Diócesis de Nicaragua se sumarán a procesión católica, pese a la crisis

Varias de las diócesis católicas de Nicaragua anunciaron hoy que se sumarán a la procesión del 1 de enero, promovida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, a pesar de la crisis sociopolítica que vive el país.

La crisis ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril pasado, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Las diócesis de Managua, Granada, León y Matagalpa anunciaron este lunes su participación en la procesión, y no se descarta que también lo hagan las de Juigalpa, Jinotega y Estelí, así como el vicariato apostólico de Bluefields.

La procesión podría ser tomada como un reto a las autoridades de la Policía Nacional, que desde noviembre prohíbe cualquier manifestación sin su permiso, pese a las críticas porque la disposición contradice la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión y de reunión sin necesidad de licencia.

La Policía nicaragüense no ha informado de si permitirá que se realice la procesión de Managua, cuya ruta pasa en la calle de la sede central de la institución, mientras que las demás diócesis no especificaron el recorrido.

Brenes ha pedido colaboración al cuerpo de seguridad, como todos los años, para cuidar a los feligreses y regular el tráfico vehicular.

El Episcopado y Ortega se mantienen enfrentados desde julio pasado, cuando los obispos propusieron al presidente el adelanto de las elecciones de 2021, como una manera pacífica de resolver la crisis.

El pasado 4 de diciembre, el mandatario acusó a "algunos" obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de formar parte de "las fuerzas golpistas" y de "sumarme alegremente al golpe terrorista y criminal" que, a su juicio, intentó derrocarlo durante las protestas iniciadas en abril pasado.

La crisis de Nicaragua ha dejado entre 325 y 545 muertos, en las protestas, según organismos humanitarios, o bien 199, según datos del Gobierno.

Asimismo los organismos cuentan cientos de desaparecidos y 674 "presos políticos", mientras que el Gobierno confirma 340 reos, que denomina "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La crisis también suma miles de heridos y decenas de miles de nicaragüenses en el exilio.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha iniciado el proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, luego de que la CIDH dijo tener pruebas de que el Gobierno comete crímenes "de lesa humanidad".

Ortega, próximo a cumplir 12 años en el poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni de los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades.

Nicaragua es un país de 6,3 millones de habitantes, de las que un 58,5 por ciento se considera católico.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron, el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones. ACAN-EFE

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