Finalizó el rescate de las cajas españolas

En enero del año próximo acabará, de manera "limpia", sin prórroga ni línea de crédito preventiva, el proceso del rescate a las cajas de ahorros españolas.

Hemos tenido noticia a través del ministro de economía De Guindos que en enero del año próximo acabará de manera "limpia", sin prórroga ni línea de crédito preventiva, el proceso del rescate a las cajas de ahorros españolas.

Ha pasado más de un año desde el 9 de junio del 2012, día en el que el titular de la cartera de economía del Gobierno español daba a conocer en una multitudinaria rueda de prensa que el Ejecutivo se acogía a la financiación que la Comisión europea otorgaba para sacar a flote a las entidades de crédito española que lo necesitaran. 

En aquel día y los siguientes, uno de los temas más debatido fue el de si se consideraba o no rescate a España aquella decisión. La importancia del concepto estribaba en ver si nos asimilábamos a países rescatados o intervenidos como Grecia o Portugal o, simplemente, se trababa de aceptar una línea de crédito especial concedida por nuestros socios europeos.

En el lado más negativo pesaba el hecho que el importe utilizado de la línea de 100 mil millones de euro pasaría a engrosar la deuda pública de España, es decir, los contribuyentes españoles se hacían cargo y respondían del rescate bancario. La cantidad utilizada ha superado, por poco, los 40 mil millones, por lo que el porcentaje de deuda pública sobre Producto Interior Bruto se incrementaba en 4 puntos. 

Fue suficiente sólo un 40% de toda la línea de financiación para cubrir las necesidades de capital de las cajas de ahorro con problemas y, de ello, más de la mitad se destinó a una sola entidad, Bankia. Pero, aun así, los primeros efectos que se desencadenaron fueron perversos. La rentabilidad del bono de 10 años español alcanzó un máximo de 7.56%a finales de julio del año pasado, un mes después de que se anunciara el rescate bancario.

La transmisión del riesgo privado al riesgo público, como vemos, se produjo de manera abrupta y devastadora. Una economía en una profunda recesión, con los niveles de desempleo más altos de toda la Unión Europea, asumía hacerse cargo del rescate de un par de entidades mal gestionadas, elevando con ello la desconfianza sobre la recuperación económica e, incluso, la capacidad que el Estado Español fuera capaz de hacer frente en el futuro a sus compromisos de deuda.

Más adelante, gracias al apoyo explícito del Banco Central Europeo a través de su programa OMT de compra de bonos de países con problema, en contra de la opinión que las autoridades alemanas tenían al respecto, y también hay que decirlo, del enorme esfuerzo realizado por nuestro país para reducir las cifras de déficit público, la percepción de riesgo soberano español ha mejorado de forma ostensible y la prima de riesgo ha caído más de 400 puntos.

En realidad, los indicadores de la economía que más nos afectan, como son el paro y el crecimiento, no han evolucionado de manera tan positiva. Este año terminamos con un descenso del 1.4% del Producto Interior Bruto y, lo que es peor, el paro ha crecido. Lo que ha mejorado han sido los datos de balanza de pagos, y es cierto que el dinero vuelve a entrar a España en forma de inversiones empresariales y compra de deuda pública. Es un buen dato que puede ser considerado como señal y precedente de una futura recuperación. 

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Pero de lo que debíamos aprender es que la crisis, enorme crisis, que se produjo en España a mediados del año pasado, que nos situó con un pie dentro de la zona de países imposibilitados de acceder a la financiación de su deuda y, por tanto, intervenido y maniatado por la Troika, fue la causa de un defecto de comunicación y de una serie de decisiones precipitadas que alarmaron a los inversores.

En el futuro, con una supervisión única del sistema bancario europeo, si Alemania lo permite, estaremos a salvo de estos indeseables sucesos. Un banco sistémico no puede llegar al nivel de abandono al que llegó Bankia y, en cualquier caso, su rescate, si es que hay que llevarlo a cabo, no debe cargarse sobre la espalda de los contribuyentes sino de los accionistas y bonistas de la entidad en cuestión. Y el Gobierno o gobiernos que tengan que lidiar con tan complicado asunto, deben, ante todo, cuidar las formas y maneras de transmitir la información para evitar el pánico y el desconcierto, tan habituales en el mundo del dinero.

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