La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres

Los beneficios del crecimiento del PIB se están distribuyendo injustamente, afirma el informe que acaba de publicar Oxfam y que ha elaborado el economista José Moisés Martín Carretero.

La recuperación económica en España está siendo desigual: sus beneficios se están distribuyendo injustamente, afirma el informe que acaba de publicar Oxfam y que ha elaborado el economista José Moisés Martín Carretero. En 2016 España batió su récord de personas en situación de pobreza, con más de 10,2 millones de habitantes con rentas por debajo de ese fatídico umbral, lo que supone un 22,3% de la población. En el caso de los menores de 16 años, la tasa es mayor, del 28,9%.

La desigualdad, además, se encuentra en niveles máximos: el índice Gini, que es el que la mide, sin contar las transferencias sociales, es decir, antes de que entre en acción el Estado del Bienestar, se sitúa cerca de los 51 puntos desde el año 2014, cuando en el año 2008, su mínimo más reciente, se encontraba en los 43,4 puntos. (La escala de este indicador parte de 1, que supondría una igualdad perfecta y acaba en 100, que implicaría que toda la riqueza de un país estaría en manos de una persona).

Contando con la intervención del Estado, el índice Gini también se encuentra en España en niveles muy elevados, en términos relativos: de los 31,9 puntos de 2007 se ha pasado a los 34,5 puntos actuales (levemente por debajo de los 34,6 de 2015 y de los 34,7 de 2014). Con ello, España es el país de la UE en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007, convirtiéndose con ello en el tercer país más desigual de la UE empatado con Lituania y sólo superado por Rumanía y Bulgaria. 

También se puede medir la desigualdad de otra manera: en 2007, el 10% más rico tenía una renta equivalente al 122% del 40% más pobre; en 2016, ese porcentaje había subido hasta el 135%. 

Y no han sido las rentas medias, sino las bajas, las que se han llevado la peor parte en la crisis. La participación de la renta del 10% más pobre en el total de la renta nacional ha caído un 16,67% entre 2007 y 2016; el siguiente 10% más pobre ha visto mermada su participación en la renta nacional un 10,64%; y el siguiente 10% con menor renta, la ha visto reducida un 5,17%. Los deciles intermedios han sufrido caídas, sí, pero que no han llegado al 3% en el peor de los casos.

En cambio, el 1% más rico ha incrementado su porción de la tarta de la renta nacional en un 9,52% en los diez últimos años; y el 10% más rico, en un 5,51%.

En definitiva: los que ya eran pobres antes de la crisis se han empobrecido aún más; los ricos se han enriquecido más; y las rentas medias han visto mermada su participación en el pastel, pero mucho menos de lo que se ha hecho ver.

Si hablamos de los años de la recuperación económica, de lo sucedido entre 2013 y 2015, de acuerdo con el informe de Oxfam, 29 de cada cien euros provenientes del crecimiento económico ha ido a parar al 10% de los hogares con rentas más altas, mientras que sólo 8 de cada cien han terminado en manos del 10% más pobre. "La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres", señala el informe.

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Los salarios se estancan mientras la productividad crece

La evolución de los salarios tiene mucha culpa de lo que ocurre con la renta y la desigualdad. Y se ha producido un fenómeno curioso, si tenemos en cuenta que quien apela a la contención salarial se escuda en que las remuneraciones a los trabajadores no pueden crecer más que la productividad. Bien: según recoge el informe, desde el primer trimestre de 2012, la productividad por hora trabajada ha crecido en España diez veces más que el salario promedio por hora trabajada. En otras palabras, si desde el primer trimestre de 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido un 6%, el coste salarial por hora trabajada se ha mantenido prácticamente estancado, con un mínimo avance del 0,6%.

