Otro consejo de ministros en el que no se habla de ingresos y gastos

A modo de apunte tras la celebración del Consejo de Ministros hoy, resulta nuevamente decepcionante la falta de medidas sustanciales e inmediatas para acelerar los planes de ajuste fiscal, sin los cuales no se estabilizará la deuda. Las compras de deuda por el BCE solamente logran retrasar las subidas de rentabilidad pero no resuelven el problema, que radica en que la corrección del déficit está siendo muy lenta y la deuda pública finalizará el año próxima al 100% si no se pisa el acelerador de las reformas con nuevas medidas de ajuste tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.

Es además inevitable que la subida de la presión fiscal y la reducción de la inversión pública van a frenar el crecimiento en el futuro, anclando el potencial de crecimiento de España por debajo del 2%, lo que a su vez pone en juego el cumplimiento de los objetivos de déficit, que con la dinámica y estrategia actuales serán previsiblemente incumplidos en 2012, 2013 y 2014.

Como medidas más urgentes, la partida de gastos corrientes es la que debería permitir recortes mayores con un efecto multiplicador moderado sobre el resto de la actividad económica: suponen 120.000 millones de euros plagados de partidas superfluas o prescindibles. Y sin embargo no es lo que es está planteando.

En su lugar, sobre otras partidas en las que se han planteado posibles recortes, actualmente la partida de las prestaciones sociales (fundamentalmente pensiones y subsidio de desempleo) se mantiene estabilizada en términos nominales ya que el mayor gasto en pensiones se ve compensado por el agotamiento del subsidio de paro de las personas que perdieron su empleo entre 2008 y 2010. En cuanto a la reforma del sistema público de pensiones, la realidad es que no tendría efectos apreciables sobre ingresos y gastos hasta finales de la década.

Si tendría un efecto importante la previsible continuidad en la destrucción de empleo público, cuyos salarios consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 50% de todo el gasto excluidas prestaciones sociales. De los aproximadamente 3.000.000 millones de empleados públicos (funcionarios, personal laboral e interino y empresas públicas), las tareas esenciales de gobierno (sanidad, educación, defensa y justicia) emplean al 50%, mientras que 500.000 son funcionarios en otras funciones y 1.000.000 personal laboral y eventual en empresas públicas y otras tareas.

El mayor ajuste será en las nóminas de las Comunidades Autónomas. Del millón de empleados que han acumulado las administraciones públicas en los últimos diez años, 900.000 corresponden a las Comunidades Autónomas. Para final de la legislatura podemos estimar la destrucción de 200.000 empleos públicos, que podrían elevarse a 500.000 si se produce una intervención como consecuencia de la petición de un rescate soberano de alcance mayor al bancario ahora en curso.

En cuanto a los ingresos tributarios es cierto que la recuperación de la recaudación debería estar liderada por el IVA gracias a la combinación del turismo, recuperación del consumo y subida de tipos impositivos. También hay margen de subida en el impuesto especial sobre hidrocarburos aprovechando la bajada del crudo, hasta aumentar su recaudación en un 0,2% del PIB.

En cuanto al impuesto de sociedades el problema es que hay unas enormes bases imponibles negativas que llevará años poder compensar íntegramente, de modo que lo más razonable sería plantear una simplificación del impuesto para mejorar su capacidad recaudatoria.

En definitiva la situación y la inacción del Gobierno vuelve a poner en el disparadero a la deuda española, cuya prima de riesgo se eleva hoy sobre los 560 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en el 7%.