Los programas económicos del 21-D (II): constitucionalistas y "no alineados"

Mientras hablamos de naciones dejamos de hacerlo del bolsillo y los partidos políticos, con vistas a los comicios del 21-D también tienen ideas que afectan al de los catalanes. Al resto de los españoles darnos una vuelta por los programas electorales también nos puede ayudar a saber por dónde pueden ir las cosas cuando lleguen las elecciones generales, que previsiblemente tendrán lugar en año y medio. Si ayer hablábamos de las propuestas de los partidos independentistas, hoy es el turno de las fuerzas constitucionalistas y también de los "no alineados" o "equidistantes", que también existen.

CIUDADANOS SE CRECE ANTE EL 21-D

Ciudadanos nació en Cataluña y allí ha sido en la última legislatura el partido principal de la oposición, con Inés Arrimadas de líder y candidata. Ahora concurren a las elecciones en muy buena posición, disputándose cara a cara con Esquerra Republicana la victoria electoral en votos y también hasta en escaños.

¿Cuáles son las propuestas económicas con las que la formación naranja acude a la cita electoral?

Una de las medidas estrella es la "auditoría integral e independiente de la gestión y del gasto público para incrementar su eficiencia y ahorrar en gasto superfluo". Además, el partido lleva por bandera un "plan de choque para el retorno de las empresas" que se han ido de Cataluña y que incluiría un programa de incentivos fiscales, financieros y administrativos para lograr restablecer la seguridad jurídica y la confianza en la economía catalana.

En materia fiscal, Ciudadanos incluye varias medidas, como la bajada del Impuesto sobre la Renta a la que el partido denomina "clase media trabajadora". En concreto, el partido de Arrimadas propone la reducción de los primeros tramos del IRPF "para equiparar los impuestos que pagan los catalanes a la media nacional y devolverles todo el esfuerzo que han tenido que hacer durante la crisis y durante el fracaso del procés independentista".

Asimismo, según se afirma en el documento: "Los impuestos sobre la renta en Cataluña son tan altos que desincentivan la atracción de talento". Así pues, "identificaremos aquellos impuestos que suponen una barrera para atraer talento y los reduciremos para que nuestra comunidad vuelva a ser uno de los destinos preferidos para profesionales nacionales e internacionales de primer nivel".

La bajada de impuestos también se extendería a las empresas: "Los partidos independentistas han hecho todo lo posible para convertir Cataluña en un infierno fiscal para las empresas", reza en el programa naranja.

También en materia fiscal, Ciudadanos propone la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la vivienda tanto en compra como en alquiler.

El partido naranja incluye medidas específicas para las pymes, a las que promete liberar de trámites y burocracia, así como ayudarlas a que cobren a tiempo.

En el capítulo del empleo, Ciudadanos plantea varias líneas de acción que coinciden con las medidas que ya se adoptaron en el acuerdo de investidura del Gobierno central y los presupuestos nacionales. Así, propone "revolucionar las políticas activas de empleo", el complemento salarial para jóvenes menores de treinta años, incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral y despidan menos o la desintermediación de la formación de los trabajadores.

Ciudadanos también usa la ley de medidas urgentes para los autónomos que ya es una realidad a nivel estatal. Y así, saca a relucir que, "gracias a Ciudadanos", los autónomos "sólo pagarán por los días que trabajen; tendrán la tarifa plana durante todo un año; las madres autónomas tendrán más fácil conciliar; y todos pagarán menos impuestos al poder desgravarse el menú del día y los gastos de suministro si trabajan en casa".

En coincidencia con las fuerzas independentistas y con el resto de los "constitucionalistas", Ciudadanos promete impulsar el Corredor Ferroviario del Mediterráneo como infraestructura de transporte estratégica. Asimismo, plantea la finalización progresiva de las actuales concesiones de autopistas de peajes. Y, además, promete un plan de inversiones en infraestructuras para los cinco próximos años.

