Los programas económicos del 21-D (I): las fuerzas independentistas

No es ahora mismo en lo que está centrada la atención de los electores o de los medios de comunicación, pero no por ello deja de ser importante. Nos referimos a los programas económicos de los partidos que concurren a las elecciones del próximo 21-D. ¿A qué da importancia cada fuerza política?, ¿cuáles son sus prioridades y sus principales ideas? 

JUNTS PER CATALUNYA, EL PARTIDO DE PUIGDEMONT

Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, la formación del destituido president Carles Puigdemont, al bloque económico de su programa lo llama "Junts per la prosperitat" y hace especial hincapié en la empresa. Cuenta con un primer bloque destinado a los diferentes sectores de la economía. Arranca con la industria, un sector que se califica como estratégico para la economía catalana, puesto que supone el 20% del PIB y el 50% si se suman los servicios a la producción. Se menciona el Pacto Nacional para la Industria que se presentó el pasado mes de julio y se considera punto de partida para el avance de las políticas industriales y su encaje en las diferentes realidades territoriales de Cataluña. En este capítulo, se aborda, más en lo abstracto que en lo concreto, la competitividad internacional de la industria catalana, la financiación, la digitalización y la formación. 

A continuación, se habla del turismo. La reconversión de los destinos turísticos maduros para regenerar la oferta, la revisión de la legislación de 2002 sobre el sector para adecuarla a su realidad actual, el estímulo a sus responsables para que revisen las diferentes profesiones involucradas y sea posible una mejora de los sistemas retributivos, así como la promoción de un nuevo modelo de gobernanza para que haya una mejor relación entre los actores vinculados al sector, son algunas de las ideas de Junts per Catalunya para el turismo. 

En tercer lugar, se enumeran medidas en favor del comercio. Junts per Catalunya hace mucho hincapié en lo singular y lo autóctono y, por eso, algunas de sus propuestas pasan por el desarrollo de programas específicos para áreas en riesgo de desertización comercial y en exclusiva para los establecimientos singulares, así como por la promoción del valor artesanal y su comercialización. 

En cuarto lugar, dedica un espacio al sector primario, al que se califica de estratégico, dado que el 90% del territorio catalán corresponde a espacios naturales gestionados por el sector primario agrícola y forestal, aunque tan sólo por el 10% de la población. Junts per Catalunya propone asumir la gestión de los fondos agrícolas europeos y crear un Fondo de Garantía Agraria, la coordinación de los seguros agrarios, abordar la gestión integran de la flota pesquera y de los trabajadores del mar, fomentar la innovación, la inversión y la formación en la creación de valor y apostar por la "marca Cataluña".

En Administración Tributaria, cuatro bloques. En primer lugar, la seguridad jurídica: "La administración tributaria debe ser más cercana y reconocer al contribuyente como su cliente con el objetivo de generar confianza mutua y establecer un marco colaborador y participativo". Ello, por ejemplo, con la aplicación de mecanismos eficientes de resolución de conflictos que eviten, en lo posible, los litigios. O con la publicación de manera periódica de listas de prácticas, conductas o interpretaciones que se consideren incumplimientos de la norma tributaria. En segundo lugar, la lucha contra el fraude. En tercer lugar, evitar la elusión fiscal, para lo que se propone, por ejemplo, una armonización fiscal europea. En cuarto lugar, se aborda la fiscalidad propiamente dicha: "La mayor proporción de los ingresos fiscales proviene de las rentas del trabajo, la fiscalidad que tiene un mayor peso sobre el empleo. En un contexto aún de elevadas tasas de paro, habría que reducir la tributación de colectivos que tienen una contratación más elástica". Y añade: "Así lo han hecho en varios países europeos: modificaciones tributarias por las que, en lugar de hacer una reducción general, se ha hecho selectivamente, dirigiéndolas, por ejemplo, a parados de larga duración, personas en riesgo de exclusión o que provienen de sectores en reconversión". Asimismo, plantea un apoyo absoluto a los emprendedores, a la creación de empresas y a la generación de ocupación y riqueza: "Por ejemplo, haciendo cotizar a los autónomos de manera progresiva considerando los ingresos obtenidos". "Y también flexibilizar y simplificar el sistema para incorporar iniciativas y sectores derivados de la economía colaborativa", añade.

La fiscalidad, además, de acuerdo con el programa de Junts per Catalunya ha de pensar en la competitividad valorando medidas tales como la aplicación de un régimen especial para las rentas implícitas derivadas de la explotación de la propiedad industrial e intelectual o incentivos a la contratación de investigadores y también para la formación y adaptación de la fuerza laboral que pueda generar más valor añadido. Incentivos fiscales lo suficientemente atractivos, reza el documento, para poder apostar por la modernización, la alta tecnología y la sostenibilidad y así "aprovechar el círculo virtuoso de más innovación, más internacionalización, más productividad y crecimiento".

