Los impuestos autonómicos ya no funcionan
Por mucho que las Comunidades Autónomas aumenten los impuestos, no se llegarán a cumplir los objetivos pare que las regiones[…]
Por mucho que las Comunidades Autónomas aumenten los impuestos, no se llegarán a cumplir los objetivos pare que las regiones reduzcan su descuadre presupuestario al 1,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Hay una explicación demasiado sencilla ante la que, o ningún político ha caído, o ninguno quiere hacer frente a ella: los impuestos de los que gozan las Comunidades están supeditados, en su mayoría, al mercado inmobiliario. Por más que se empeñen en aumentar las tarifas de estos tributos, si no hay actividad en la vivienda -y no parece que la vaya a haber en muchos meses-, los anuncios que las diferentes Comunidades están realizando estos días, se quedarán en aguas de borrajas. Veamos la explicación.
El actual sistema de financiación autonómica establece seis tributos que el Estado cede a las Comunidades:
-Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Cada vez más autonomías se acercan al tipo del 1,5%, frente a las rebajas generalizadas de años anteriores. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dicen que la compraventa de viviendas ha caído un 46% desde 2007. Y sin movimiento inmobiliario, pocas transacciones se pueden gravar con el ITP.
-Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Con este gravamen, las Comunidades han aprovechado las miles de inscripciones en el Registro y los múltiples actos notariales que se han venido realizando como consecuencia, no sólo de la compra de una vivienda, sino de las modificaciones en las hipotecas, las ampliaciones de crédito hipotecario, etc. Ahora, con un AJD gravado cada vez más cerca del 1,5%, ni siquiera este tipo sirve para cubrir la ausencia de movimientos inmobiliarios. La inscripción de hipotecas ha caído un 40% en el último año.
-Impuesto sobre Donaciones (ISD). También se encontraba íntimamente ligado a las viviendas. Y más, después de que muchas Comunidades lo redujeran a la mínima expresión (con reducciones de cuota de hasta el 99%), alegando que esas rebajas impositivas animarían al mercado. Craso error: los ingresos por ISD continúan en caída libre, al ritmo que lo hacen las transmisiones en forma de donación.
Si a esta caída de ingresos generalizada en ITP, AJD e ISD sumamos que la recaudación por IRPF (cedida en un 50% a las Comunidades) sigue a la baja, como consecuencia de que cada vez hay menos ciudadanos trabajando y los que lo hacen tienen menos ingreos; que la del "céntimo sanitario" (el que se aplica en las gasolinas) depende de un consumo de combustible cada vez menos utilizado, excepto entre profesionales; y que el IVA (también cedido en un 50%) se contrae, como consecuencia del menor consumo de los españoles, nos encontramos con un sistema fiscal autonómico completamente desfasado.
La dependencia de los impuestos autonómicos en el mercado inmobiliario no puede seguir siendo la norma que rija para presupuestar los ingresos de las Comunidades. Sus dirigentes tendrán que ingeniárselas, analizar y, en fin, pensar durante algunas horas sobre cuáles son los actos ciudadanos y empresariales que, a día de hoy, pueden aportar ingresos a las Comunidades, no ya para sostener el estado del bienestar que depende de sus decisiones (Sanidad y Educación, básicamente), sino, simplemente, para mantener sus estructuras.
Sobre la mesa, ya hay algunos ejemplos, como los impuestos medioambientales, tributos sobre el juego, tasas a la banca o gravámenes sobre grandes superficies comerciales que pueden ofrecer alguna pista a los dirigentes de las Comunidades.