EL PSC DE ICETA Y LA TRANSVERSALIDAD

El programa electoral del PSC, muy voluminoso, con más de 150 páginas, arranca: "Soluciones. Ahora, Iceta!". Miquel Iceta ha tomado la bandera de la reconciliación en Cataluña y también la de la transversalidad. Por eso, ha fichado a varias personas de la antigua Unió (que se enmarca en el nacionalismo conservador catalán) así como a Carlos Jiménez Villarejo, que fue en las listas de Podemos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

El bloque económico del programa lleva por título "desarrollo económico dinámico en un territorio sostenible". Los puntos que propugna el socialismo catalán en este apartado son: una agenda por la igualdad, la economía 4.0 (impulso a sectores industriales y de servicios avanzados), la transición energética y la economía verde, una reforma fiscal equitativa, una sociedad más europeizante y una sociedad exigente, activa y resolutiva.

En cuestión de empleo el PSC establece como prioridades la disminución del paro hasta llegar a las actuales tasas europeas, las medidas dirigidas a mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas, la cualificación ante los cambios tecnológicos en el trabajo autónomo y micropymes, la potenciación de la reindustrialización y un plan de promoción de empleos verdes.

Además, incluyen una batería de medidas para los colectivos más afectados por la crisis, con la conversión del programa de Garantía Juvenil en una herramienta para lograr la inserción estable en el mercado laboral; programas de segunda oportunidad formativa para jóvenes desempleados sin el Graduado en ESO; un plan de reemplazo joven, incentivando los contratos de relevo ante la jubilación para dar oportunidades a los jóvenes y evitar la amortización de puestos de trabajo.

Asimismo, el programa del PSC es sensible con los problemas de género y, por ejemplo, promete reforzar el apoyo económico y técnico a las empresas de más de treinta trabajadores que implementen un plan de igualdad y flexibilicen la organización del tiempo de trabajo de todo su personal o para las más de 100 que incorporen a un agente de igualdad.

También plantea medidas para la empleabilidad de las personas con discapacidad o para las prácticas formativas en empresas: "Apostaremos por pasar del becario al trabajador en prácticas".

En cuanto a la retribución, el PSC promete promover un salario mínimo que esté en el 60% del salario medio en los próximos tres años.

En cuanto a los impuestos, el PSC apuesta por impulsar una reforma fiscal. En el IRPF, propone "reducir los tipos mínimos, suavizar los tipos de las rentas medias e incrementar los tipos de las rentas más altas". Además, modificar el impuesto de sucesiones y donaciones para volver a los niveles de ingresos del 2010, "a partir de una reducción significativa y selectiva de los beneficios fiscales". Asimismo, en el impuesto del patrimonio, plantea una modificación para que grave de manera más intensa los grandes patrimonios, "como paso previo y transitorio en el establecimiento de un impuesto a la riqueza".

Más cambios fiscales que propone el PSC pasan por mejorar las figuras impositivas y la capacidad de recaudación de la fiscalidad verde, la revisión de beneficios fiscales que aplica la Generalitat, la mejora de la gestión tributaria del impuesto sobre las viviendas vacías y la recuperación del impuesto sobre depósitos bancarios, además del impulso del impuesto sobre transacciones financieras.

Además, propone "el estudio de figuras impositivas que nos permitan dotarnos de los programas que serán necesarios para afrontar los cambios en el mercado laboral como consecuencia de la robotización".

En las medidas de lucha contra el fraude, el PSC se compromete a hacer pública la lista de defraudadores y a agravar las penas en los delitos fiscales en colaboración con sus compañeros del Congreso de los Diputados en Madrid.

En el capítulo de infraestructuras, el PSC insiste en la recuperación del nivel de inversión del Estado en Cataluña, así como en la necesidad del desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Lo profuso del programa del PSC en materia económica no pasa por alto la necesidad de recuperar la confianza y el crédito reputacional de Cataluña después de lo sucedido durante el mes de octubre. Pero además, analiza el modo de poner "la innovación en el centro de la acción del Gobierno", de convertir al Institut Català de Finances en un instrumento público de inversión y de reindustrializar Cataluña con factorías creadoras de empleo y adaptadas a la transformación digital, sin olvidar al comercio "competitivo y arraigado en los barrios".

En la actividad turística, los socialistas catalanes proponen "un plan coordinado con los municipios de regularización de la oferta ilegal de apartamentos y otros alojamientos turísticos" y, también, redefinir "con el mundo local y el tejido económico del sector, las tasas y los impuestos vinculados a la actividad turística y sus externalidades negativas".

