Abengoa presiona al Gobierno desde cuatro frentes por 2.000 millones de euros

Abengoa, que está a la espera del administrador concursal tras declararse en quiebra, sigue viendo en el Gobierno su único salvador del que pretende conseguir una inyección de capital de 2.000 millones de euros para poder vender sus negocios por 200 millones al fondo estadounidense TerraMar.

La sevillana se mantiene firme en lograr 1.200 millones de euros de La Moncloa por el laudo de renovables, aunque esté en negociaciones con el Ejecutivo para evitar la quiebra con el apoyo de la SEPI, el ICO y CESCE. 

El Estado, a través de su abogacía, y la multinacional presentarán entre este jueves y el viernes las conclusiones finales del arbitraje internacional interpuesto por la compañía por las primas de las renovables. 

La Haya tiene la última palabra 

El arbitraje fue presentando en 2013 ante la Cámara de Comercio de Estocolmo por una filial de la ingeniera radica en Luxemburgo y la última palabra la tendrá el Tribunal de La Haya según las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo. 

La cuestión viene desde 2012 cuando el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, decidió recortar un 33% las ayudas a las compañías que invirtiesen en generar electricidad con fuentes renovables un negocio que, según argumentan todas las compañías que han demandado, no es rentable sin subvenciones. 

El caso es que en estos momentos hay más de 30 casos abiertos contra España para unas reclamaciones totales superiores a los 8.000 millones de euros y donde el Estado ya ha tenido que indemnizar con más de 1.000 millones a varias empresas. 

La estrategia de Teresa Ribera 

Las contiendas judiciales perdidas hicieron que el Gobierno de Pedro Sánchez moviese ficha aprobando un decreto en 2019 por el que se elevaba la retribución de energía renovable, cogeneración y residuos desde el curso pasado y hasta 2015. 

La problemática del decreto reside en que si las empresas se acogían a estas bonificaciones debían renunciar a los procedimientos judiciales y tampoco se aplicarían retribuciones si ya se tenía derecho a una indemnización por una sentencia en firme o laudo final. 

El caso es que la medida de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no fue aceptada por Abengoa que continuó y continúa con esta batalla judicial al acogerse al Tratado de la Carta de la Energía, firmado por España en 1994, que permite tanto a multinacionales como a fondos reclamar compensaciones si los países no cumplen con sus expectativas legítimas cuando realizan una inversión. 

Segundo intento con la SEPI por 249 millones de euros 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el segundo frente por el cual Abengoa busca que el Gobierno intervenga en la compañía para rescatarla con una inyección de 249 millones de euros. Si la ayuda hubiese sido de un millón más, el caso hubiese tenido que ser revisado por la Comisión Europea. 

La multinacional busca acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, dotado con 10.000 millones de euros, activado por el Ministerio de Hacienda a causa del Covid-19 y destinado a sociedades donde el coronavirus haya supuesto un golpe en la línea de flotación del negocio. 

Gonzalo Urquijo, cuando era presidente de Abengoa, ya acudió al organismo en busca de ayuda, sin reconocerlo públicamente, pero este se la negó al esgrimir que Abengoa ya estaba en causa de disolución antes de que eclosionase la pandemia. 

Ahora, el nuevo presidente, Juan Pablo López-Bravo, vuelve a insistir a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, alegando que la compañía cumple los requisitos para la ayuda que pasan por ser una compañía estratégica para el país y que existe viabilidad a largo plazo gracias a este rescate. 

Calviño y Maroto siempre se mantuvieron firmes 

Cuando la sociedad anunció la petición de ayuda a la SEPI, lo que suponía reformular su reestructuración fracasada que la obligó a declararse en concurso de acreedores, reformuló su rescate con la entrada de TerraMar como nuevo propietario, pero, pese a ello, siguió insistiendo en el ICO y CESCE. 

La compañía esgrimió que, aun sumando los 249 millones del fondo de rescate y los 200 millones de TerraMar, seguía necesitando créditos ICO y avales CESCE en volúmenes similares a los solicitados en el anterior plan de refinanciación. 

Al ICO se le pedía hasta 230 millones en créditos y a CESCE líneas de avales por valor de 300 millones de euros. Otros dos frentes abiertos de Abengoa con el Estado y donde Nadia Calviño, ministra de Economía y responsable del ICO, se mantuvo firme en la negativa como lo hizo Reyes Maroto, ministra del Ministerio de Industria al cual pertenece CESCE. 

TerraMar, el mayor beneficiado por 200 millones de euros

Ambas ministras se negaron a aportar ayudas dada las serias dudas de viabilidad de la compañía, las incertidumbres y tensiones entre la empresa, accionistas y acreedores y la negativa de la Junta de Andalucía aportar 20 millones de euros. 

Ahora, Economía, Industria y Hacienda tienen que valorar si aportan las cantidades solicitadas mientras el Estado podría perder el arbitraje y la empresa, si el plan del grupo sale adelante, caería en manos de un fondo estadounidense por 200 millones de euros. 

TerraMar se quedaría con el 70% de Abenewco1, la filial receptora de las ayudas en las que se ha aglutinado todos los negocios y activos, mientras que el Estado optaría al 30% restante pese a que aportaría 550 millones de euros más que el fondo. 

Y, por añadir más presión a Pedro Sánchez, no se da por sentado que el 30% que deja sin control TerraMar sea para el Estado puesto que, según la nueva estrategia de Abengoa, ese parte del capital social se debe repartir entre todos los acreedores.