¿Qué propuestas hay sobre empleo? Por ejemplo, incrementar el salario mínimo hasta los 1.100 euros brutos mensuales. O centrar los esfuerzos de las políticas activas de empleo en programas específicos para los jóvenes y los mayores de 50 años, los colectivos más afectados por la crisis. Además, la flexibilización de la aportación a la Seguridad Social en función de los rendimientos netos, según sean inferiores al salario mínimo, se encuentren entre éste y los 40.000 euros o superen los 40.000 euros. O la eliminación de los obstáculos que impiden que la sociedad se beneficie de la generación de mujeres más preparada de la historia. Y una reforma horaria para una mejor organización del tiempo. También, el impulso de un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales con la tutela del Gobierno más adaptado a un mundo globalizado y una regulación laboral que facilite la adaptación de las empresas a las necesidades de un entorno competitivo cambiante y globalizado manteniendo asimismo la calidad del empleo.

Dentro del bloque económico, Junts per Catalunya también incluye la economía responsable, la cohesión territorial, el medio natural, la economía verde, la gestión de los recursos hídricos, la calidad del aire, la economía circular y la gestión de residuos, así como la política de infraestructuras, en la que destacan la propuesta de unificación de la gestión de toda la red ferroviaria catalana que estará bajo el ente público catalán -que asumirá la titularidad de la infraestructura-, la seguridad ferroviaria y las funciones de regulación del tránsito ferroviario, así como la ejecución de la agenda catalana del Corredor Mediterráneo, además del impulso de una agenda de actuaciones para paliar el déficit de inversión del Estado en la red viaria de Cataluña.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, EL PARTIDO DE ORIOL JUNQUERAS 

Esquerra Republicana de Catalunya, que se presentó con el actual Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, en las pasadas elecciones bajo la marca Junts pel Sí, concurre ahora en solitario y con su líder, Oriol Junqueras, en prisión. Aunque este partido tiene varias sensibilidades y Junqueras no pertenece a la más izquierdista, el programa económico sí tiene un tinte aparentemente más social que el de Junts per Catalunya y más claro en su posicionamiento a favor de su "República Catalana" también en el capítulo económico de su programa, a diferencia de JxC, que tiene concentradas las nueve menciones a la palabra "república" en las 26 primeras páginas de su documento, en concreto bajo el epígrafe "Junts per la democracia", de un programa que tiene casi 100. El bloque económico del programa de ERC tiene epígrafes tales como: "Una República emprendedora y con trabajo digno", "una República emprendedora de prosperidad compartida", "la empresa, motor de una economía productiva, innovadora y solidaria", "un mercado más democrático y consciente".

La presentación de ERC también es a primera vista más sistemática, con la propuesta de cincuenta medidas, aunque bastantes en coincidencia con su ahora contrincante JxC. Así, plantea la creación de un fondo nacional de innovación dotado con 50 millones de euros para que el gobierno invierta en las empresas catalanas innovadoras con mayor capacidad de crecimiento. Además, un plan de internacionalización de la empresa catalana. Y otro de atracción de empresas intensivas en conocimiento. También, la consolidación de la banca pública catalana y la creación de un clúster de servicios financieros de Cataluña para ayudar a la financiación empresarial.

En cuanto a la fiscalidad, ERC pone sobre la mesa que el tratamiento tributario a las rentas más bajas de Cataluña es la más desfavorable de todo el Estado, con un tipo marginal del 12%, frente al 11%, de media, por lo que proponen bajarlo en ese punto. Además, plantean elevar la tributación de las rentas inmobiliarias, en particular el impuesto de transmisiones patrimoniales, completamente cedido a las autonomías.

Asimismo, promete instar la adopción de un régimen simplificado de Impuesto de Sociedades para las pymes. Y para los autónomos, una reforma del marco fiscal por la que se establezca una cotización reducida para los que obtengan rentas por debajo del salario mínimo así como la posibilidad de diferir el pago del IRPF en los primeros años de actividad. "No es una competencia de la Generalitat, pero forma parte de la República que haremos, y se puede vehicular mediante negociación bilateral", reza el documento.

Si continuamos con los impuestos, ERC propone la reinstauración del impuesto impugnado sobre los depósitos de las entidades de crédito, así como el establecimiento de un tributo sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas. Y, en lo que se refiere a la tasa turística, defiende ampliar su alcance como un factor regulador de la capacidad de carga de determinados productos, servicios y territorios, además de para contribuir a la financiación de la inversión en las infraestructuras y servicios turísticos.

Coincide ERC con Junts per Catalunya en propuestas sobre la modernización de la industria, el Corredor Mediterráneo, el comercio o en acciones para convertir a Cataluña en un lugar "de excelencia alimentaria". Aunque añade una idea singular: el apoyo del cooperativismo.

Respecto al mercado laboral, la propuesta se resume en trabajo digno, la garantía del derecho subjetivo a la ocupabilidad de las personas, el establecimiento del "salario catalán de referencia" (que no se precisa) y la lucha contra la precariedad laboral.

