La reforma de las pensiones disfraza a Escrivá de Yolanda Díaz

Bruselas presiona al Gobierno para que apruebe la reforma de las pensiones en el plazo previsto y este, igual que ocurrió con la reforma laboral, se da un baño de realidad y baja sus expectativas sobre el contenido de la norma con el objetivo de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales.

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, emula a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y si esta renunció a derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 y a acabar con uno de los puntos más criticados por la izquierda parlamentaria, el recorte de las indemnizaciones por despido, ahora Escrivá ha hecho algo parecido con la reforma de las pensiones.

El nuevo el borrador del Anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo presentado a los agentes sociales no incluye la limitación de las comisiones por debajo del 0,3 por ciento que recogía el anterior borrador.

Esta ausencia contradice los objetivos iniciales que pretendía conseguir el ministro con la creación del nuevo macro fondo público de pensiones de empleo: abaratar las comisiones de estos productos para incentivar su implantación.

Un 0,5 por ciento, el límite del consenso

El límite a las comisiones podría fijarse en un posterior reglamento con un incremento que supere el 0,3 por ciento, estiman los expertos, para acercarse a los existentes en países de nuestro entorno como Dinamarca, donde el límite es del 0,5 por ciento, y Holanda, que alcanza el 5,2 por ciento.

En la actualidad los gastos de gestión de los planes de pensiones de empleo están en el rango del 0,3 al 0,45 por ciento, dependiendo del colectivo y de los fondos constituidos, mientras que los de planes de pensiones individuales superan el 1 por ciento.

"Detrás del cambio incluido en el nuevo borrador habrá un desarrollo normativo que incluirá el resultado de las negociaciones con las gestoras de planes de pensiones, que, desde el primer momento, han transmitido la incapacidad de gestionar estos planes con unos gastos del 0,3 por ciento", argumenta Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

Aportaciones fuera de la base de cotización

Otro de los puntos que incluye el nuevo borrador es la exclusión del cómputo de la base de cotización de los trabajadores de las contribuciones realizadas por las empresas a los planes de empleo. Este cambio rebajaría la base de cotización y abarataría el montante que debe pagar el empresario.

"Esta medida va a perjudicar a muchos trabajadores", señala Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

Argumenta que "aparentemente se presenta como un beneficio al no cotizar por ello, pero afectará a las pensiones futuras de muchos trabajadores que no estén en bases de cotización máximas, así como a los incrementos salariales, al diferenciar entre retribuciones salariales incluidas en el cómputo de la base de cotización y las aportaciones a planes de pensiones que, siendo rendimientos de trabajo, no estarán consideradas en dicha base de cotización".

Un incentivo para aportar más

El objetivo de este cambio es convencer a las empresas a que realicen aportaciones a los planes de pensiones de empleo de sus trabajadores.

"Se trata de un buen incentivo para que las compañías decidan dedicar parte de los incrementos salariales a realizar aportaciones a la jubilación. Es decir, cambiar salario inmediato por salario diferido", apunta Miguel Ángel Menéndez.

Solo se aplicaría a aquellos trabajadores cuya base de cotización esté por debajo de la base máxima y supondrá para los empresarios un ahorro en cuota de un máximo de 300 euros por empleado, "lo que no deja de ser un buen incentivo para las empresas", afirma Menéndez.

Permiso para aumentar el ahorro finalista

Entre las novedades del borrador destaca la que permite a los trabajadores aportar más dinero que las empresas a los planes de empleo, aunque de esta posibilidad se excluyen a los trabajadores que ganen más de 60.000 euros. El anterior borrador recogía que las aportaciones del trabajador y de la empresa debían ser las mismas.

El máximo que puede aportar el trabajador es 2,5 veces la aportación de la empresa si esta es menor o igual a 500 euros. Es decir que el máximo que podría ingresar un trabajador son 1.250 euros si la empresa realiza una aportación de 500 euros.

Para el directivo de Mercer, se trata de una medida complicada de entender y compleja en su funcionamiento. "Veremos cómo las gestoras controlan que ningún partícipe se exceda en los límites".

Opina que se debería permitir que el trabajador pueda ahorrar la cuantía que considere oportuna con independencia de la aportación de la empresa.

Medida “discriminatoria”

Isabel Casares critica esta medida y cree que “es totalmente discriminatoria y más teniendo en cuenta que ya existen planes de pensiones en los que los trabajadores ya están aportando al plan más importe del que aporta la empresa".

Cree que este cambio va a "destruir el ahorro de muchos planes de pensiones de empleo que llevan años fomentando que los trabajadores realicen aportaciones de forma voluntaria muy superiores a las realizadas por las empresas".

Por su parte, Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, ve cualidades en la medida y opina que los incentivos que traten de mejorar las aportaciones de los trabajadores son positivos. “No olvidemos que el objetivo fundamental es que se canalice una importante cantidad de fondos", señala.

Otro de los cambios que beneficia a las gestoras es que desaparecen los mínimos de patrimonio exigidos para acceder a gestionar los nuevos planes de pensiones de empleo. El borrador anterior establecía que debían contar con un patrimonio mínimo gestionado en estos fondos de 1.000 millones de euros.

Globo sonda

El nuevo borrador no ha logrado el consenso de los expertos. Unos como Isabel Casares creen que “es un nuevo globo sonda, cuyo contenido acabará modificando el ministerio ante las presiones recibidas”.

Otros como Miguel Ángel Menéndez creen que "es notablemente mejor que el borrador anterior”. Mientras que Enrique Devesa reconoce que, a pesar de incluir “importantes mejoras”, debe concretar aspectos como el tratamiento fiscal de los trabajadores y de los empresarios.