Los usuarios financieros denuncian al Supremo ante la CE
Asufin acusa al Alto Tribunal de incumplir la directiva que protege a los consumidores de las cláusulas abusivas
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado al Tribunal Supremo ante la Comisión Europea por la “reiterada y sistemática vulneración” de la directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos.
Asufin solicita a las instituciones de la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” con el objetivo de garantizar que en España se aplique “de forma correcta” el derecho de la UE.
También demanda:
- Condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores, siguiendo así las exigencias de la directiva europea.
- Suprimir “de manera definitiva” el índice de referencia IRPH, dejando estos préstamos sin interés.
- Y eliminar los obstáculos y limitaciones que existen en materia de acciones colectivas.
Terminar con la inseguridad jurídica
La asociación justifica en su denuncia que el Tribunal Supremo “no ha sido capaz de resolver" los problemas generados por las cláusulas abusivas con un criterio que ofreciera seguridad jurídica.
Esta inseguridad ha provocado, según Asufin, que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019.
Cuestiones que han llevado, según la denuncia, a corregir en reiteradas ocasiones el criterio del Tribunal Supremo, lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.
Asufin considera que “sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores”.
La demanda aporta datos sobre decisiones del Alto Tribunal relacionadas con la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado y el IRPH.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, afirma que “esta denuncia es la culminación de una labor incesante de defensa del consumidor bancario en la que, quienes nos situamos en la trinchera de la litigiosidad que genera la abusividad bancaria, asistimos atónitos al retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE".
Añade que los consumidores están cansados de una situación de inseguridad jurídica “que no es buena para nadie”.
Vuelta a los orígenes
Con esta denuncia, Asufin espera que la Comisión Europea “tome cartas en el asunto y que nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva”.
La denuncia puede conllevar también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo.
Cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania.
Por su parte, Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, ha manifestado que “Asufin señala con razón la necesidad urgente de disponer de normas más estrictas en torno a la transparencia y la protección del consumidor financiero en España y en la Unión Europea".
Añade que, "debemos asegurarnos de que los Estados miembros respeten las normas, las directivas y los tratados de la UE en este ámbito”.
