Acusación del caso Abengoa denuncia a Deloitte por posible falta en auditoría

La acusación particular del caso Abengoa ha denunciado a Deloitte ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, al considerar que la firma auditora pudo incurrir en falta "grave o muy grave" en su labor de vigilancia de la compañía sevillana.

La denuncia, interpuesta por la Plataforma de afectados de Abengoa, se dirige también contra el socio auditor desde 2012, Manuel Arranz, al creer que "incumplieron su obligación de velar por que los resultados formulados en su auditada reflejaran de forma fidedigna su situación real".

El escrito, al que ha tenido acceso Efe, expone que ni Deloitte ni Arranz advirtieron de los problemas de viabilidad del grupo hasta el 13 de noviembre de 2015, apenas "cinco minutos antes" de la presentación de los resultados de los primeros meses del año y el inicio del preconcurso de acreedores.

"A mayor abundancia", explica, los ahora denunciados "obviaron incluir en su informe (...) que Abengoa se encontraba en suspensión de pagos teórica al menos desde 2014", razón por la que disponía de un fondo de maniobra negativo de 1,5 y 2,4 millones en 2014 y 2015, respectivamente.

La Plataforma califica de "curioso" que los auditores sólo pusieran de manifiesto la existencia de dudas con relación al futuro de la empresa justo durante la comunicación de los estados intermedios y no en la presentación de las cuentas anuales.

Una decisión adoptada para "salvarse de la ruina que se avecinaba" y que explicaría que el informe de revisión de cuentas reflejase, entre otras incertidumbres, "los resultados negativos de las operaciones, la evolución negativa en Bolsa de las acciones, (y) los problemas para acceder a los mercados de deuda", según la fuente.

Por todo ello, la agrupación afea que las supuestas inexactitudes en los informes facilitaran que "aflorara la insolvencia" en la compañía, "evitando que (Abengoa) pudiera renovar sus líneas de financiación bancaria".

De admitirse la denuncia, ésta sólo podría derivar en un expediente administrativo sancionador, no en una condena, al tratarse de un procedimiento administrativo al margen del circuito judicial, en el cual actualmente se investigan las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula de Abengoa tras su cese.