El capítulo económico del programa del PSC termina prestando atención al sector agroalimentario. Respecto a éste, se propone, al tiempo que recuperar los niveles de inversión y gasto público previos a la crisis, también estudiar "la fiscalidad asociada directamente al sector para ajustar las cargas fiscales donde se hace un uso más intensivo de recursos naturales y se genera más riqueza".

CATALUNYA EN COMÚ: SU TIEMPO MÁS DIFÍCIL

Catalunya en Comú se enfrenta en una situación muy difícil a estas elecciones. En unos comicios que se plantean en términos de política de bloques, los "comunes" no encajan ni con el independentismo ni con el llamado "constitucionalista". Y el PSC, además, parece estar ganándole la batalla por el tercer bloque, el de los electores "equidistantes" o "no alineados". 

Los "comunes" presentan un programa económico que aboga, en primer lugar, por la reconstrucción del sector económico público reapropiándose de sectores estratégicos, como el energético o el agua. A continuación, pasa por el impulso a la innovación como centro del modelo productivo con la promesa de aumentar los recursos destinados al I D i hasta alcanzar el 3% del PIB en 2020. Y, después, por el giro que defienden en el sector de la construcción desde la actividad promotora a la de rehabilitación. 

Entre sus propuestas para impulsar "el control democrático del mercado financiero" se exceden un poco de su ámbito de actuación y proponen la separación de la banca comercial de la de inversión, la prohibición de los productos sintéticos como los futuros y los derivados en la bolsa, o la amortización obligatoria de los activos financieros fallidos. También sorprende que en unas elecciones al Parlament se proponga el control parlamentario del BCE o el impulso de una mejor supervisión de la actividad bancaria. Asimismo, CeC propone la creación de una comisión de investigación sobre "las ventas fraudulentas de los activos inmobiliarios del FROB y la privatización de las cajas de ahorros". También la formación es partidaria de aumentar las licencias bancarias de manera que haya muchos bancos pequeños frente al modelo de pocas entidades muy grandes y, así, evitar crisis sistémicas. 

Además, recupera la propuesta de la auditoría ciudadana de la deuda, para descubrir si parte de ella es "ilegítima". También cree necesaria la retirada de las limitaciones sobre la capacidad de endeudamiento de los países. 

Volviendo al sector financiero, CeC es partidaria de la creación de una banca pública que gestione y comercialice los bonos de las administraciones públicas, que utilice los tipos de interés de forma progresiva, que movilice los recursos financieros suficientes para recuperar el control de los sectores estratégicos de la economía, que lance líneas de crédito especiales a personas, pequeñas empresas, emprendedores, entidades sociales... o que cree fondos de pensiones públicos como alternativa a los privados. 

En materia laboral, CeC propone el reparto del trabajo con reducción generalizada de la jornada sin la bajada de salarios. También, "superar" las reformas laborales del PP y del PSOE e impulsar un "marco catalán de relaciones laborales y sociales", con la potenciación de convenios colectivos sectoriales de ámbito catalán. Asimismo, plantea la prohibición de que las empresas de trabajo temporal puedan actuar como agencias de colocación o intermediación.

CeC apuesta por la equiparación salarial de los contratos en prácticas o formativos con los contratos ordinarios para evitar la segregación laboral de los jóvenes. Y porque se aplique de manera completa y estructural el Programa de Garantía Juvenil, para que ningún menor de 30 años pase más de cuatro meses sin una oferta laboral de cualquier tipo.

Además de fijarse en los jóvenes, CeC también se ocupa de los trabajadores mayores de 45 años, muy vulnerables si se quedan en paro.

Respecto a los autónomos, CeC propone incorporarlos al régimen general de la Seguridad Social, cambiando las formas de cotización para que respondan a sus ingresos reales, y así tengan acceso a todas las prestaciones. También, medidas de salvaguarda para su patrimonio personal. 

En cuanto al salario mínimo, los "comunes" promete incrementarlo hasta llegar al objetivo de la Carta Social Europea del 60% del salario medio pactado en convenio colectivo, ahora mismo cifra equivalente a los 1.000 euros. También prometen aplicar la misma ratio a la pensión mínima contributiva. Y derogar la ley de desindexación de la economía española y volver a tomar como referencia el IPC para la actualización de los precios en todos los sectores de la economía, así como la introducción de cláusulas de revisión salarial en función del IPC real. 

