Presentan un recurso contra el Ayuntamiento de Barcelona por las licencias de motos compartidas

Tucycle Bikesharing ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Barcelona que aumenta en más de 3.000 el número de licencias municipales para motos eléctricas compartidas y pide su suspensión.

La compañía entiende que se ha hecho sin presentar un nuevo concurso ni obligar al cumplimiento de la ley que fijaba un número determinado de motos por operador que no se ha respetado.

En el recurso interpuesto ante el Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Barcelona se argumenta que "el Ayuntamiento sabe positivamente que determinados operadores incumbentes (Ecooltra y otros), que ya venían operando con más de 3.000 vehículos con anterioridad al decreto de regulación, han venido manteniendo parte de su flota original en Barcelona sin retirar buena parte de los vehículos que excedían del número de licencias otorgadas tras las resoluciones de 21 de mayo y 28 de agosto de 2020".

Exceso de vehículos

Y añade que "este es un hecho público y notorio, tal como consta acreditado en los documentos aportados junto a este escrito" y que "el exceso de vehículos de algunos operadores, derivado de la situación previa a la regulación, debía haber sido objeto de comiso por parte del Ayuntamiento o simplemente retirados voluntariamente por dichos sujetos licenciatarios".

Denuncia que las empresas que venían desarrollando esta actividad "de manera irregular" antes del procedimiento de adjudicación han seguido utilizando muchas de las motocicletas que tenían en servicio, "en un número muy superior al de licencias otorgadas".

Según informa 'El Confidencial' este martes, esta decisión unilateral del consistorio solo beneficiaría a las empresas que ya estaban operando en la ciudad y que disponían de los vehículos.

Los grandes operadores

Se trata, dice, de los grandes operadores Ecooltra, Acciona, Yego y Movo, por lo que ante esta situación la empresa Tucycle Bikesharing, pequeña 'start up' adjudicataria del concurso que inicialmente convocó el Ayuntamiento, denunció esta práctica ante Antifraude por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada" de empresas que venían prestando el servicio, controladas, indica 'El Confidencial', por grandes fondos de capital riesgo.

El recurso sostiene que “la actuación municipal resulta aún más merecedora de la suspensión suplicada si se tiene en cuenta que el vertiginoso procedimiento de adjudicación mezcla de manera sorprendente las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios”.

Asimismo, afirma que “parece evidente que el incremento de un 46% en el número de licencias debería haber seguido un procedimiento autónomo respecto al de su adjudicación.

Todo indica que la Administración debería haber sometido la decisión de ampliar en 3.042 a un proceso de consulta con los operadores existentes, al objeto de conocer su opinión al respecto, opinión ciertamente relevante, dado que se trataba de una medida dirigida a ellos precisamente, que alteraba las condiciones del proceso de concurso convocado solo unos meses antes”.

'El Confidencial' señala que la responsabilidad en materia de movilidad dentro del Ayuntamiento de Barcelona recae en Rosa Alarcón, concejala de Movilidad, y el gerente del área, Manuel Valdés, que tiene abierta otra investigación ante Antifraude por la adjudicación de un contrato.

Asimismo, dice que la gestión de Valdés como gerente de Movilidad también se ve cuestionada en la demanda presentada, ya que él mismo ha asegurado a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública que “actualmente ni los mismos servicios municipales pueden tener de forma fiable el acceso en tiempo real” al número de motos compartidas operando en Barcelona, ni tampoco su ubicación exacta, aspecto que señala que era clave cuando se concedieron y limitaron las licencias de motos compartidas, indica el periódico.