Sin dinero para quebrar

La crisis sigue sin dar síntomas de agotamiento cuando España se encamina al sexto año consecutivo de depresión económica. El consumo cae, el desempleo crece, el PIB sigue a la deriva y, más importante aún, la financiación a costa de los proveedores se mantiene. Así las cosas, cada vez más empresas (y especialmente pymes) se han visto obligadas a echar la persiana de cierre en negocios que costó sangre, sudor y lágrimas levantar. Concretamente, estas situaciones han aumentado un 28% interanual en el segundo trimestre de 2012, hasta los 2.272 casos, según los últimos datos de concursos de acreedores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.

La cuestión es que muchos empresarios estiran la situación de falta de liquidez con la esperanza de que escampe y, cuando el gestor se sienta finalmente frente a sus cuentas y toma conciencia de que no se sostienen, es ya demasiado tarde. Para entonces, se ha quedado sin dinero para afrontar los abultados pagos que supone el proceso legal que marca la ley para este tipo de situaciones. Y es entonces cuando llega la desesperación.

"Tengo una sociedad limitada con cobros pendientes por importe de 45.000 euros y deudas de unos 15.000. El tema es que la empresa se encuentra sin posibilidades de salida económica, pues la crisis ha hecho que las ventas se hayan ido a cero y no podemos pagar abogados para presentar el concurso de acreedores voluntario. ¿Cómo puedo evitar mi responsabilidad como administrador si no puedo ni siquiera pagar abogados para solicitar el concurso voluntario?, ¿hay alguna forma de evitar la indefensión de empresas y empresarios en esta situación de falta de liquidez involuntaria?", se preguntaba recientemente un empresario en un foro de Internet, amparado bajo el anonimato. 

En realidad, no hay fórmulas mágicas. La única manera de evitar la responsabilidad de los administradores es solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la situación de insolvencia. La legislación es muy estricta al respecto y no contempla la posibilidad de acogerse a un abogado de oficio para este tipo de casos. Eso significa que la asfixiada empresa debe hacerse cargo de las costas judiciales. Y éstas no son precisamente menores.

Cada profesional demanda unas tarifas en función del activo y pasivo de la empresa, por lo que es difícil hacer una estimación pero, con la ayuda de Fernando Soler, de Gesconcursalia, hemos hecho un ejercicio para tratar de aproximarnos al coste que supone liquidar un negocio, utilizando el ejemplo de una constructora ficticia, con dos millones de pasivo y otros dos millones de activo en pisos construidos que no logra vender.

Aunque los honorarios aconsejados por el Colegio de Abogados para el ejemplo de la constructora ascienden a 80.0000 euros, las tarifas de este bufete especializado en concursos de acreedores para este caso se reducirían a 26.000 euros pagados de manera fraccionada (3.500 a la aceptación del encargo, 3.500 con la presentación del concurso ante el juzgado y 950 euros mensuales adicionales hasta el final del proceso, que suele durar como mínimo un año, aunque Soler eleva la media a los 20 meses).

Además del abogado, la empresa en cuestión debería abonar el coste del administrador concursal, que según nuestro ejemplo sería 11.000 euros en la primera fase -que no son negociables, pues son baremos fijados por el Ministerio de Justicia-. Además, si en este periodo inicial se determina que la empresa es inviable, el administrador cobraría 1.100 euros mensuales adicionales durante los primeros seis meses del proceso de liquidación; y 550 euros mensuales desde el séptimo mes hasta el final (cifras determinadas teniendo en cuenta el volumen de nuestra empresa ficticia).

Por último, la compañía debería contratar a un procurador, al que se le abonarían 3.765 euros. En total, nuestra constructora virtual se encontraría con gastos de 50.665 euros por todo el proceso judicial, que se añadirían a las deudas anteriores que tuviera contraídas. Es decir, una cifra voluminosa para una empresa sumida en la asfixia financiera. En ese sentido, ¿qué ocurre si no se dispone de ese dinero?

"Si la empresa no tiene actividad y no tiene bienes, no les podemos llevar el asunto porque no cobraríamos", confiesa Fernando Soler, quien reconoce que muchas empresas llaman a su puerta en esa situación desesperada.

"Ocurre en muchísimos casos. No pueden costearse el concurso y las consecuencias siguen su curso, porque no están cumpliendo con las obligaciones de la ley de sociedades de capital. Y una de ellas es que, en cuanto te encuentras en esta situación, o pides la liquidación o el concurso. Si no, el juez podría derivar el pago de las deudas de la sociedad al administrador", avisa este experto.

Mónica Bertram, de Mariscal y Asociados Abogados, explica que los administradores de la empresa "suelen esperar hasta el último momento" para declarar el concurso -especialmente si también son avalistas de los créditos bancarios o socios de la compañía-, arriesgándose a que alguno de sus acreedores pueda ir contra su patrimonio personal. 

En todo caso, Bertram añade que "si el administrador insta el concurso cumpliendo el plazo de dos meses, normalmente sale indemne". 

En ese sentido, para esquivar cualquier tipo de consecuencias para el administrador, los expertos recomiendan evitar retrasos en la declaración del concurso de acreedores que -si bien no es el caso en la mayoría de las ocasiones- también puede resolverse sin el desenlace fatal de la disolución de la empresa. 

Asimismo, anteriormente a la petición del concurso, los especialistas aconsejan comunicar al Juzgado la intención de negociar con los acreedores e incluso solicitar una prórroga, para blindarse ante posibles retrasos.

En cuanto a la cuestión económica, además de comparar las tarifas de los distintos profesionales que será necesario contratar durante el proceso judicial, los expertos recuerdan que es posible intentar negociar a la baja los honorarios de los abogados. Por otra parte, incluso las empresas más saneadas deberían contar con un presupuesto de contingencia para afrontar eventuales costas judiciales en caso de que la crisis siga mostrándonos su peor cara.