El Brexit puede acelerar los cambios en MIFID II

La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID II) ha aportado mayor transparencia al mercado y más protección a los inversores, pero, al cumplir dos años de su trasposición, el sector financiero ha detectado deficiencias que hay que subsanar introduciendo ajustes relacionados con el Brexit y con los requerimientos excesivos que restan competitividad a las entidades financieras, principalmente a las eafs.

La salida del Reino Unido -el principal artífice de MIFID II- de Europa es la excusa perfecta para cambiar los puntos de la directiva de mercados que no convencen a los profesionales financieros. Es cierto que MIFID II ha cumplido con su objetivo de proteger mejor a los inversores logrando un sistema financiero más transparente y seguro y que ha regulado en ámbitos en los que había un vacío legal.

También ha mejorado la formación de los profesionales y ha dotado a los inversores de mayor y mejor información. Pero necesita cambios.

Para ello el sector, coincidiendo con el Brexit, exige reformas en la directiva con las que se sigan protegiendo a los inversores y, a la vez, que beneficien a las entidades financieras. La petición de un ‘lifting’ para MIFID II es común en varios países de la UE.

Así, en Francia, la Asociación de Mercados Financieros (Amafi) solicita reglas más simples y proporcionales para la directiva y argumenta que se ven obligados a aplicar normas que se les hacen «indigestas». Para facilitar su deglución ha propuesto que se diferencie entre categorías de clientes al informarles sobre productos financieros, ya que ahora solo hay una, se trate de un profesional de las finanzas o de un minorista sin conocimientos financieros.

Solicitan que dependiendo de los conocimientos del cliente y del tipo de producto que le ofrezcan, la información sea distinta: «Cuanto menos conozca el cliente los mercados y más complejo sea el vehículo de inversión más información habría que darle».

Esta demanda es compartida por las entidades financieras en España. David Gassó, presidente de Economistas Asesores Financieros, cree que la diferenciación entre cliente profesional y minorista es acertada porque hay clientes que tienen la preparación suficiente para entender los riesgos inherentes a una inversión y otros no.

La elevada carga de documentación e información que hay que transmitir a los clientes es otra de las quejas que comparten los profesionales de ambos países. Reconocen que se ha pasado de una regulación muy laxa con MIFID I a otra excesiva requerida por MIFID II. En algunos aspectos es tan exigente que, según reconoce Hugo Aramburu, socio director de Diaphanum, «el cliente es incapaz de discriminar lo importante de lo accesorio».

Esta desmesurada documentación es muy criticada por las empresas de asesoramiento financiero (eafs), que reconocen que en muchas ocasiones se duplica y le llega al cliente por dos vertientes: la de sus asesores y la de las entidades que comercializan el producto contratado, ya sean bancos, agencias de valores o gestoras, lo que más que informarle le confunde.

El actual modelo de retrocesiones en la distribución de fondos de inversión debe dar paso a otro más transparente, con identificación de cada servicio y de sus costes. 

A juicio de Gassó, «existe un exceso de celo en la protección al inversor en este aspecto. Se encuentra con demasiada documentación que no entiende, habría que ser auditor para hacerlo». Esta carga de procedimiento se podría simplificar mejorando la parte de la norma que trata de la provisión de distintos servicios de inversión al mismo cliente por parte de varios proveedores.

Pero no solo las entidades financieras solicitan ajustes de MIFID II. También desde la CNMV reconocen esta necesidad. Su presidente Sebastián Albella ha dicho que aspectos de la directiva como la información a los inversores y el asesoramiento financiero son «un poco excesivos en términos de cargas a las entidades lo que puede haber debilitado el negocio de los operadores locales frente a los extranjeros», por lo que, a su juicio, MIFID II merece un análisis y «quizás algunos retoques». Estos  podrían llevarse a cabo sin demasiada dificultad, ya que la directiva incluye cláusulas de revisión.

El peligro del Brexit acecha

Gran parte de la competencia exterior que apunta Albella puede venir de las entidades británicas cuando se produzca el Brexit, ya que Reino Unido fue el principal autor del contenido de MIFID II y una vez fuera de la U.E. los países de la unión tendrán que acatar normas implantadas en la directiva por la City, principalmente en lo relacionado con volúmenes y liquidez.

De este problema ya ha advertido Albella al asegura que tras el Brexit, «tendremos que competir con los británicos y, en gran medida, las reglas relacionadas con los servicios de inversión de MIFID II son un legado suyo», por ello con el Brexit los europeos «deberíamos plantearnos retocar la directiva». El sector también ve este problema y considera que demasiado tienen con la competencia interna y con la del resto de países de la U.E. como para soportar otra ‘desleal’ que llegue del Reino Unido a «competir con cartas marcadas».

También MIFID II solo llega al cinco raspado en transparencia sobre costes y comisiones. Así lo reconoce Fernando Zunzunegui, coordinador de regulación de EFPA, para quien el actual modelo de retrocesiones en la distribución de fondos de inversión debe dar paso a otro más transparente, con identificación de cada servicio y de sus costes.

Cree que los límites a las retrocesiones se deben aplicar con rigor, porque «enmascarar su cobro a través de comisiones de custodia puede constituir competencia desleal».

Lo que sí se ha notado desde la trasposición de la directiva es una disminución en las eafs de las retrocesiones percibidas como fuente de ingresos, lo que apunta a un enfoque más centrado en el servicio al cliente que en compartir ingresos de comercialización de productos por las recomendaciones emitidas. Esto no ocurre en otras empresas de servicios de inversión como las agencias, sociedades de valores, gestoras y bancos que sí comercializan productos.

Eafs, las más damnificadas

A pesar de ello, las eafs han sido las más perjudicadas por MIFID II y reconocen que ha generado luces y sombras en su trabajo diario. El lado más luminoso lo representa la mayor profesionalización de la actividad y su lado oscuro viene de que «no facilita la transición de un sistema financiero basado en la distribución de productos a otro basado en el asesoramiento», apunta Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi y socio de C2 Asesores Patrimoniales EAF, porque «la protección al inversor no solo se consigue con trasparencia y con papeles, hay que reforzar el asesoramiento para que cuando se recomiende a un cliente invertir en un producto sea por su bien, no por el de la entidad».

Menos análisis y más caro

Otras críticas a MIFID II en las que convergen financieros españoles y franceses y que piden cambiar es el elevado precio de los análisis de mercado en Europa, cinco veces mayor que en EE.UU., y la obligación impuesta por la directiva de separar los gastos de los análisis financieros de las comisiones operativas.

Hasta su implantación, las gestoras incluían los costes de análisis y los de ejecución en una misma comisión que estaba transferida a los fondos y a la que hacían frente los partícipes, pero estos ignoraban cuánto pagaban por ellos. Con MIFID II las gestoras pueden asumir en sus cuentas de resultados los costes de ‘research’ o trasladarlos a los partícipes a los que informan de su precio.

Esto ha hecho que se reduzcan de los presupuestos destinados por las gestoras a la investigación y al análisis financiero, que ha provocado según Gonzalo de la Peña, director de desarrollo de Negocio de Openfinance (BME Inntech), «que pequeñas empresas y compañías de mediana capitalización sean poco investigadas y corran el riesgo de que nadie las cubra».

El sector financiero europeo pide cambios en MIFID II y los pide ya, primero, porque el Brexit se acerca y, segundo, porque, a juicio de Sebastián Albella, tras dos años de implantación de la directiva, «es razonable valorar lo que ha funcionado de la norma y lo que no».