Brasil se recupera a paso lento de los efectos del paro camionero

Brasil comienza a recuperar a paso lento su normalidad con la liberación del 50 % de las vías que estaban bloqueadas por la huelga de camioneros, tras la movilización del Ejército y el cobro de multas, medidas adoptadas por el Gobierno para frenar el desabastecimiento que aún paraliza al país.

El presidente Michel Temer decretó este viernes el uso del Ejército y la Policía para liberar las carreteras tras cinco días de paro y luego de que los huelguistas incumplieran la tregua pactada con el Gobierno.

Pese a ello cientos de camiones continuaban obstaculizando las vías este sábado y era urgente despejarlas para reabastecer al país y evitar un colapso mayor al que ya se vive en Brasil.

La huelga de los camioneros, que ya cumple seis días, ha desencadenado la falta de combustible, lo que ha llevado a una paralización del transporte público y particular y, con ello, al desabastecimiento de alimentos e insumos para hospitales y al freno de actividades de producción industrial.

En una rueda de prensa en el palacio presidencial de Planalto en la que se hizo un balance de los operativos adelantados por las autoridades este sábado, el ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, aseguró que ya habían sido liberados 524 puntos de bloqueo en todo el país pero 566 más permanecían de forma parcial.

De los puntos que fueron desbloqueados hoy, en solo seis fue necesario el uso de la fuerza en acciones en las que ninguna persona resultó herida, según Jungmann.

"Hemos tenido seis casos en que los que el desbloqueo no se dio de forma negociada, por lo que tuvimos que utilizar a las unidades de choque de la Policía de carreteras, pero sin víctimas", aseguró.

El ministro dijo que desde el inicio del paro de los camioneros, las autoridades policiales impusieron 400 multas que suman 2,03 millones de reales (unos 563.888,8 dólares).

Además de las multas establecidas por la ley, a partir de hoy el Gobierno comenzó a aplicar sanciones por valor de 100.000 reales por hora (unos 27.777 dólares) a las empresas de camioneros que incumplan el acuerdo firmado para desbloquear las carreteras y de 10.000 reales por día (unos 2.777 dólares) para los manifestantes que rehúsen retirar los camiones que estén obstruyendo la vía.

Para el Gobierno, detrás del paro camionero hay manos "criminales" que buscan incentivar las movilizaciones de los transportadores para obtener beneficios para el sector, lo que es prohibido por la ley.

Por ello, informó de que la Policía Federal ya abrió 37 investigaciones en diferentes regiones para indagar a empresarios que han incentivado la paralización de las actividades de transporte de cargas, práctica que se conoce con el nombre de "lock out".

Al respecto, Jungmann confirmó lo anunciado este mismo sábado por el ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Carlos Marun, en el sentido de que las investigaciones han permitido establecer bases sólidas para solicitar la prisión de varios sospechosos de promover la huelga de los camioneros.

No obstante, el país continúa paralizado pese a las acciones adelantadas por el Gobierno, que no sabe prever cuándo se normalizará la situación en todo el territorio brasileño.

Las fuerzas de seguridad escoltaron hoy varios camiones cisterna con gasolina para abastecer aeropuertos y servicios de transporte público, que se encuentran operando con casi la mitad de su flota habitual.

La escasez de alimentos como frutas, verduras, carnes frescas y productos lácteos continúa y se prolongará hasta una fecha incierta, según reconoce el Gobierno y los gremios del sector.

Los precios en los combustibles y en los alimentos se dispararon y ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Manaos ya declararon el "estado de emergencia".

A pesar de que los representantes de los camioneros firmaron un acuerdo con el Gobierno el jueves para levantar el paro, cerca de un 40 % del gremio se negó a aceptar las propuestas del Ejecutivo e insistía en mantenerse en paro en todo el país.

En el acuerdo al que llegaron en la noche del jueves, la petrolera estatal Petrobras amplió a 30 días su decisión de reducir el 10 % en el valor del diesel en las refinerías y el Gobierno se comprometió a eliminar por lo que resta de 2018 los impuestos sobre ese combustible, que suponen casi 50 % de lo que pagan los consumidores.

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