Ojito con lo que se nos viene en pensiones

Un artículo de Luis María Sáez de Jáuregui, vicepresidente de la Fundación AXA ● Mucho me temo que, después de varios años, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha dado con la tecla de las pensiones.

Al menos, con una que en los próximos años va a pesar como una losa sobre las clases medias, que vuelven a ser las paganinis de la Seguridad Social.

Entre el paquete de medidas y contramedidas que se llevan aprobando desde 2011 en España en materia de pensiones, se encuentran los coeficientes reductores.

Después de ampliarse de 15 a 25 los años de cotización requeridos para calcularla, y de ir retrasando progresivamente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para disfrutar del 100 por cien de la pensión, se fue también modificando paulatinamente la fórmula que penalizaba el adelanto de la edad de jubilación: los coeficientes reductores.

En la actualidad, aquellas personas que, de manera voluntaria, decidieran jubilarse anticipadamente verían penalizada su pensión, porque por cada año de anticipo a la fecha de jubilación que le correspondería por ley, el sistema aplica estos coeficientes reductores en su base reguladora.

Coeficientes que, en teoría, habrían de tener un efecto bajada sobre la pensión final a recibir, o provocar un retraso sustancial en la edad de jubilación para que no se apliquen.

Y digo en teoría porque, a tenor de los datos, han pasado ya varios años desde su introducción y parece que han tenido poco efecto: desde 2013, la edad media de las nuevas altas de jubilación ha pasado de 64,19 a 64,52; con lo que no se ha conseguido retrasarla ni medio año, a pesar de que los coeficientes reductores son del entorno del 8 por ciento por cada año que se adelanta. 

¿Por qué ha ocurrido esto? 

Sintéticamente podríamos decir que lo que determina la pensión de un trabajador es su base de cotización, que a su vez está referenciada al salario.

Quien más gana, mayor base de cotización tiene y, por tanto, más aporta a la Seguridad Social. Pero dicha aportación está limitada por arriba (y por abajo) a un máximo, que en la actualidad es de 4.070 euros.

Por otro lado, las pensiones contributivas que percibimos tras la jubilación también están limitadas por arriba (y por abajo) a un máximo, que hoy es de 2.770 euros.

Así las cosas, podemos ver que existe un grueso de población, las clases medías, con un salario mensual entre la pensión máxima (2.770 euros) y la base máxima de cotización (4.070 euros) que están aportando al sistema más de lo que el sistema les reportará en un futuro (es lo que se denomina peaje en la sombra).

Bien, pues para prácticamente todas ellas el efecto de los coeficientes de reducción es nulo, porque después de aplicarse sobre su base reguladora (la máxima), la pensión a recibir está, en muchos casos, todavía, por encima de la pensión máxima.

Con lo que les da igual jubilarse antes que después: y la mayoría elige antes.

Pero hete aquí que en el gabinete de Escrivá se han dado cuenta de la situación y se disponen a darle remedio ya mismo.

Tanto, que lo que se cocina es que el próximo año entre en vigor una reforma que establezca que aquellos coeficientes de reducción no se apliquen sobre las bases reguladoras, sino directamente sobre la propia pensión máxima.

Este es uno de los «retoques paramétricos» en el cálculo de las jubilaciones anticipadas a los que se viene refiriendo el ministro desde hace tiempo.

Efecto inmediato en 2022

El efecto en 2022, cuando se comenzará a aplicar sobre las prejubilaciones que se generasen a partir de ese año, sería inmediato.

Tanto es así que se estima que el efecto corrector efectivo medio sería del 24 por ciento, a no ser que esos futuros prejubilados se esperen hasta los 67 años para cobrar su pensión pública.

Entonces, sí veremos cómo cada año de adelanto de la edad de jubilación supondrá un verdadero rejón en la pensión final a percibir.

Pero, como decía antes, un rejón que no se va a cebar con todos por igual, sino fundamentalmente con aquellos que tengan un sueldo por encima de la pensión máxima.

Han sido pocos los que han alzado la voz advirtiendo de lo que se nos viene encima, tal vez temerosos de que un efecto llamada provoque cierta avalancha de prejubilaciones en lo que queda hasta que entre en vigor la reforma. 

No seré quien critique reformas que reduzcan la presión y garanticen la sostenibilidad de las pensiones públicas. Lo que no se debe dejar pasar por alto es que existen decisiones que no afectan a toda la población por igual y que no tienen equidad actuarial.

De hecho, muchas de ellas afectan siempre a los mismos. Y ésta es otra de ellas.