¿Cómo se incautan las criptomonedas?

Las criptomonedas estuvieron en el punto de mira de agencias de regulación y cuerpos policiales desde el momento de su creación, al verse rodeadas de un halo de ilegalidad que todavía las acompaña en cierta medida.

Ya sea por el uso de las mismas que se hiciera por parte de Rusia para escapar las sanciones económicas impuestas tras la invasión a Ucrania, o por la perspicacia con la que todavía las miran instituciones como el Banco Central Europeo, la realidad es que los criptoactivos todavía no convencen a todos los actores del mercado.

Y a pesar de que su aceptación y regularización cada vez está más extendida, también es cierto que las criptomonedas, al igual que otros activos, se pueden usar tanto para financiar actividades ilegales como para llevar a cabo fraudes.

El pasado febrero, por ejemplo, la Policía Nacional desarticuló en Sevilla un grupo de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas, y tuvo que bloquer cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas.

Por razones como esta, las fuerzas de control pusieron al día sus mecanismos de defensa, y siguen el siguiente proceso para incautar, congelar o embargar criptomonedas, de acuerdo al informe publicado por la firma de análisis de blockchain, Chainalysis.

Las criptomonedas acaparan titulares pero no un esfuerzo pedagógico

"Los gobiernos han incautado miles de millones de dólares en criptodivisas desde la creación del bitcoin [...] y las fuerzas del orden de América Latina, Europa y Asia-Pacífico han hecho perder colectivamente a los ciberdelincuentes miles de millones más", explicaban desde Chainalysis.

"Incluso los profesionales de la recuperación de activos del sector privado han empezado a devolver millones a las víctimas de todo el mundo", añadían.

La firma de análisis con sede en los Estados Unidos, sin embargo, destacaba que, a pesar de que "estas confiscaciones han generado titulares y compensado a las víctimas, se entiende menos cómo se han llevado a cabo".

Por ese motivo, desgranaban la intervención que se llevaba a cabo en estas operaciones tanto desde las propias plataforma de compraventa, como por parte de investigadores privados y de entes públicos.

Las plataformas pueden dar el primer paso para impedir actividades ilícitas

"El proceso para abordar la actividad sospechosa en una plataforma de criptomoneda difiere en función de si la identifican primero las plataformas o los investigadores del sector público o privado", apuntaban desde Chainalysis.

Las plataformas de compraventa, por ejemplo, pueden utilizar herramientas de cumplimiento de la criptomoneda para supervisar las transacciones entrantes y salientes, y cumplir con las obligaciones reglamentarias, señalaba el informe de la firma.

Asimismo, Chainalysis detallaba que la actividad sospechosa en cuestión puede identificarse "debido a cómo se estructuran las transacciones, cómo se mueve el valor, o si el origen o destino de los fondos es ilícito".

Por ello, matizaba el informe, la mayoría de los negocios de criptomonedas toman uno o más de los siguientes pasos cuando un usuario realiza una transacción o actividad sospechosa:

• Presentar un informe de actividad sospechosa a las instituciones pertinentes.
• Solicitar una explicación al usuario.
• Restringir al usuario la realización de transacciones de mayor cuantía.
• Congelar temporalmente los fondos del usuario.
• Prohibir al usuario el acceso a la plataforma.

Las herramientas al alcance de las fuerzas públicas

Si el proceso de monitorización y rastreo lo quisieran seguir investigadores del sector público, como la policía, desde Chainalysis se aseguraba que las fuerzas del orden podrían tomar medidas como "recopilar direcciones de criptodivisas relevantes o detalles de transacciones".

Estas mismas instituciones públicas también podrían utilizar herramientas de análisis de blockchain para "determinar la naturaleza, el origen y el destino de los fondos".

Y en caso de que la sospecha sobre la ilegalidad de estas actividades se elevara, "se podría solicitar información a las empresas de criptodivisas identificadas con las que los sospechosos hubieran realizado transacciones".

En este momento, relataban desde Chainalysis, los investigadores podrían descubrir que estas criptodivisas "proceden de actividades ilegales", o descubrir que las criptodivisas "se mezclaron con otras fuentes legítimas de criptodivisas, o que las transacciones de criptodivisas son en sí mismas legítimas pero que el dinero fiduciario utilizado para comprarlas procedía de una actividad delictiva", como ocurrió en el caso del grupo desarticulado en Sevilla.

Y en este momento, es cuando los fondos de criptomonedas podrían ser objeto potencial de incautación en muchas jurisdicciones, concluían desde Chainalysis.

La coordinación entre plataformas de compraventa y las instituciones

Una vez llegados a este punto de confirmación de las actividades ilegales, el informe de la firma norteamericana contemplaba que "los investigadores a menudo coordinan con la empresa en que se encuentran depositadas las criptodivisas para transferirlas a una cartera controlada por el gobierno, o para mantener una congelación indefinida".

"En algunos casos, sin embargo, los activos permanecen en el monedero personal del sospechoso", aseguraban desde Chainalysis, añadiendo que "éste puede aceptar entregar los fondos a cambio de una reducción de la pena de prisión".

Si se llegara a este punto, "las criptodivisas incautadas suelen retenerse de este modo hasta que se dicta un veredicto judicial", desgrababa el informe de la firma de análisis de blockchain.

Si este fuera el caso y el acusado es absuelto, los activos se devolverían, mientras que si es condenado, "la confiscación de activos forma parte de la sentencia del acusado", aclaran.

Las criptomonedas, por tanto, están sujetas a tipos de control muy similares a los de cualquier transacción con divisas tradicionales, y sujetas a la monitorización tanto internas como externas.

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