El cálculo de las pensiones enfrenta al ministro Escrivá con los expertos

El futuro de las pensiones vuelve a acaparar los titulares de los medios de comunicación y los foros de debate tras conocerse el contenido del 'Operational Agreement', un pacto suscrito entre el Gobierno español y la Comisión Europea que recoge las condiciones que España tiene que cumplir para recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Según el acuerdo, a partir de 2022 debe entrar en vigor en España "un ajuste del periodo de cálculo para estimar la edad de jubilación" y es necesario "extender el cálculo de los años" para establecer la cuantía de la pensión a recibir.

Ampliar el periodo de cómputo supondrá una rebaja de las pensiones para la gran mayoría de los futuros jubilados, aseguran los expertos, evidencia que niega el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

"No se está pensando en reducir las pensiones", declaró a RNE, y añadió que la nueva propuesta mejorará la situación de los trabajadores para los que "sus últimos años de cotización no son los mejores".

Una bajada de las pensiones superior al 8 por ciento

Los expertos rebaten al ministro argumentando que "el aumento del periodo de cómputo conlleva para la mayoría de los trabajadores una bajada de la pensión, ya que, en general, en los últimos años de vida laboral las cotizaciones suelen ser superiores a las de los años en que comenzamos a trabajar", asegura Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN).

Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, apoya esta tesis con números y calcula que la merma de las pensiones podría alcanzar un 8,8 por ciento "si se implanta sin régimen transitorio".

Una cifra muy similar al 8,6 por ciento establecida en un informe elaborado por las universidades de Valencia y de Extremadura.

Un déjà vú

El descenso en las pensiones que puede generar un aumento del periodo para computarlas ya se ha visto en España.

Sucedió tras la reforma llevada a cabo en 2011, en la que se amplió el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años de forma gradual desde 2013 hasta 2022. Esto produjo una pérdida media en las pensiones que rondó entre el 6 y el 7 por ciento para un salario de 30.000 euros.

Perjudicados y beneficiados por el cambio

En lo que los expertos sí dan la razón al ministro es en que la medida no afectará por igual a todos los jubilados. Según José Luis Escrivá, para el 30 por ciento de los trabajadores sus últimos años no son los mejores, por lo que, a su juicio, ampliar el cómputo del cálculo les beneficiaría.

Los más favorecidos serán aquellos que tengan lagunas o bases de cotización menores en los 25 años previos a la jubilación. Mientras que los grandes perjudicados serán los trabajadores que mantengan una carrera profesional continua y creciente y cuyos salarios y cotizaciones son mayores al aproximarse a la edad de retiro. Su base reguladora será inferior, en la mayoría de los casos, al ampliar el periodo de cálculo.

También los autónomos saldrán perjudicados con el cambio, asegura Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, ya que en este régimen “las lagunas de cotización computan por cero, penalizando la base reguladora”.

Otra de las consecuencias negativas de la medida es que podría ampliar la brecha de género, debido a que la mujer suele tener carreras interrumpidas o más cortas. "A menor carrera laboral será necesario integrar lagunas de cotización y, por tanto, la pensión se verá reducida", añade el directivo de Mercer.

Reducir gasto

Un aspecto positivo de la propuesta es que contribuirá a recortar el gasto en pensiones, que ya ronda el 12 por ciento del PIB, y a reducir el déficit de la Seguridad Social, que alcanzó los 14.979,85 millones de euros a cierre de 2020, el equivalente al 1,36 por ciento del PIB.

"Es una medida idónea para salvar este déficit, pero, por desgracia, lo hará a costa de los trabajadores que llevan muchos años cotizando y ven cómo sus pensiones se van reduciendo constantemente", reconoce Isabel Casares.

También Enrique Devesa considera que sería una buena medida para la Seguridad Social, pero "el efecto acumulativo que se produciría sería lento: en 2050 el ahorro estimado sería del 0,88 por ciento del PIB".

José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y experto en pensiones, cree que además de contribuir a reducir el gasto, "ayudaría, sobre todo, a racionalizar el sistema y a hacerlo más contributivo, es decir, más justo desde el punto de vista actuarial". Reconoce que es solo una más de las muchas soluciones que habría que adoptar para dar sostenibilidad al sistema público de pensiones.