Tribunal Supremo griego da un revés al Gobierno al anular ley de licencias TV

El Gobierno de Alexis Tsipras trata de digerir hoy el duro golpe que le asestó en la madrugada el Tribunal Supremo Administrativo, cuando declaró inconstitucional la reforma de las televisiones privadas apadrinada por el ministro de Estado, Nikos Pappás, colaborador muy cercano del primer ministro.

El Ejecutivo, que en los últimos días había estado lanzando señales de que un dictamen negativo no sería interpretado como una derrota, se ve ahora impelido a presentar a toda prisa una nueva ley, con la oposición en pleno pidiendo dimisiones y elecciones.

El propio Pappás prometía esta mañana en una entrevista en la televisión pública ERT que el próximo lunes habrá una nueva ley que regulará la situación provisionalmente.

Pappás insistió en que la sentencia no anula la ley al completo sino solo el artículo que atribuyó a su ministerio la potestad sobre la concesión de licencias, una prerrogativa que es exclusiva del Consejo Nacional de Radiotelevisión (CNRT), órgano cuya constitución lleva bloqueando desde hace meses la oposición, fundamentalmente el partido conservador Nueva Democracia (ND).

Hasta que este órgano se constituya, desgranó el ministro, y hasta que haya una nueva subasta de licencias para la televisión privada organizada por este, todos los canales que deseen seguir emitiendo pagarán 25 millones de euros por un año en concepto de licencia temporal.

El tribunal exigió en su sentencia el nombramiento inmediato de los miembros del CNRT y la opositora Nueva Democracia recordó que había prometido que una vez hubiera sentencia del Supremo haría un llamamiento a que se pueda constituir este órgano, recordó.

La cuestión que se plantea ahora, añadió Pappás en su entrevista, es si esto "va a ocurrir".

El pasado septiembre el Gobierno terminó con una situación irregular que duraba 27 años y en la cual las televisiones privadas operaban con una licencia provisional de emisión, y en una subasta a puerta cerrada que duró más de 70 horas concedió cuatro permisos.

De los seis canales privados que existen hasta el momento -Skai, ANT1, Mega, Star, Epsilon y Alpha-, solamente los dos primeros obtuvieron licencias, mientras que las otras dos se adjudicaron a empresarios que no están por ahora activos en el mundo de la televisión.

Las cadenas presentaron el recurso contra la ley de Pappás ante el Consejo de Estado argumentando primero que las licencias las debería haber adjudicado un organismo independiente como el CNRT y no el Gobierno, y que conceder solo cuatro permisos era una decisión arbitraria.

El Gobierno se defendió argumentando que había decidido que solo podían adjudicarse cuatro licencias porque, ante la actual crisis y la consiguiente caída de los ingresos publicitarios, el mercado audiovisual griego no puede garantizar la supervivencia económica de más canales.

Asimismo, justificó haber asumido la organización de las subastas razonando que, debido al bloqueo en el Parlamento por parte de la oposición conservadora, todavía no se ha podido elegir el CNRT, que hubiera sido el organismo competente.

Nueva Democracia celebró hoy en un comunicado la decisión del tribunal y la vuelta "al orden constitucional" que "termina con la 'parodia' que es la 'ley Pappás'", y confirmó que presentará una propuesta en los próximos días "para restaurar el pluralismo y ajustar el panorama televisivo".

Uno de los temas espinosos para el Ejecutivo será la devolución del primer plazo del pago de la licencia que los cuatro adjudicatarios hicieron efectivo -85 millones de euros- una tercera parte de lo que el Estado se aseguró en la subasta -255 millones-, un dinero que Tsipras aseguró serviría para cubrir necesidades sociales.

Es por ello que la portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, dijo en una declaración televisada poco después de conocerse la sentencia que esta deja "a 15.000 niños sin plaza en guarderías e impide contratar 4.000 sanitarios", al tiempo que recordó que "el dinero deberá ser devuelto a cuatro personas muy ricas (los empresarios adjudicatarios)".

No obstante si, con la nueva ley Pappás, las cadenas nacionales quisieran seguir emitiendo, el Gobierno podría conseguir hasta 150 millones de euros de las seis televisiones estatales.

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