El empleo en el turismo tiene un apartado especial en el programa de CeC. Para él en exclusiva ha diseñado un plan integral contra el abuso y la explotación laboral, con una campaña de información de derechos básicos, de detección de situaciones de abuso, contra las externalizaciones fraudulentas o contra el uso de falsos autónomos. 

En cuestión de impuestos, CeC propone eliminar los beneficios fiscales de los sectores más privilegiados, la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y reformar el impuesto del patrimonio. También, la modificación del IRPF para no discriminar las rentas del trabajo en relación con las del capital, aplicando el tipo máximo a ambos rendimientos e introduciendo un tipo marginal del 50% para rentas superiores a los 100.000 euros. 

También son partidarios los "comunes" de un impuesto que grave a las entidades financieras y sociedades que posean viviendas desocupadas o por las plusvalías que se obtengan de la venta de inmuebles obtenidos en procesos hipotecarios. En ese caso, el tipo único para la plusvalía obtenida sería del 99%. 

Defienden la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. 

En la imposición indirecta, CeC aboga por un impuesto que grave los bienes de lujo, y por un IVA superreducido para los artículos de primera necesidad y reducido para los servicios culturales o material escolar. 

En el IBI, abogan por la progresividad. 

EL PP, EN COMPETENCIA CON CIUDADANOS

El Partido Popular, liderado por Xavier García Albiol, está sufriendo, según las encuestas, fugas de votos en favor de Ciudadanos. 

Como el partido naranja, los populares también proponen una auditoría del gasto de la Generalitat (en particular para saber qué parte del gasto "ha servido para dar cobertura al proceso independentista y exigir responsabilidades") y de todos los organismos que dependen de ella, para optimizar y racionalizar su gasto. También, reducir las 391 entidades que forman parte del sector público, así como los altos cargos y los cargos de confianza. Ello contribuirá con la promesa del PP de acabar con el déficit de la Generalitat: "No gastaremos más de lo que ingresemos".

En el sector público, el PP se compromete a evitar que la temporalidad supere el 8% en cada sector. Y además promete destinar los recursos necesarios para devolver las pagas extraordinarias pendientes a los trabajadores públicos y que recuperen los derechos perdidos desde 2012. 

También como Ciudadanos, el PP de Albiol avanza que, de ganar las elecciones, aprobará un plan de choque para incentivar el tejido empresarial, con el objetivo de que las empresas que han abandonado Cataluña regresen, que nuevas empresas instalen sus negocios en la región y que las que se han quedado crezcan en tamaño e internacionalización. ¿Cómo? Con rebajas de impuestos "para volver a hacer de Cataluña una región empresarialmente atractiva". "Trabajaremos para eliminar las trabas burocráticas y los excesos fiscales impuestos por la izquierda independentista", reza el documento. 

Más ofertas fiscales en el programa del PP: la retirada del impuesto sobre las grandes superficies comerciales, del impuesto de activos no productivos de personas jurídicas, del impuesto sobre elementos radio-tóxicos, del impuesto sobre las bebidas azucaradas y de los diversos impuestos sobre emisiones. 

En el IRPF, el PP promete bajarlo hasta el 10% para las rentas inferiores a los 12.500 euros; hasta el 11,5% para las rentas menores de 18.000 euros; y hasta el 13% a las rentas de menos de 24.321 euros. 

La rebaja fiscal propuesta por los populares no se para aquí: se comprometen a bonificar al 99% el Impuesto de Donaciones cuando vaya orientado a la compra de la vivienda habitual o al inicio de una actividad económica y el Impuesto de Sucesiones de padres a hijos. 

También proponen reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentos. En ambos casos, el recorte será a la mitad. 

A los nuevos autónomos el PP les permitirá aplazar el pago de los impuestos autonómicos. 

Respecto a la innovación, el PP quiere "convertir a Cataluña en el Silicon Valley de Europa". 

En cuanto al empleo, algunas de sus medidas pasan por el lanzamiento de una batería de bonificaciones fiscales y medidas extraordinarias para que las empresas contraten a personas mayores de 45 años, así como una estrategia de trabajo público protegido para las personas mayores de 50 años que se encuentren en el desempleo.