Abengoa. El fiscal ve indicios de delito societario y estafa en la gestión de Urquijo
El fiscal aprecia en la gestión de Gonzalo Urquijo en Abengoa un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario y un eventual delito de estafa
La justicia sevillana, concretamente el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, ha aceptado la petición del Ministerio Público de incluir en la causa de Abengoa, que investiga la gestión del consejo de administración de Gonzalo Urquijo, actual consejero delegado de Talgo, dos denuncias de accionistas minoritarios.
Ambas se unen a la querella interpuesta por Inversión Corporativa, vehículo inversor propiedad de la familia Benjumea, que controló la ingeniera hasta la llegada en 2015 de Urquijo que supuso la primera reestructuración.
La Fiscalía señala en su respuesta a los denunciantes, a la cual ha tenido acceso finanzas.com, que se observan indicios que apuntan a que las decisiones y acuerdos adoptados por el consejo tras la reestructuración de 2015 fueron “tendentes a vaciar de valor económico la empresa administrada”.
En favor de los accionistas mayoritarios
Estos inversores esgrimen que este movimiento, el cual provoca la situación actual, también lo entienden así los Benjumea, fue en beneficios de los accionistas mayoritarios, acreedores y entidades financieras dentro del accionariado.
Unas acciones que irían en perjuicio de más de 90.000 inversores minoritarios, según cifra la Fiscalía. Con todo, considera que tales hechos “serían indiciariamente constitutivos, a priori, de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario y un eventual delito de estafa”.
El escrito de la Fiscalía expone que las pesquisas sobre estos hechos deben remontarse a 2015, cuando entra Urquijo al poder y comienza la reestructuración, aunque fuentes cercanas a los denunciantes señalan que la justicia ya estaría investigando a la empresa desde esas fechas por falsedad documental y estafa.
Investigación al actual presidente
Además, la respuesta del Ministerio Público también incluye que se investigue la actuación del actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, como sucesor de Urquijo y posible conocedor de esta situación.
Las dos denuncias fueron formuladas por accionistas particulares de Pontevedra y Madrid y la justicia de ambas geografías derivó los casos a la Fiscalía de Sevilla al ser la capital de Andalucía la sede social de la empresa.
