Puigdemont y todo su 'govern', imputados por la juez Lamela
Tendrán que declarar el jueves y el viernes. Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como bien recogido en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las competencias de este tribunal.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a declarar como investigados (antigua figura de imputados) al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su ejecutivo, los próximos 2 y 3 de noviembre, tras admitir la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Poco después de las ocho de la tarde, tras conocer la imputación, Puigdemont se dirigía hacia el aeropuerto de Bruselas, según ha informado 'La Sexta'.
En el mismo auto en el que la magistrada se declara competente para investigar los hechos acuerda como primera diligencia citar a los 14 querellados, en calidad de investigados, para el próximo jueves, 2 de noviembre, y viernes, 3 de noviembre, a las 9 horas ( ambos días) para declaración y la posterior celebración del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal.
La magistrada también ha fijado a los 14 querellados una fianza de 6,2 millones de euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de 3 días. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como bien recogido en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las competencias de este tribunal.
Lamela recuerda que esta fase inicial, de admisión de una querella, no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente "de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada".
Teniendo en cuenta estas dos condiciones, Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".