Sánchez se conforma con sacar a los bancos 10 de los 1.000 millones que pretendía

Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, se comprometió a aplicar un impuesto a la banca, con el que calculó que podía recaudar 1.000 millones de euros para hacer frente al gasto de las pensiones. 

Pero cuando accedió a la presidencia del Gobierno descartó la medida por la resistencia que presentaron los grandes bancos. Sus socios de Unidas Podemos rechazaron la decisión de Sánchez y durante este tiempo han presionado al presidente para que pusiera en marcha otra iniciativa similar. Por eso, Sánchez no había renunciado a colar por otra vía algún tipo de penalización para estas entidades. 

Ya la ha encontrado. La aprobación de un nuevo organismo que se encargará de proteger a los ahorradores e inversores, la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, contempla que los bancos tendrán que pagar una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciban de sus clientes. 

La cifra de recaudación será testimonial

La cifra es prácticamente testimonial, porque solo se tendrá que pagar en caso de que el banco no resuelva la reclamación y sea enviada al nuevo organismo. Si el número de reclamaciones fuera 40.000, por ejemplo, como ha sucedido algunos años en los que las quejas de los clientes bancarios se han disparado, la recaudación sería de 10 millones de euros.  Una cifra que nada tiene que ver con los 1.000 millones que Sánchez pretendía sacar a los bancos.

El objetivo de la tasa, según ha explicado la vicepresidenta Calviño, es que los servicios de reclamaciones de las entidades resuelvan los conflictos con sus clientes de una manera ágil. "Es un incentivo", asegura.

Pero lo novedoso de esta creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, más allá del mini-impuesto con el que se ha tenido que conformar Sánchez, es que a partir de ahora las resoluciones de esta autoridad serán vinculantes cuando las reclamaciones no superen los 20.000 euros. 

Hasta el momento, los servicios de reclamaciones de la CNMV, Banco de España y la Dirección General de Seguros no tenían ningún sentido práctico porque, aunque dieran la razón a los clientes en sus reclamaciones, no tenían potestad para hacer cumplir sus dictámenes.

Reclamaciones de los clientes "tiradas a la papelera"

De esta manera, para desesperación de los supervisores y de los clientes, las entidades financieras ignoraban las resoluciones en su contra porque no eran vinculantes para ellas. A los ahorradores e inversores no les quedaba otra opción que acudir a los tribunales, un camino caro y frustrante después de todo lo recorrido entre los servicios de reclamaciones y de haber obtenido su apoyo. 

Un ejemplo de esta frustración lo resumía Elvira Rodríguez, que cuando era presidenta de la CNMV, llegó a reconocer que en alguna inspección a entidades financieras se encontraron con reclamaciones de clientes “tiradas a la papelera”. 

La situación ahora cambia porque la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que asume los servicios de reclamaciones de Banco de España, CNMV y la Dirección General de Seguros, tendrá la capacidad de hacer cumplir sus decisiones, por lo que la banca ya no podrá desobedecer las órdenes que lleguen desde este organismo. 

Se abre una nueva era en la protección de los ahorradores e inversores cuando contratan productos financieros, que se amplía a las criptodivisas. Esta nueva autoridad, que se pondrá en marcha con más de cuatro años de retraso, incluye a los criptoactivos entre los productos financieros a proteger, por lo que las entidades que presten servicios de monedas digitales también estarán bajo su vigilancia.