La reforma fiscal abre otra vía de agua en el Gobierno

La mayoría de las propuestas presentadas por Unidas Podemos que pretende incluir en la nueva reforma fiscal no convencen a los asesores fiscales. Consideran que algunas son “confiscatorias” y que si se aprueban serían “recurribles” por parte de los contribuyentes.

Esta propuesta ha abierto otra vía de agua en el Gobierno, porque se salta el informe que está elaborando un comité de expertos liderado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con recomendaciones sobre los cambios a adoptar en la próxima reforma fiscal.

Hasta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de esta batería de propuestas y advierte que no hay que confundirlas con las que va a presentar el Gobierno.

La formación de Ione Belarra pretende con estas medidas elevar la recaudación en unos 30.000 millones de euros, que estarían destinados a mejorar los servicios públicos y a financiar iniciativas de carácter social.

Más impuestos para los ricos

Los principales destinatarios de los cambios tributarios serían los propietarios de rentas altas. Por ello, una de las medidas defendidas por Unidas Podemos es crear un nuevo tributo a las grandes fortunas, una antigua reivindicación del grupo descartada en su momento por el Partido Socialista.

El nuevo impuesto sustituiría al de Patrimonio y gravaría a los propietarios de más de un millón de euros. Presentaría un tramo del 2 por ciento para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, del 2,5 por ciento a partir de 10 millones, del 3 por ciento a partir de 50 millones y del 3,5 por ciento a partir de 100 millones de euros.

Además, no podría ser bonificado por parte de las comunidades autónomas. Con él pretenden recaudar 10.000 millones de euros.

"Se trata de una propuesta muy difícil de aplicar, ya que para hacerlo tendrían que contar con el apoyo de las comunidades autónomas y algunas ya se han pronunciado en su contra, como la Comunidad de Madrid ", señala Ricardo Perpiñán, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget).

Considera que su implantación podría perjudicar más que beneficiar las arcas públicas, ya que “podría provocar una huida de las grandes fortunas y de su capital hacia otros países con menor tributación".

Cambios en el IRPF

Otra de las medidas cuyo objetivo es aumentar la presión fiscal a las rentas altas es la relacionada con el IRPF. Unidas Podemos propone incrementar los tipos a partir de los 120.000 euros con nuevos tramos.

Así, las rentas entre 120.000 y 150.000 euros pagarían un 48 por ciento frente al 45 por ciento actual, mientras que los que ingresen tengan rentas entre 150.000 y 300.000 euros abonarían un 50 por ciento frente al 45 por cieno de ahora, y para las rentas superiores a 300.000 euros el tipo sería del 52 por ciento.

"Esta medida es confiscatoria para el tramo superior a los 300.000 euros, ya que todo lo que supone gravámenes de más del 50 por ciento de las rentas es confiscatorio según la Unión Europea y los tribunales españoles", apunta Perpiñán. Añade que “su aprobación generaría multitud de recursos en los tribunales".

Menos incentivos para los planes de pensiones

Respecto a los planes de pensiones individuales, proyectan acabar con las deducciones fiscales de las aportaciones a partir de los 60.000 euros.

De aprobarse esta fórmula ahondaría en la reducción de los incentivos fiscales aplicada por el Gobierno a los planes individuales en los dos últimos años. El límite de aportaciones a estos planes con derecho a desgravación en el IRPF ha pasado de 8.000 a 1.500 euros.

Erradicar los privilegios de socimis y sicav

También pretenden acabar con los "privilegios fiscales" de las sicav y de las socimis y modificar el impuesto sobre transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, para gravar las ventas brutas diarias y no solo las netas.

Además, quieren aplicar la tasa a otras operaciones distintas a la compra de acciones, como las realizadas con los derivados financieros, lo que, a su juicio, aportaría un aumento de recaudación de 1.500 millones de euros.

"Respecto a las sicav, ya han visto muy reducidos sus beneficios fiscales tras la entrada en vigor este año de la ley de lucha contra el fraude, lo que ha provocado el cierre de muchas de ellas", argumenta el portavoz de Asefiget.

Tampoco cree que la nueva fórmula dirigida a aumentar la tasa Tobin vaya a ser muy efectiva, ya que “hasta ahora ha recaudado mucho menos de lo previsto”.

Hay que recordar que el Gobierno se marcó un objetivo de recaudación con este impuesto de 850 millones de euros y, según datos publicados por la Agencia Tributaria, hasta el pasado mes de noviembre Hacienda ingresó 288 millones de euros por este impuesto, lo que supone el 33,8 por ciento de lo estipulado para el conjunto del año.

Medidas inviables

Los asesores fiscales consideran que con las propuestas de Unidas Podemos no se conseguirá su objetivo de recaudar los 30.000 millones.

En opinión de Ricardo Perpiñán, “estas cifras estimadas son teóricas, ya que muchas de las medidas son inviables y otras serán recurribles si se aplican”.