La propuesta socialista para las pensiones: limitaciones y alternativas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido arrancar el año retomando la agenda social, quizás en competencia con el Partido Popular, que se ha apuntado el tanto de acordar con los sindicatos un paulatino (y muy condicionado, para algunos tramposo) incremento del salario mínimo de aquí a 2020. Sánchez prepara así los dos próximos años de citas electorales, primero con las municipales y autonómicas, en 2019, y a continuación con las generales, previstas en principio para 2020. 

Los socialistas han puesto el primer foco (de varios que se supone vendrán a partir de ahora) en las pensiones. Y las dos medidas estrella que ha anticipado rescatadas de propuestas anteriores (más de Izquierda Unida que de Podemos) son la Tasa Tobin, o gravamen sobre las transacciones financieras, y un impuesto especial para los bancos, con la diferencia respecto a las iniciativas originales de hace una década en que lo recaudado con ellos irá destinado a financiar las pensiones. Como ha aclarado Manuel Escudero, secretario de política económica del PSOE, serán impuestos finalistas no por disposición legal, sino por compromiso político. Escudero escribía en twitter: "Nos comprometemos a que la recaudación íntegra del impuesto extra a la banca se transfiera como ingreso a la Seguridad Social en tanto persista su déficit".

Los expertos muestran las limitaciones de estas medidas. En primer lugar, financiera: la recaudación con estas nuevas figuras impositivas sería de alrededor de 1.000 millones de euros, cuando la Seguridad Social necesitará un préstamo de 15.000 millones de euros del Estado para pagar las pensiones este año. 

Pero también existen limitaciones técnicas o incluso "filosóficas". Incluso si pensáramos que una alternativa plausible podría ser la de terminar garantizando el pago de las pensiones vía presupuestos generales del Estado, reconociendo que ello requeriría abordar una reforma fiscal en profundidad, que sería lo mismo que reconocer la necesidad de incrementar la carga impositiva, con reducción de desgravaciones en Renta y Sociedades, sólo para empezar. 

¿Qué limitaciones? Manuel Aguilar Hendrickson, profesor de la Universidad de Barcelona, explica: "Hay un problema al financiar prestaciones contributivas (a las que sólo acceden quienes han cotizado lo suficiente) con impuestos generales (que pagan también quienes no acceden a prestaciones contributivas". "Los impuestos generales no son finalistas. Es muy discutible que se pueda financiar con ellos una protección no accesible al conjunto de los contribuyentes". De hecho, "las pensiones pueden ser sólo para algunos y más elevadas para quienes más han cotizado, porque se financian con cotizaciones sociales, mecanismo separado de los impuestos generales". 

¿Qué habría que cambiar para que los impuestos participaran en la financiación de las pensiones? A juicio de Aguilar Hendrickson, habría que "traspasar una parte de la protección de las actuales pensiones a prestaciones universales o asistenciales, que se podrían financiar con impuestos generales". 

En esta línea, el sindicato Comisiones Obreras propuso en el año 2016, en la Comisión del Pacto de Toledo, que parte de las pensiones, concretamente las de viudedad y las de orfandad, se financiaran con ingresos fiscales. La lógica de esta propuesta residiría en la desvinculación de las prestaciones del salario y de la cotización del cónyuge o del progenitor y convertirla en una prestación asistencial. 

Carlos Bravo, secretario confederal de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, en aquel momento, comentaba a INVERSIÓN & Finanzas.com, que si las pensiones ligadas al fallecimiento (viudedad, orfandad y favor familiar) fueran a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como suponen alrededor de 22.000 millones de euros, el sistema estaría en equilibrio. 

El profesor Aguilar Hendrickson también propone otra alternativa para que fuera "aceptable" la financiación de las pensiones públicas (o, más precisamente, de parte de ellas) con los Presupuestos Generales del Estado: el establecimiento de una pensión mínima universal, por ejemplo equivalente a la pensión no contributiva actual (370 euros), que cubra los primeros 370 euros de pensión y que se financiaría con impuestos. Las cotizaciones podrían cubrir el resto de la pensión contributiva actual. "El principal problema sería el coste de extender esa pensión mínima universal (una 'renta básica' de mayores) a las personas que hoy no tienen ni pensión contributiva ni pensión no contributiva", afirma Aguilar Hendrickson. 

"Yo veo problemático establecer un impuesto general (no finalista) para pagar prestaciones contributivas. Para no tener problemas habría que transformar una parte de esas prestaciones en universales (o asistenciales) y cubrir esa parte con impuestos. Ésa sería la solución 'limpia'", sintetiza Aguilar Hendrickson. 

