El sheriff de las criptomonedas ya está aquí

La Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la bocina del 30 de junio en Bruselas para regular las criptomonedas a través de la ley MiCA, cuyo borrador llevaba debatiéndose durante meses en Bruselas.

La regulación aprobada por la institución europea abarca a todos los actores del criptomercado, ya sean emisores de criptodivisas como el bitcoin, emisores de stablecoins, plataformas de compraventa de cualquiera de estos activos, o los monederos donde se custodian y guardan.

"Este marco regulador protegerá a los inversores y preservará la estabilidad financiera, al tiempo que permitirá la innovación y fomentará el atractivo del sector de los criptoactivos", apuntaba el Consejo Europeo en el comunicado emitido tras la aprobación de este marco regulatorio.

La aprobación de esta regulación, apuntaban desde Bruselas, "aportará más claridad en la Unión Europea", ya que algunos Estados miembros ya cuentan con legislación nacional para los criptoactivos, pero hasta ahora no había ningún marco regulador específico en el ámbito continental.

"Este reglamento histórico pondrá fin al salvaje oeste de las criptomonedas y confirmará el papel de la UE como organismo normativo en temas digitales", aseguró Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital.

Control sobre la huella de carbono, las reservas, y el blanqueo de capitales de las criptomonedas

Las nuevas normas aprobadas en Bruselas vigilarán un rango amplio de aspectos a tener en cuenta por la industria de los criptoactivos.

Por un lado, los proveedores de servicios de criptoactivos tendrán que respetar requisitos estrictos para proteger las carteras de los consumidores, y serán responsables en caso de que pierdan los criptoactivos de los inversores.

La ley MiCA, por otro lado, también abarcará "cualquier forma de abuso de mercado relacionado con cualquier tipo de transacción o servicio, en particular la manipulación del mercado y las operaciones con información privilegiada".

Los actores del mercado de criptoactivos, asimismo, estarán obligados a declarar información sobre su huella ambiental y climática.

Un aspecto que previamente puso en jaque el futuro de la ley MiCA, al tratar de imponer que, dentro del futuro escenario imaginado para las criptomonedas, aquellas que, como el bitcoin, utilizaran el proof of work u otras metodologías de alto consumo energético, quedaran prohibidas.

Ahora, la Comisión Europea se da dos años para presentar un informe sobre el impacto medioambiental de los criptoactivos, y la introducción de normas mínimas obligatorias de sostenibilidad para los mecanismos de consenso, incluyendo el método de minado de proof of work, que el ether pretende abandonar en pocos meses.

La ley MiCA, por último, también dispondrá que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) se encargue de mantener un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que no cumplan las normas contra el blanqueo de capitales.

Una monitorización que en España se estructura a la inversa, siendo el Banco de España la institución encargada de aceptar en su registro tan solo a aquellas plataformas que considera que cumplen las leyes de prevención de blanqueo de capitales.

Las stablecoins no escapan al olvido de los NFT

Pese a que los NFT quedaron excluidos del ámbito de aplicación de la ley MiCA, Bruselas se fijó un plazo de 18 meses para preparar una evaluación exhaustiva sobre estos activos, apuntando que, si se considera necesario, se encargará de preparar una propuesta legislativa "específica, proporcionada y horizontal para crear un régimen para los NFT y abordar los riesgos emergentes de este nuevo mercado".

Los activos que la UE no quiso dejar de lado en esta delimitación de las reglas del juego para las criptodivisas fueron los stablecoins, sobre los que el Consejo Europeo destacó que "los recientes acontecimientos mostraron, una vez más, los riesgos en los que incurren los inversores en ausencia de regulación, así como los impactos que tiene en otros criptoactivos".

Por esa razón, la ley MiCA pretender proteger a los consumidores obligando a los emisores de stablecoins a constituir una reserva "suficientemente líquida, con una proporción de 1:1 y en parte en forma de depósitos".

Además, todas las stablecoins quedarán bajo la supervisión de la ABE, siendo la presencia del emisor en la UE una condición previa para cualquier emisión de nuevos activos.

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