Pensiones. Razones por las que la reforma se tambalea
La subida de las cotizaciones y vincular las pensiones al IPC, que contempla la reforma, ignora los verdaderos problemas de sostenibilidad del sistema
En la última recta final del año, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, habló de una posible subida de las cotizaciones sociales para sufragar el gasto de las pensiones, especialmente de cara al retiro de los baby boomers y como una medida más de la reforma de las pensiones.
La previsión del ministro de Seguridad Social es que con esta acción se logre crear una “hucha” con unos fondos de ente 40.000 y 50.000 millones de euros entre 2022 y 2033, siempre que con el dinero que se vaya recaudando se obtenga una rentabilidad del 7 por ciento anual.
Según las cuentas del ministerio, los ingresos derivados del nuevo tramo de cotización se elevarían a 33.149 millones entre 2022 y 2033, mientras que si se invirtiera con una rentabilidad del 5 por ciento durante el periodo, la cifra aumentaría hasta los 41.000 millones en 2033.
Para los analistas de Bankinter estas cifras no son reales, ya que si se se hacen los cálculos a partir de los tipos de interés actuales y “consideramos un rendimiento del 0,5 por ciento, el resultado final sería 38.398 millones”, explican a finanzas.com.
Los expertos del banco de inversión añaden que la subida adicional que se plantea consistiría en un 0,6 por ciento y duraría de 2023 hasta 2032 y supondría un aumento de entre cuatro y cinco euros para un trabajador mileurista.
La AIREF ve inflados los ingresos
La medida tampoco está encontrando el apoyo que buscaba el ministro Escrivá en otros organismos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) calcula que de aquí a 2050 el gasto en pensiones ira aumentando progresivamente hasta un 4,2 por ciento del PIB, en línea con los cálculos realizados por la Comisión Europea (CE) del 4,3 por ciento.
Según sus estimaciones, este incremento de las cotizaciones será insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. El incremento de la recaudación con la subida de cotizaciones prevista supondrá 2.800 millones en 2023, un 0,2 por ciento del PIB.
Lo único que lograría este aumento de las cotizaciones sería paliar pero no cubrir la brecha del déficit en la Seguridad Social que implicará la jubilación de los baby boomers según avanza la AIREF.
En definitiva, la subida de las cotizaciones no llenará la hucha, ya la recaudación ni siguiera llegaría a los 3.000 millones de euros, y, además, supondría una losa para las generaciones futuras.
La vinculación de las pensiones al IPC, entre las medidas más criticadas
Otra de las medidas que los expertos han criticado ha sido la utilización del índice de precios al consumo (IPC) para revalorizar las pensiones.
Con el dato de inflación media de este año, del 2,5 por ciento en diciembre, actualizar las pensiones de 2021 supondrá un gasto extra en torno a 2.320 millones de euros, lo que se conoce como la paguilla, que los pensionistas cobrarán a primeros del próximo año.
Esto es así porque se compensa el desvío de la inflación (2,5 por ciento a diciembre) respecto al 0,9 por ciento que fue el porcentaje de aumento de la pensión a principios de 2021.
En 2022 ya entrará en vigor el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, que se hará en función del dato de la inflación media en los últimos doce meses de cada ejercicio.
Significa que la Seguridad Social tendrá que revalorizar las pensiones en 2022 en un 2,5 por ciento, lo que implica otro gasto adicional en torno a 3.800 millones de euros.
Para el Banco de España esta medida no aborda el problema de sostenibilidad del sisema, expuso recientemente el organismo, sino que lo hace es agravar el gasto, sin que se incrementen los ingresos.
El verdadero problema de las pensiones sigue sin atacarse
La actual reforma de las pensiones deja de lado los verdaderos problemas de sostenibilidad del sistema, según las fuentes consultadas. Estos están relacionados con el envejecimiento de la población y la longevidad.
En ese sentido, recientemente, la OCDE estableció una serie de recomendaciones sobre las medidas que debería tomar el Gobierno para hacer que el sistema funcionara y que estaban relacionadas con un recorte de las prestaciones a recibir, que se complementarían con planes privados, pero sobre todo un alargamiento de la vida labora.
En ese sentido, el experto en pensiones Fernando Martínez-Cue explicó a finanzas.com que la medida “de más impacto sería vincular la edad legal de jubilación ordinaria a la evolución de la esperanza de vida".
