Agricultores ¿El embrión de los chalecos amarillos en España?
Los agricultores y ganaderos españoles encontrarían aliados en sus reivindicaciones. Los primeros pasos dados por el colectivo coinciden con los orígenes de los chalecos amarillos en Francia
Lograr un futuro para sus explotaciones y acabar con los precios de "ruina" a los que aseguran vender sus productos sacaron a la calle a miles de agricultores y ganaderos de toda España.
Con marchas, concentraciones y tractoradas piden "precios justos" que les permitan cubrir los costes de producción.
Se han movilizado porque están al límite: "Al límite de la rentabilidad, al límite de nuestras fuerzas, al límite de seguir con nuestro trabajo o de tirar la toalla", apunta Jesús Anchuelo, secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Madrid a finanzas.com.
Este descontento puede ser el germen de unas movilizaciones generalizadas en España a las que se sumarían distintos sectores sociales que se sienten ignorados o, incluso, maltratados por la clase política.
Lo advierte Javier Collado, economista, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid e inspector de Hacienda.
A su juicio, "en España puede pasar algo similar a lo que ocurrió en Francia con las revueltas de los chalecos amarillos". Las mismas prendas de vestir que usan los agricultores españoles en sus protestas.
Al margen de la estética, ya hay rasgos comunes con el fenómeno de los chalecos amarillos franceses y sus orígenes: ocupaciones de vías estratégicas, encontronazos con la policía y declaraciones de corte amenazante si no se atienden sus reivindicaciones.
"Habrá determinado día, sorpresa, en el que colapsaremos las carreteras y, salvo los servicios sanitarios, en Extremadura no entrará nadie", dijo el portavoz de Asaja en la comunidad autónoma, Ángel García, durante una entrevista concedida a la emisora Esradio.
¿Quién cerraría filas con los agricultores?
Entre los sectores que podrían unirse a las movilizaciones, Collado destaca el gremio de los taxistas, que amenaza con nuevas medidas de presión al considerar que no se están cumpliendo las normas aprobadas para regular la actividad de taxis y de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Ya han amenazado con movilizarse durante la celebración del Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero.
Los parados de más de 50 años y los estudiantes también pueden hermanarse a las acciones de protesta "por su dificultad de acceder a un puesto de trabajo", asegura Collado. Y más cuando en enero el paro aumentó en 90.248 personas, el mayor repunte en ese mes desde hace 7 años.
Al igual que los pensionistas, que han amenazado con reanudar sus movilizaciones si no se adoptan medidas urgentes para acometer sus reivindicaciones: una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.200 euros.
Las subidas que el nuevo Gobierno español acaba de hacer de estos dos emolumentos se les han quedado cortas.
SMI: el origen de las protestas
Y ha sido la subida del SMI, aprobada el 4 de febrero, la gota que colmó el vaso de la paciencia de los profesionales del campo y les lanzó a la calle debido a que, según fuentes de la organización agraria COAG, disparará el 50,4% los costes laborales de los agricultores y ganaderos.
Con esta subida "nos expulsan del mercado". "Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva", apunta Eduardo López responsable del área de relaciones laborales de COAG.
También les ha llevado a engrosar las listas del paro en enero, ya que el desempleo agrario fue 15 veces mayor que el de eneros anteriores debido al miedo de la patronal del sector a no poder afrontar esa subida.
El Gobierno, por su parte, echó balones fuera y lo desligó de la subida del SMI atribuyéndolo a una mala cosecha y a los precios pagados en origen.
La subida de estos precios es otra de las reivindicaciones del sector. Los ejemplos abruman: un agricultor recibe 0,20 céntimos por un kilo de cebollas y un comprador paga por él 1,44 euros, con lo que la diferencia porcentual es de un 620%.
Lo mismo ocurre con el kilo de mandarinas, el agricultor cobra por él 0,32 céntimos y se vende a 1,95 euros, con lo que la diferencia asciende a un 509%.
Estos precios han hecho que la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en el 2019 bajara el 8,6%, a lo que también colaboró, según COAG, el permanente incremento de los precios de producción y la desregulación de los mercados.
El ministro llama a los supermercados
Los agricultores achacan los "precios de ruina" a las cadenas de supermercados a quienes acusan de quedarse con elevados márgenes.
Pero no solo ellos han puesto el foco en la distribución, también el ministro de Agricultura, Luis Planas (PSOE), anunció que se reunirá próximamente con responsables de firmas como Mercadona, Carrefour, DIA y Alcampo para hablar del problema.
Les pedirá que pongan fin a la venta a pérdidas -bajadas de precio que sirven de reclamo a los compradores-, ya que "supone un elemento de pérdida económica y de reputación que destruye valor", asegura el ministro. Los agricultores celebran su actitud, pero piden al Gobierno que pase de las palabras a los hechos.
Y hasta que la Moncloa no se decida a actuar, las movilizaciones continuarán.
Ya está elaborado el calendario con las convocatorias de febrero, y a fin de mes, si no hay pacto, las tres principales organizaciones agrarias: COAG, UPA y Asaja se reunirán para elaborar el siguiente.
Y esta vez, según Anchuelo, "no pararemos ni nos rendiremos hasta que consigamos nuestro objetivo: una acción coordinada por parte de las administraciones y de la cadena agroalimentaria en su conjunto que nos salve de la ruina".