"Esta situación privilegia la obtención de beneficios empresariales frente a la remuneración de los trabajadores (...) Las mejoras de productividad se han destinado, en buena medida, a privilegiar el crecimiento de las rentas del capital, con un notable incremento del reparto de dividendos, al tiempo que la masa salarial se ha estancado prácticamente desde el año 2008".

De ahí que mientras la participación de los salarios en la renta disponible bruta cayó un 0,5% entre 2000 y 2016, los dividendos incrementaron su participación un 60% en este mismo periodo.

Una vez más, los salarios más perjudicados por la crisis no fueron los medios, sino los más bajos, con una caída del 15% entre 2008 y 2016 en el caso del 10% de la población con salarios más bajos; del 11,22% para el 10% siguiente; y del 7,51% para el tercer decil. Los salarios en el cuarto, quinto, sexto y séptimo decil han variado entre un -3,70% y un 0,99%.

Los salarios más altos, los del 0,03% mejor pagado de España, eran en 2016 un 15,18% mejores que en 2008.

Los jóvenes también se han visto damnificados por la crisis y la desigual recuperación: el salario promedio del primer contrato se ha reducido en un 11% y los menores de 26 años están accediendo al mercado laboral con un salario por hora un 14% inferior que el que habrían obtenido en 2008. A ello hay que sumar la temporalidad, los contratos a tiempo parcial... Todo ello provoca que el joven que se incorpora al mercado laboral hoy cobra un 33% menos que en 2008.

La evolución de los salarios y la precariedad explican que en 2016 el 13,6% de los trabajadores estén en riesgo de pobreza, casi dos puntos más que en 2008.

Si a finales de 2016 había en España 10,3 millones de personas en una situación de vulnerabilidad laboral, el 58% de ellas eran mujeres. A la temporalidad y a los contratos a tiempo parcial que ellas sufren en mayor medida, hay que sumar que siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres.

Hasta aquí hemos hablado de la desigualdad de la renta, pero es fundamental apuntar también la desigualdad de la riqueza, la desigualdad patrimonial: en España, el 10% más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza total (53,8%), es decir, más que el otro 90% restante. Sólo el 1% más rico concentra una cuarta parte de la riqueza del país. 

Un sistema fiscal ineficaz

Por si fueran pocos los problemas sociales de España, a éstos hay que sumar "un sistema fiscal que no redistribuye": "Los impuestos inciden de forma desproporcionada en las rentas bajas y por si fuera poco, el modo en el que se gasta el dinero recaudado también es inequitativo: dos de cada diez euros de transferencias públicas se dirigen al 10% más rico de la población", resalta el informe.

"Mientras que el 83% de la recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y otros impuestos pagados fundamentalmente por familias, el impuesto de sociedades aportó el 12% de la recaudación total, diez puntos menos que en 2017", insiste.

Si bien el IRPF sí contribuye a reducir las desigualdades, la imposición indirecta anula en gran medida ese efecto, al castigar especialmente a las rentas más bajas: el IRPF reduce un 8% la desigualdad, pero la imposición indirecta la eleva un 5,03%.

Si la redistribución por el lado de los ingresos (impuestos) no ayuda demasiado, la que se logra por la vía del gasto público es también muy pequeño, ya que el 20,4% de las transferencias públicas van a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 4%.

¿Qué hacer para resolver todos estos problemas? 

El informe da alguna receta, como el aumento del salario mínimo a 1.000 euros en 2020; el establecimiento de escalas salariales justas por normativa estatal, regulando las diferencias máximas dentro de las empresas cotizadas y las consideradas de interés público; evitar que la subcontratación sea usada para reducir costes salariales; reforzar la negociación colectiva; eliminar la brecha salarial de género, promoviendo la transparencia retributiva en las empresas; luchar contra la temporalidad y la contratación a tiempo parcial cuando estas fórmulas no estén plenamente justificadas; aumentar la progresividad del sistema fiscal; luchas contra la evasión y la elusión fiscal; e incrementar el gasto público que beneficia a la población más vulnerable.

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