Vivienda: qué partido logrará estabilizar el mercado

Uno de los principales ingredientes de la pasada crisis fue la hinchazón de una burbuja inmobiliaria en España que, cuando estalló, no dejó títere con cabeza. Todavía se está digiriendo en el sector bancario y en el mercado de trabajo. Además, apenas se han recuperado los precios de la vivienda desde el pico. Eso, en términos generales, porque ciertas áreas (las grandes capitales españolas y las principales zonas de costa) han atraído mucha inversión falta de opciones financieras conservadoras y rentables que ha calentado los precios en compraventa hasta rondar máximos históricos. Mientras, el incremento de la demanda en alquiler y el afloramiento de otras opciones de explotación en arrendamiento del ladrillo, como las nuevas modalidades del turismo, han hinchado las rentas. Los partidos políticos reconocen más o menos abiertamente que el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha hecho más difícil. Y todos ellos presentan propuestas. 

Pedro Saura, del PSOE, afirma que el problema está en la falta de política de vivienda en los últimos años, una de cuyas consecuencias es que no haya stock inmobiliario público. Por ello, lo que propone es un incremento de la oferta de vivienda social y en alquiler. Y apunta la posibilidad de una colaboración del sector público con el privado para conseguirlo. Asimismo, el programa socialista recoge su promesa de restablecer la renta básica de emancipación para el alquiler de viviendas por parte de jóvenes con ingresos bajos. 

En la escasez de oferta en el mercado de alquiler se fija Francisco de la Torre, de Ciudadanos. Ahí se encuentra la causa, afirma, de la tensión de los precios, especialmente en las grandes ciudades. Opina que, para paliar esa carencia, «hay que dar más seguridad jurídica a los propietarios, y eliminar burocracia y obstáculos tanto en rehabilitación de pisos como en la construcción de vivienda nueva». 

Daniel Lacalle, del PP, se fija en el stock en compraventa y se queja de que «algunos ayuntamientos ahogan la oferta para subir el IBI y lucrarse del aumento del catastro». Propone, en coincidencia con el PSOE, el incremento de la oferta de vivienda con colaboración público-privada, políticas serias de mejora del parque de pisos protegidos y más oferta de calidad. En el programa del PP también se recoge el incremento de la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos. 

A favor y en contra del último decreto

De la Torre plantea la necesidad de revertir las medidas tomadas en el decreto-ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Jorge Uxó, de Podemos, las reivindica y afirma que su partido seguiría en esa misma dirección para mejorar el acceso a la vivienda, que es el que considera principal problema del mercado inmobiliario. Podemos trabajaría en varias líneas: el refuerzo de la seguridad de los inquilinos con medidas como el aumento de la duración de los contratos que ya recoge el último decreto de vivienda, además de con el incremento de la oferta, con la construcción de 50.000 nuevas viviendas públicas al año en esta legislatura, con la rehabilitación de pisos y con la puesta en el mercado de casas vacías (tanto de la Sareb, como forzando a los grandes tenedores, a los propietarios de más de cien viviendas, según se baraja, ya que no está definida la cifra, a sacarlas al mercado). También apuesta por la regulación de los precios del alquiler, estableciendo unos topes, cuestión que no cree que reduciría la oferta privada, puesto que la rentabilidad del alquiler, dice Uxó, seguirá siendo superior y más segura que la de los productos financieros.

¿Qué opinan los expertos?

Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, señala que la gran cuestión que hay que resolver es que existe una brecha entre los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, respecto a los salarios y la renta disponible de los hogares. Apunta que su solución pasaría por el aumento de la vivienda social en alquiler. Pero avisa de que estas viviendas protegidas han de tener un status claro y serlo de manera duradera, por 20 o 25 años, para que cumplan con la función con que se han construido y no se descalifiquen y entren en el mercado libre generando pingües beneficios para los especuladores. 

Rodríguez también propone que en las ciudades haya registros de demanda en los que se apunten los ciudadanos que busquen casa, para que así a la Administración le conste la dimensión del problema.
Concha Osácar, socia fundadora de Azora, destaca que España se encuentra ante un cambio del modelo habitacional desde uno basado en propiedad y ahorro privado a otro con más alquiler y financiación pública e institucional. El reto, continúa, no es sólo de generación de nueva oferta (cifra la brecha en más de dos millones de viviendas respecto a la UE), sino de reequilibrio de su estructura, ya que el 95 por ciento del parque está atomizado en vivienda libre, frente al 65 por ciento de la Unión Europea. Así, en España, la vivienda social y asequible es sólo un 3,5 por ciento del mercado, frente al 35 por ciento en la UE. 

Como conclusión, Osácar calcula que harían falta más de 300.000 millones de euros para fabricar la vivienda social y asequible que necesita España en los próximos quince años. Ello requiere, dice Osácar, más financiación pública, pero dada la dimensión, también financiación institucional privada. «Para ello, tiene que haber seguridad jurídica y establecer regulaciones a largo plazo (planes a diez años y no a cuatro) que favorezcan la colaboración público-privada en vivienda social y la fabricación de vivienda protegida en alquiler», afirma. 

Osácar también se cuenta entre quienes critican el último decreto de vivienda «que pretende resolver el problema social del alquiler interviniendo en el mercado libre, no generando una sola vivienda social o asequible, y que conduce a la contracción de oferta de vivienda libre, subidas de precios, expulsión de los inquilinos menos solventes e inseguridad jurídica».