Necesitamos más inmigrantes de los que creemos
Las preguntas, a priori, no pueden ser más sencillas. Si en la actualidad, con 9 millones de pensionistas, tenemos un[…]
Las preguntas, a priori, no pueden ser más sencillas. Si en la actualidad, con 9 millones de pensionistas, tenemos un déficit estructural de la Seguridad Social de 22.000 millones de euros, cuando en 2035 seamos 12,7 millones de jubilados, ¿a cuánto ascenderá el desequilibrio?, ¿habremos colapsado?, ¿cómo lo solucionamos? Pero las respuestas son complejas.
El FMI señalaba este verano que, en el caso de España, tras las reformas de 2011 y 2013, mantener la generosidad actual del sistema de pensiones para el futuro ejército de ancianos que se nos avecina, supondría doblar el nivel de gasto -del actual 12 por ciento al 22 por ciento del PIB-; lo que significa casi duplicar los tipos de cotización de trabajadores y empresarios. Es decir, pasar del actual 28,3 por ciento hasta el 48 por ciento. De ser así, ¿qué efecto tendría el aumento de esos costes laborales sobre la contratación y la tasa de paro?
Cabe también la posibilidad de seguir bajando las pensiones, en cuyo caso la tasa de sustitución -porcentaje de la pensión sobre el último salario-, que en la actualidad es del 80 por ciento, se reduciría al 50 por ciento. Es decir, que la primera mensualidad de pensión de un recién jubilado sería la mitad de su último salario.
Otra de las soluciones que planteaba el FMI era destinar al ahorro finalista una parte del salario -sobre un 5 por ciento-, aumentar las cotizaciones otro 5 por ciento en todos los tramos y que el mercado laboral absorbiera 5,5 millones de extranjeros. El FMI hizo estas estimaciones pensando que las reformas socialistas de 2011 y la de los populares de 2013 se respetarían, lo que hubiera supuesto reducir el déficit en 2.000 millones de euros. Pero los cambios del Gobierno socialista suspendiendo parte de las reformas y su intención de indexar las pensiones de los jubilados a la subida del IPC han dejado atrás la cota de los 18.000 millones de déficit anual para situarlos en los próximos años en 22.000 millones. Un fuerte repunte del déficit que ha llevado al actual secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, a reconocer que nuestro sistema público de pensiones solo es viable para los próximos 10 años.
Otra opción que no señalaba en este informe el FMI, pero sí están apuntando los actuales partidos políticos, es subir sustancialmente los impuestos para mantener el nivel de gasto en pensiones. Ahora bien, existiendo bolsas de pobreza y necesidades como la dotación de una sanidad que atienda a una población cada vez más envejecida, parece no tener sentido dedicar impuestos a financiar o subir unas pensiones por encima de, por ejemplo, los 1.400 euros. Los impuestos son fundamentales para sostener programas de redistribución de rentas, tales como las pensiones no contributivas, la lucha contra la pobreza o infraestructuras necesarias. Pero no deberían usarse para mantener programas de sustitución de rentas, como son las pensiones contributivas, cuyo principio es transferir un salario presente a salario diferido en un futuro. Y todo esto aderezado con un problemón estructural: el envejecimiento de la población. Cada día aumenta 4,8 horas la esperanza de vida al nacer y el índice de fecundidad es del 1,3, que está muy lejos del 2,1 de la tasa de reemplazo.
Según mis estimaciones, manteniendo 'céteris paribus' los actuales ratios de bases y tipos de cotización, la tasa de paro contenida por debajo del 16 por ciento, con una economía sumergida estructural del 17 por ciento del PIB y los 22.000 millones de déficit anual, el número de inmigrantes que necesitaría España en las próximas décadas para equilibrar la cuentas sería de 7,5 millones. Ya no son 5,5 millones de inmigrantes, sino 2 millones más.
Con visión estratégica y tomando en cuenta el largo plazo, siempre defenderé que la inmigración es absolutamente necesaria, no solo para las pensiones sino para rejuvenecer el país y tener una economía productiva adecuada. Más aún en una población que envejece a pasos agigantados. Y esa inmigración es parte de la solución. Por ello España estructuralmente necesitará inmigración.
Por tanto, el tema de las pensiones requiere un auténtico pacto de Estado, que incluya políticas de inmigración sostenibles y donde todas las variables apunten hacia el mismo objetivo, que es tener un país productivo con unas pensiones suficientes y sostenibles.
