Condenados a un goteo de reformas

En muchas ocasiones, en política, como en el mundo de la empresa o en el deporte, hacer la guerra cada uno por su lado no conduce a ningún sitio. Eso, en el mejor de los casos. Porque también es habitual que, después de un esfuerzo y desgaste titánico, acabemos un paso por detrás de donde empezamos. Y, así, es muy difícil avanzar. Y, sobre todo, así es complicado mirar al futuro con optimismo. Eso es exactamente lo que ocurre en España con el sistema público de pensiones.

Durante los últimos años, la sociedad española se ha mostrado hipersensibilizada ante cualquier cuestión que tuviera que ver con la reforma de las pensiones. De ahí, que los últimos gobiernos -tanto socialistas como populares- hayan tratado de moverse con sigilo y cierta esquizofrenia sobre la cuestión; de tal forma que hemos visto a ambas formaciones defender una cosa y la contraria en función de que estuvieran en el Gobierno o en la oposición. Y, así, como decía al comienzo, es muy difícil avanzar. Y lo que es más importante: siembra una incertidumbre sobre el futuro de las personas que es lo último que necesitamos en este 'impasse' de recuperación económica.

El último movimiento de este extraño baile de un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás lo ha dado el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la admisión final (después de no pocos tiras y aflojas dentro del propio Gobierno) de la actualización de las pensiones al IPC y la reciente propuesta del secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, de ampliar el período de cómputo de la pensión a toda la vida laboral. Según mis estimaciones, solo esta medida significaría una merma en las pensiones de un 6 por ciento adicional en el régimen general y más de un 24 por ciento en régimen especial de autónomos. A diferencia de la primera, los efectos sobre la merma de las pensiones de esta segunda medida tardarían en apreciarse.

Con todo ello lo que quisiera mostrar es la imperiosa necesidad que tenemos de llegar a un acuerdo de Estado en materia de pensiones. Un nuevo acuerdo de Estado al más alto nivel. No una comisión de seguimiento y evaluación de acuerdos pasados, sino un New Deal en materia de pensiones que nadie pudiera utilizar en beneficio propio ni como arma arrojadiza contra el adversario político. Solo de esta manera se mandaría un mensaje inequívoco a la sociedad y quedaría neutralizado el efecto electoral de cualquier medida que supusiera un alivio para las sobreendeudadas cuentas del Estado.

Lo que ocurre es que 9 millones de pensionistas es una masa de votantes muy tentadora como para no utilizarla en beneficio propio en época electoral. Y en estas llevamos desde hace casi dos décadas. 

Desde esta misma tribuna hemos recriminado al Gobierno la falta de cumplimiento con la obligación de informar -a través del conocido sobre naranja- de la estimación de nuestra pensión futura. Y, siendo importante, de poco iba a servir una estimación que estuviera expuesta a los dictados electoralistas del presidente de turno.

Como en tantos otros temas, la clase política española necesitaría hacerse mayor y configurar una visión de país conjunta en materia, por ejemplo, constitucional, territorial, educativa y, por supuesto, en pensiones. No podemos seguir estando expuestos a un goteo infinito de reformas.