Bien es verdad que hay otros expertos que planteaban desde hace tiempo lo adecuado de cubrir el déficit de la Seguridad Social con impuestos. Por ejemplo, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, defendía a mediados de 2016, en declaraciones a INVERSIÓN & Finanzas.com, un impuesto sobre el capital y la riqueza: de esta manera, afirmaba, no sólo participarían las rentas salariales en el pago de las pensiones, sino que lo harían los beneficios del capital. (O, como en la propuesta de Pedro Sánchez, los beneficios del sector financiero). Y Borja Suárez Corujo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que recientemente ha defendido la propuesta socialista, consideraba como algo aceptable la creación de un impuesto finalista, como en Francia, donde se gravan todo tipo de rentas, aunque él excluiría las más bajas. 

Transformación del modelo de cotizaciones y su incremento

Héctor Maravall, asesor sindical en Comisiones Obreras y ex director general del Imserso, en un artículo reciente publicado en su blog, apunta medidas para hacer sostenibles las pensiones sin necesidad de acudir a los ingresos impositivos del Estado y que la Seguridad Social sea "autosuficiente". Porque se muestra contrario a financiar las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado de manera sistemática y estable puesto que ello dañaría la filosofía redistributiva del sistema fiscal, que ya es muy favorable con la población de mayor edad, que usa en mayor medida sanidad y dependencia. 

Así, afirma: "El crecimiento del empleo, la mejora de los salarios, y en primer lugar del salario mínimo, y la lucha contra la economía sumergida y la defraudación en las cotizaciones son elementos decisivos para incrementar los ingresos de la Seguridad Social", explica. 

Pero además de por esas vías, quizás limitadas y en ocasiones esquivas, propone incrementar los ingresos de la Seguridad Social por la vía clásica: las cotizaciones sociales, que actualmente "responde(n) a unos criterios ya desfasados, tanto en lo que se refiere a las cotizaciones empresariales, como las de los trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y autónomos". Así, expone que "no tiene lógica" que coticen con el mismo parámetro las grandes empresas que las pequeñas, los pequeños autónomos y los prestigiosos profesionales liberales de elevados ingresos. 

Maravall propone, además, el aumento selectivo de los tipos de cotización: "Hay que incrementar el tipo de cotización a partir de determinado nivel salarial, que bien podría fijarse desde los 1.000 euros mensuales, elevando algunas décimas el tipo, incremento que iría aumentando progresivamente en la medida que fueran mayores los ingresos. Incremento del tipo de cotización que podría entrar en vigor de forma paulatina y que al final podría establecer el tipo máximo de cotización para los salarios más altos al menos en el 6%". 

Maravall apela a los sindicatos de clase para que defiendan, expliquen y conciencien sobre este tipo de reformas. 

Sistemas de capitalización o de cuentas nocionales

Una tercera alternativa, menos igualitaria que las anteriores a las medidas propuestas por Pedro Sánchez, pasaría por la construcción de un sistema de capitalización o de cuentas nocionales. Carlos Vidal-Meliá, profesor de la Universidad de Valencia, partidario de este último, explica que en su cálculo influirían la situación económica del país, así como la demográfica, además del esfuerzo realizado por cada persona durante toda su vida laboral. Todo sumaría para calcular la pensión, no como en el modelo actual, que sólo tiene en cuenta los últimos 25 años hasta la jubilación. 

En cuanto a incluir en el modelo actual sistemas complementarios de capitalización está en que no hay recursos suficientes para cubrir ambos y en los compromisos adquiridos por parte de la Seguridad Social tanto con los pensionistas de hoy como con los del futuro. 

En ambos casos, además, se rompería los principios de solidaridad y reparto que rigen el sistema actual. 

¿Fiarlo a la recuperación del empleo?

Lo que parece irresponsable es fiar a la recuperación económica y del empleo la solución de los problemas del sistema público de pensiones, sobre todo si se quiere que sobreviva con su afán de suficiencia para garantizar una vida digna en la vejez. Según cálculos de Zubiri, desde 2016 hasta 2050 tendrían que estar trabajando 32 millones de personas en España con trabajos de calidad, lo que implica la creación de 12,8 millones de empleos en ese periodo. En un país de 45 millones de habitantes parece un objetivo demasiado ambicioso. 

A un plazo más corto, en seis años partiendo de 2016, tendrían que crearse 1,8 millones de puestos de trabajo con salarios iguales o superiores a la media actual del país, para que el sistema fuera sostenible.