los medios, ni tan tenida en cuenta por los inversores. 

No deberíamos salir de esta gran depresión económica sin reformar el sistema actual de oligopolio y de control de estas agencias de rating, que se ha evidenciado como imparcial y favorecedores de intereses muy concretos. Se haría un gran favor a los inversores de todo el mundo con agencias de rating imparciales y profesionales.