Alerta entre los bufetes que gestionan las demandas contra el ‘cártel de la leche' por las posibles “rebajas” de la Audiencia Nacional

En buena parte del grupo de bufetes de abogados que están gestionado las demandas de indemnizaciones a las que podrían tener derecho los ganaderos como consecuencia de la sanción impuesta por Competencia a diez empresas lácteas por presunta manipulación de los precios, hay un notable estado de alarma ante la posibilidad, cada vez más probable, de que la Audiencia Nacional anule la sanción o proceda a una reducción considerable de la multa a las empresas y de las indemnizaciones a los ganaderos.

Fuentes jurídicas que están siguiendo el proceso indican que en medios próximos a la Audiencia Nacional se señala la escasa consistencia de las pruebas recabadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para justificar la sanción a las empresas lácteas.

Recuerdan que en un primer recurso planteado por las empresas afectadas la multa ya fue reducida de 88,2 millones de euros a 80,6 millones.

58% de las resoluciones anuladas

Esas fuentes señalan, además, que una revisión del histórico de decisiones de la Audiencia Nacional en recursos contra sanciones de Competencia muestra que el Tribunal rechaza las sanciones o reduce el montante de las multas en una mayoría de casos.

La estadística más reciente, que corresponde a 2019, señala que la Audiencia Nacional anuló un 58,3% de las resoluciones de Competencia revisadas y que en las que redujo el importe de las multas la rebaja fue del 86%. En el 12,5% de los casos revisados la Audiencia Nacional obligó a Competencia a recalcular las sanciones.

Una rebaja de este tipo, que afectaría la multa a las empresas y también a las indemnizaciones a los ganaderos, reduciría notablemente los honorarios de los bufetes de abogados que están impulsando esta demanda colectiva contra las empresas lácteas, y de ahí el alto nivel de alerta y preocupación que existe entre esos despachos jurídicos.

Indemnización del 10%

La decisión de Competencia permite a los ganaderos afectados solicitar una indemnización por el 10% del valor de la leche suministrada a esas empresas durante el periodo 2000-2013. Se calcula que el total esas indemnizaciones podría ascender a 1.200 millones de euros.

Los bufetes de abogados en este tipo de demandas colectivas fijan sus honorarios por el éxito de la demanda y solicitan de media un 30% de los conseguido por cada ganadero.

Unos potenciales honorarios de en torno a 360 millones de euros ha estimulado la proliferación de bufetes, con un reducido grupo formado por Eskariam, Redi, Gómez Acebo& Pombo, Balms Galicia, Álvarez&Álvarez y Caruncho Tomé& Judel que acapararían la mayor parte de las demandas.

Se estima que más de 14.000 ganaderos se han adherido a esta demanda colectiva. Algunos de estos despaches están dedicados en exclusiva a las demandas colectivas. La cuantiosa cifra de honorarios que percibirían esos despachos de abogados ha provocado una dura competencia por captar demandas en la que han aflorado algunas prácticas dudosas.

Falta de transparencia

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que en líneas generales se ha difundido desde esos despachos entre el sector ganadero la idea de que con el simple acto de apuntarse a una demanda y dejarlo todo en manos de los bufetes se va a recibir una indemnización.

Hablan esas fuentes de que no habría habido suficiente transparencia a la hora de comunicar a los demandantes la complejidad del proceso y que toda demanda debe estar respaldada por un peritaje complejo que la justifique; y tampoco demasiada claridad a la hora de especificar que las posibles indemnizaciones dependen de la decisión de la Audiencia Nacional y que cualquier cifra que se delante es puramente especulativa.

Algunas conductas han sido rechazadas por entidades supervisoras. El caso más relevante es el que afecta al bufete Eskariam, cuya estrategia comercial ha sido apercibida por Autocrontrol, el organismo que supervisa la veracidad de la publicidad, que ha determinado que prácticas de Eskariam constituirían publicidad engañosa, pues no pueden demostrar lo que prometen; genera falsas expectativas al dar por seguro el importe de las indemnizaciones; incitan al pleito y constituyen un caso de publicidad denigratoria, pues insinúan que las conductas sancionadas por la CNMC tienen continuidad.

Eskariam está participada por el fondo de inversión Moira Capital, que dirige Javier Loizaga, y ha contratado específicamente a Paul Hitchings, experto en demandas colectivas, para que dirija todo el proceso de reclamación de indemnizaciones por el ‘cártel de la leche’.

Las empresas afectadas son Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, S.A., Industrias Lácteas de Granada (antes PULEVA FOOD), Schreiber Food España (antes SENOBLE IBERICA), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña