Estatutos al margen de la economía

La decisión del Gobierno de poner sobre la mesa el cincuenta por ciento de la recaudación de los impuestos del IRPF y del IVA no es suficiente, en contra de lo que suponían Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes, para satisfacer las expectativas de algunas comunidades autónomas. Es cierto que todas las comunidades conseguirían más recursos, pero está en juego algo más que el reparto de los ingresos tributarios.

Cataluña se acoge a lo que establece su reciente Estatuto, que logró un apoyo mayoritario en el Congreso antes de ser refrendado por los ciudadanos de aquella comunidad, para exigir algo más que una parte del pastel. Desea que se cumpla al pie de la letra lo que establece esa ley en la que se desarrolla su personalidad como ente autónomo. El problema es que el Estatuto de Catalunya, como el de Andalucía o el de la Comunidad Valenciana, se hicieron en clave política y con total desprecio de las posibilidades económicas.

Ha sido una constante en la vida política española: aprobar reformas y llegar a acuerdos, aun a sabiendas de que no había medios económicos que sostuvieran aquellas pretensiones. Hemos sido capaces de elaborar las mejores leyes de educación que, al cabo del tiempo, han demostrado su inutilidad porque carecían del apoyo económico necesario para su desarrollo. Se han dado por buenos estatutos que eran contradictorios con otras leyes y recogían pretensiones económicas imposibles de ser satisfechas, como no fuera yendo en contra de los intereses de otras comunidades. Esta forma de actuar ha resuelto un conflicto político en un determinado momento, pero el verdadero problema lo ha dejado sin resolver.

Esta forma de proceder pone en evidencia, una vez más, la necesidad de acompañar toda ley con una memoria económica que la sustente. Y en el caso de los estatutos es imprescindible que dicha memoria tenga en cuenta algo en lo que el vicepresidente para Asuntos Económicos insiste en los últimos tiempos, pero que no se tuvo en cuenta en el momento de la redacción: la asignación de los recursos económicos es consecuencia de una negociación multilateral, nunca bilateral. No se trata de supeditar la política a los recursos económicos. Sólo de ser conscientes de que si se ignoran tales recursos, la política se convertirá en un ejercicio intelectual que dará lugar a intensos debates en los que lo único práctico será que una de las partes habrá encontrado más argumentos para sentirse maltratada.