Galán pasa por alto el caso Villarejo: “Es un asunto de hace 17 años, de 25.000 euros”
El presidente de Iberdrola y su número dos se escudan en los informes de PwC y Baker & McKenzie para minimizar el impacto del proceso judicial en marcha
Pasar de puntillas por el tema más espinoso. Así ha hecho el presidente y consejero de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados del primer semestre del ejercicio al explicar la implicación en el presunto caso de espionaje empresarial vinculado al excomisario de policía José Manuel Villarejo.
“Se trata de un asunto de hace 17 años”, ha justificado Galán justo antes de que los analistas procedieran a preguntar sobre la evolución de la empresa energética.
El primer ejecutivo de la compañía ha apuntado que más de 20 empresas españolas contrataron los servicios de la empresa de Villarejo. Y que, en el caso de Iberdrola, se trata de un contrato en Rumanía a través de una filial del negocio de renovables limitado a 25.000 euros. “Como si fuera una nieta”, ha justificado.
Galán ha vuelto a argumentar, como en otras ocasiones, que Iberdrola ha realizado auditorías internas, un análisis forense de PwC y la opinión legal de Baker & McKenzie que aseguran que no hubo ninguna irregularidad.
“Tomaremos todas las acciones para defender la reputación de la empresa e informaremos con total transparencia”, ha resumido.
Córcoles: "No formamos parte del proceso"
En esta ocasión, su número dos -y también imputado- Francisco Martínez Córcoles, también ha tenido que responder a una pregunta de un analista sobre el caso Villarejo.
“Hemos estado leyendo sobre este tema desde hace tres años. No formamos parte del proceso, el juez nos lo había negado”, ha justificado.
“Durante este tiempo, sin tener acceso, colocamos gobernanza, auditoría interna, el forensic de PwC y hemos recibido asesoramiento legal de despachos nacionales e internacionales”.
“Tanto empresas externas, como internamente, han llegado a la misma conclusión: no hay nada ilegal, ningún miembro del consejo de administración ha cometido nada ilegal. Nadie, ni de la dirección. Todo ha funcionado bien”, ha recalcado.
En total, ha indicado Martínez Córcoles, “hemos hecho 40 reuniones analizando este tema y sin tener acceso”, en referencia al procedimiento.
El informe de Baker que justifica la acción de Iberdrola
La compañía ha incluido en esta presentación el citado informe de Baker & McKenzie que argumenta que “las actuaciones desarrolladas por los órganos de Iberdrola, Iberdrola España e Iberdrola Renovables Energía, han sido muy exhaustivas y minuciosas y todas ellas han estado encaminadas a contribuir al total esclarecimiento de los hechos y a poner a disposición del Juzgado Instructor los avances y resultados obtenidos”.
El informe justifica la actuación de la multinacional española al indicar que “tanto la Unidad de Cumplimiento y las direcciones de Auditoría Interna, como la Comisión de Desarrollo Sostenible y la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo y, en última instancia, los Consejos de Administración de Iberdrola, Iberdrola España e Iberdrola Renovables Energía, han cumplido, con una celeridad y proactividad destacables, con las competencias asignadas en la normativa interna del Grupo y en sus respectivos reglamentos, todo ello en cumplimiento del sistema de gobierno corporativo del grupo Iberdrola”.
“En términos de estándares comparados, la diligencia desplegada por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía excede la media observada en otras empresas cotizadas, habida cuenta del interés desplegado en todas las reuniones que se han mantenido al objeto de tratar el asunto descrito, lo que ha tenido un fiel reflejo en las actas levantadas al efecto”.
En resumen, Baker asegura que “no existe un riesgo real de condena de Iberdrola Renovables Energía” ni a ninguna sociedad del grupo, a la vista “de que no conocía ni pudo haber conocido que el Sr. Villarejo era policía en activo al tiempo de su contratación”.
También, que Cenyt, la firma de Villarejo “en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia que venía autorizada por sus superiores jerárquicos en el Ministerio del Interior, y cuya actividad no era incompatible con la condición de policía en activo”.
Evolución de precios en España
Al margen de la presunta implicación en el caso Villarejo, otra de las cuestiones claves de esta presentación de resultados de Iberdrola ha sido la evolución de los precios de la electricidad en España.
Galán ha apuntado que las “eléctricas no se están beneficiando de esta situación”. Al contrario, tienen que asumir costes.
“Tenemos una situación donde el 90% de la energía en España no se ve afectada por los ‘spot prices’. Estamos hablando de un 15% del mercado, el residencial, y con las medidas que ha aprobado el Gobierno ha disminuido el IVA y se pagan 5 euros menos por mes. Nosotros estamos absorbiendo el precio fijo”, ha explicado.
En cambio, el 75% del consumo es industria, que tiene acuerdos con las comercializadoras y operadoras, que son los que determinan el precio
“Hay un 10% afectado”, por esta subida de precios. Clientes “residenciales”, que tienen un precio al pequeño consumidor que sí está regulado.
“Casi el 70% de la factura tiene que ver con precios fijos la parte regulada y un 30% es la energía”, lo que se traduciría en un impacto diario de 0,10 euros por cliente.
La solución, según Galán, pasaría por elaborar un esquema de precios basado en una cesta [por energías] que tenga en cuenta los precios a futuro y no el mercado ‘spot’.
Mantiene previsiones para 2021
En cuanto a su evolución, tras cerrar un primer semestre en el que el beneficio neto de Iberdrola se ha recortado un 18%, hasta 1.531 millones de euros, la compañía mantiene sus previsiones para el conjunto del año.
En concreto, espera un beneficio de entre los 3.700 y los 3.800 millones de euros y un dividendo con cargo al ejercicio de unos 0,44 euros brutos por acción, que abonará el próximo año.