LA CUP, LA FORMACIÓN DE CARLES RIERA

El programa de la CUP, una formación que ha sido determinante en la pasada legislatura para que el independentismo gobernara y diera los pasos que ha dado, no tiene capítulo económico en sentido estricto, aunque su percepción sobre la política económica es visible en la tercera parte del documento que lleva por título "Derechos sociales y políticos, República y Asamblea Constituyente". Así, en esa parte del documento de la fuerza que encabeza Carles Riera se habla de "soberanía económica: economía al servicio del pueblo y de la construcción republicana", "soberanía energética y de los bienes naturales comunes", "soberanía alimentaria y recuperación del sector primario", "soberanía sobre todas las infraestructuras básicas del país: comunicación, abastecimiento, distribución y saneamiento del agua, y telecomunicaciones", "soberanía mediática: medios de comunicación públicos y comunitarios y espacio de comunicación de los Países Catalanes", son algunos de sus epígrafes. Mientras que en el apartado "modelo de república", incluyen: "por una república no depredada por el turismo" o "por una república con derechos laborales".

¿Cuestiones concretas? Por ejemplo, convertir a la banca pública en un actor estratégico. Además, recuperar todas las propiedades en manos de la Sareb y de Bankia que se encuentren en territorio catalán. O la potenciación de las cooperativas de crédito.

Asimismo, la CUP defiende la realización de una auditoría popular de la deuda que tendrá como objeto dirimir su legitimidad, además de "potenciar una red de entidades públicas desobedientes con la deuda".

En cuanto a la soberanía energética, la CUP propone un modelo energético construido sobre las energías renovables. Y, en general, un movimiento energético y productivo que sitúe en el centro del debate la resiliencia, entendida como capacidad de adaptación a los retos ambientales. Asimismo, defiende la desnuclearización. Y la nacionalización de todas las redes de transporte y distribución de energía para garantizar el suministro al conjunto de la ciudadanía, así como facilitar la conexión de los proyectos comunitarios. Y, por último dentro del capítulo energético, la aplicación de la ley contra la pobreza energética a las grandes compañías comercializadoras impidiendo el corte del suministro a las personas en situación de vulnerabilidad económica.

En soberanía alimentaria, la CUP defiende una política propia y el abandono de la PAC, así como una limitación de las importaciones como "acto de soberanía", además de entender la alimentación como "un acuerdo de proximidad entre los payeses y los consumidores". También apuesta por el establecimiento de un canon para las actividades del sector primario que tengan una repercusión ambiental negativa.

En materia de infraestructuras, la CUP reivindica su control, la no renovación de las concesiones de autopistas, la realización de auditorías sobre todas las vías en régimen de concesión, la creación de una empresa que gestione las autopistas y el aumento de la presión tributaria sobre los grandes gestores.

En cuanto a la política de vivienda, destacan algunas cuestiones como la puesta en marcha de una nueva ley hipotecaria catalana que, entre otras cosas, paralice los desahucios, permita la dación en pago y mecanismos de segunda oportunidad. Asimismo, para luchar contra la especulación inmobiliaria, la CUP plantea una rebaja del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que afecta al arrendamiento de fincas urbanas del actual 0,5% hasta el 0% en el caso de la vivienda habitual. Además, propone aplicar una reducción del 10% al 7% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para las personas físicas que compren una vivienda habitual en el tramo por debajo de los 500.000 euros de base imponible. En tercer lugar, la CUP aboga por el aumento de los tipos del impuesto sobre actos jurídicos documentados que se aplica a las sociedades mercantiles desde el actual 2,5% hasta el 10%, para conseguir que las empresas paguen el impuesto de transmisiones patrimoniales en lugar del IVA, que posteriormente pueden recuperar. También figura entre sus propuestas impedir la publicidad en los medios públicos dependientes de la Generalitat a empresas y fondos de inversión dedicados a la inversión y a la especulación inmobiliaria y, a cambio, promover campañas de publicidad destacando el carácter de uso social que debe tener la vivienda.

En cuanto a la vivienda turística, la CUP propone una moratoria en la adjudicación de nuevas licencias, así como una ley que regule los arrendamientos en Cataluña. También promoverán una identificación e inspección y, en su caso, el cierre de los alojamientos con uso turístico y sin licencia para ello. Además, proponen regular el alojamiento turístico para reglamentar la capacidad de recepción de turistas. 

En política fiscal, se propone el impulso de una reforma fiscal progresiva, la conversión de la tasa turística en una auténtica herramienta para la redistribución, destinando la recaudación en paliar el impacto negativo del turismo, por ejemplo, a un parque público de viviendas sociales. Asimismo, la formación es partidaria de tributos ambientales o de la modificación de algunos de los existentes para desincentivar prácticas nocivas para el territorio.

Además, defiende un nuevo modelo de distribución de la renta que sirva para asegurar unos ingresos mínimos mensuales a las familias que no tienen ingresos de ningún tipo, para lo que "en un primer momento, es necesario ampliar en implementar la Renta Garantizada de Ciudadanía". 

En política laboral, proponen la reducción de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales (transitoriamente, de 35 horas) y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Asimismo, "trabajar para elaborar el Estatuto del trabajo de los Países Catalanes", que recupere la indemnización por despido improcedente de 45 días por año así como bajas por maternidad y paternidad iguales y obligatorias de seis meses para cada uno con una retribución de 1.200 euros por parte del sistema de Seguridad Social.