Las medidas económicas con las que se estrenará el próximo Gobierno

La campaña electoral ya ha atravesado su ecuador. La economía, durante las últimas semanas, poco a poco, ha estado ganando terreno, el que merece, frente a temas menos materialistas y más identitarios, en un momento en que la macro global se desacelera, cuestión que puede pasar algo desapercibida puesto que España parece una isla aún de sólido crecimiento, aunque ello no ahorra los retos cada vez menos futuros y más presentes a los que también nuestro país se enfrenta, como la digitalización, el envejecimiento de la población, además de los desequilibrios que parecen crónicos en la economía doméstica y que hay que atender con urgencia. 

¿Cuál tendría que ser la primera medida económica que debería tomar el Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta el país? Ésa era una de las preguntas que planteábamos a los inversores en el sondeo cuyos resultados publicábamos hace unas semanas. La mayor parte de los encuestados optaron por la ortodoxia económica: reducción del déficit, recorte de la deuda, rebaja del gasto público y bajadas de impuestos. Ahora sometemos a escrutinio a los partidos políticos, a los programas con los que concurrirán a los próximos comicios y, para ello, hemos entrevistado a sus responsables económicos o a miembros de sus equipos: Daniel Lacalle, por parte del Partido Popular, Pedro Saura, del Partido Socialista, Jorge Uxó, de Podemos, y Francisco de la Torre, de Ciudadanos. Hemos contrastado estas propuestas con el análisis de destacados expertos en cada una de las materias que abordan los programas electorales. 

Las propuestas de PP y Cs: déficit y auditoría

Daniel Lacalle, que además de muñidor del programa económico de los populares va en un buen lugar de las listas del partido por Madrid, se cuenta entre quienes abogan por la ortodoxia de nuestros lectores, e incluso le da una vuelta de tuerca. Así, no sólo afirma que «debemos recuperar la senda de reducción del déficit», sino que también apuesta por «llegar al superávit» (algo que España conoció entre 2005 y 2007). «En nuestro programa tenemos una mejora de eficiencia en los gastos y un proceso de reducción de déficit que cumple con Bruselas», apunta, por un lado, y también avisa: «Hay que revertir las medidas de exceso de gasto dejadas por el Gobierno de Sánchez». De hecho, el popular ha declarado que la primera medida económica que tomará su partido pasará, precisamente, por esto último: encargará una auditoría externa para ver «cómo está realmente la situación presupuestaria» en la que el PSOE está embarcando al país con los decretos de los últimos viernes de la legislatura. 

Y con ello coincide Francisco de la Torre, diputado y responsable de fiscalidad de Ciudadanos, que declara: «En el primer consejo de ministros ordenaremos una auditoría urgente para saber en qué situación fiscal y económica están las administraciones tras los meses de desgobierno y despilfarro de Sánchez. Vamos a reducir duplicidades, gasto superfluo y a cerrar chiringuitos políticos». Asimismo, avisa: «También, y esto tiene sus implicaciones en economía, requeriremos inmediatamente a Torra en el marco del artículo 155 para que se comprometa a cumplir con la Constitución en Cataluña».

La izquierda: consolidación fiscal e inversión pública

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y que hace las veces de portavoz económico del PSOE en precampaña, explica que la primera medida que adoptará un Gobierno presidido por su partido será el diseño de un presupuesto que ponga encima de la mesa las que considera «prioridades de un país moderno como España»: la innovación, el conocimiento, la transición ecológica, todo ello para que el país eleve la productividad y su competitividad; la apuesta por un Estado de Bienestar eficiente que asegure la cohesión social; y que, al tiempo, dé certidumbre a los socios europeos y a las autoridades internacionales, porque siga el camino de la reducción del déficit y la consolidación fiscal. Pedro Saura afirma que su partido ofrece moderación, estabilidad y credibilidad. 

Las prioridades de Podemos no pasan exactamente por el mismo sitio, aunque tienen puntos en común. Según Jorge Uxó, que además de formar parte del equipo económico es candidato por Unidas Podemos, una vez que el déficit ha caído por debajo del 3 por ciento y probablemente termine 2019 poco por encima del 2 por ciento, ha dejado de ser una prioridad. En su opinión, el verdadero déficit se encuentra en la menor inversión pública y en el menor gasto estatal en educación y sanidad en comparación con otros países europeos. Así, considera que la cuestión primordial para un Gobierno presidido por su coalición electoral e incluso la primera medida que adoptaría pasaría por la puesta en marcha de un programa de inversiones en renovables, eficiencia energética, la sustitución del coche convencional por el vehículo eléctrico, la digitalización y la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata, afirma Uxó, de la recuperación de la política industrial estratégica y que defiende que no entra en contradicción con la economía de mercado: afirma que los grandes procesos de modernización que ha vivido el mundo tras la Segunda Guerra Mundial no se pueden entender sin el liderazgo del Estado, incluso en una economía como la estadounidense. La ambición de este programa, comenta Uxó, implica que no sería para desarrollar en una sola legislatura, sino en una década. 

¿Qué dicen los economistas?

Los economistas dan un paso atrás y se alejan de la rabiosa disputa política. Así, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, se coloca en un momento previo al de la toma de las primeras decisiones de política económica. Así, insiste en que la primera señal que ha de lanzar el próximo ejecutivo es que va a ser capaz de formar un equipo económico cohesionado que podrá durar cuatro años y que será capaz de gestionar la economía. En cuanto a las primeras medidas que pueda adoptar el Ejecutivo, advierte contra la rapidez en la toma de decisiones y contra la adopción de «medidas de cara a la galería» o las ocurrencias: «Los grandes temas requerirán análisis y, a partir de ahí, la adopción de políticas». También avisa de que los problemas económicos sustanciales de España no se resuelven con una ley. Se refiere a grandes temas ahora sobre la mesa como el Pacto de Toledo, la financiación autonómica, el sostenimiento del Estado del Bienestar y la transparencia de la Administración Pública. 

El economista Juan Laborda también da un paso atrás y reflexiona sobre la razón por la cual la estimación a tiempo real (a 5 de abril) del PIB del segundo trimestre que elabora la Airef (comúnmente llamada 'autoridad fiscal') se ha acelerado hasta situarse en el 0,8 por ciento, frente a niveles del 0,20 por ciento de su equivalente europeo (cuyo cálculo se detiene en el 20 de marzo). A su juicio, ello obedece al positivo impacto de la política expansiva del BCE, a la menor restricción fiscal y al aumento de los salarios al que ha contribuido el incremento del mínimo interprofesional. De ahí que, en su opinión, para que la economía española continúe creciendo, la política presupuestaria no debería ser restrictiva y se debería seguir con los repuntes salariales, además de que sería indispensable que el BCE continúe con su política monetaria expansiva. Como primera medida, Laborda se inclina por la derogación de la última reforma laboral. 

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, plantea dos prioridades fundamentales. Por un lado, un gran «pacto de rentas» para fortalecer e incentivar la creación de riqueza y su redistribución equitativa y sin conflicto: éste pasaría no sólo por el fortalecimiento de la masa salarial, sino también por el incremento de la productividad y por una reforma fiscal. Por otro lado, cree que España debería aumentar su capacidad negociadora con Europa, ya que la Unión Monetaria, afirma, está muy escorada actualmente hacia el eje franco-alemán («sobre todo alemán», precisa Torres López). A estas dos cuestiones, el economista andaluz incorpora una tercera: la necesidad de emprender una batalla decidida contra la corrupción (sin ella, no se será eficaz en las otras tareas pendientes).