El debate sobre el impuesto del patrimonio se globaliza
Los políticos y economistas de numerosos países discuten sobre su implantación entre fuertes críticas a este impuesto
Cada vez que se produce una situación de crisis sale a relucir el impuesto del patrimonio como una especie de tabla de salvación a la que suelen aferrar los políticos de izquierdas. Pero las críticas no tardan en salir, ya se considera que es un impuesto injusto porque grava activos por los que ya se ha tributado.
Ahora, en plena pandemia, su implantación se está debatiendo desde California a España, pasando por el Reino Unido. La senadora estadounidense Elizabeth Warren, el premio Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty se encuentran entre los que lo apoyan.
Pero Mel Stride, legislador conservador del Reino Unido, afirma que "muchos países europeos han probado los impuestos sobre el patrimonio, y casi inevitablemente se han retirado porque es muy complicado".
Otras críticas al impuesto es que los ricos pueden evitarlo fácilmente cambiando de residencia. Elon Musk, el dueño de Tesla, es un ejemplo. En diciembre anunció que se trasladaba a Texas desde California, donde el impuesto a los ricos es el más elevado. En Texas, en cambio, no existe.
El caso español
En España la polémica relacionada con la subida y la armonización del impuesto sobre el patrimonio ha vuelto a la palestra tras los resultados electorales de Cataluña.
El triunfo de la izquierda pone sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo no elimine la subida del impuesto sobre el patrimonio como solicita la CEOE, sino que, como piden desde Esquerra Republicana de Catalunya, este se aplique a todas las comunidades autónomas, incluida Madrid que lo tiene bonificado al cien por cien.
Ana Mayo Rodríguez, socia de FinReg360, considera que “esta es una cuestión que dependerá de pactos y concesiones políticas”.
Pagar por lo ya pagado
El Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias detonó la controversia sobre el tributo cuando incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una subida del impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5% del tipo marginal máximo y el carácter indefinido del gravamen que hasta entonces era temporal.
Este incremento suscitó las protestas de los representantes de la CEOE, que han solicitado en reiteradas ocasiones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que elimine el impuesto, pero al no ser atendidos han pedido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que presente un recursos de inconstitucionalidad contra la subida de ese gravamen al considerarlo “confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles”.
Injusticia que también reconocen desde la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), según su presidente Adolfo Jiménez Ramírez, “nos parece una aberración tener que pagar impuestos por algo por lo que ya se ha pagado”, por ello “esperamos que prospere antes el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Defensor del Pueblo a petición de la CEOE, que las ansias de ERC por mantenerlo, incluso subirlo”.
Una enmienda muy cuestionada
Adolfo Jiménez hace referencia a la enmienda interpuesta por ERC al Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en la que pide la aplicación nacional de este tributo. Enmienda que ya presentaron para incorporarla a los PGE de 2021 y que no prosperó.
Establece crear una cuota estatal del impuesto de patrimonio cuya tributación se ceda al Estado y no a las comunidades autónomas.
Esta medida implicaría pagar este impuesto en Madrid, ya que aunque el gobierno autónomo optara por no cobrarlo, la administración central podría hacerlo.
A juicio de Ana Mayo Rodríguez es “cuestionable” que la armonización del impuesto sobre el patrimonio se lleve a cabo mediante una enmienda a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, ya que, “como mínimo, muy probablemente se esté vulnerado la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Cesión de Tributos”.
Considera que si se pretende armonizar este impuesto, “deben utilizarse los cauces y los procedimientos legislativos correctos”.
En relación a si la subida del tributo es inconstitucional como defienden los empresarios, Mayo cree que no lo es, ya que “con el actual marco normativo, el Estado puede modificar la escala estatal de gravamen del impuesto. No obstante, esta escala de gravamen solo se aplicará si la comunidad autónoma respectiva no hubiese aprobado una escala de gravamen específica y propia”, como ocurre en Madrid.
