Bankia, BBVA y Popular, protagonistas del año en los tribunales

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia fue el asunto judicial con mayor repercusión del ámbito económico en 2019, un año en el que desfilaron por la Audiencia Nacional directivos de entidades como BBVA, el Popular -hoy parte del Santander-, Banco de Valencia, Caixanova o Pescanova.

Tras 74 sesiones y cerca de once meses, el 1 de octubre quedó visto para sentencia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que sentó en el banquillo a 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Rodrigo Rato por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011.

El juicio no fue el más largo de la historia de España, ese récord lo ostenta el del caso Malaya, que investigó la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y duró dos años-, pero sí uno de los más complejos de seguir, por la cantidad de datos, millones de euros de provisiones, ratios de capital y operaciones inmobiliarias expuestos.

Si al inicio de la vista la Fiscalía Anticorrupción acusaba de estafa a los inversores sólo a cuatro personas -Rodrigo Rato, José Luis Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú-, posteriormente decidió ese delito y el de falsedad contable a quince exdirectivos, entre ellos el exministro Ángel Acebes, y al auditor de Deloitte Francisco Celma.

Este cambio de rumbo permitió a la Fiscalía Anticorrupción pedir ocho años y medio de prisión para Rato; seis para el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella; cinco para el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, y hasta nueve meses para el consejero delegado, Francisco Verdú. El fallo se conocerá, previsiblemente, en la primavera de 2020.

Lo único que podía hacer sombra a las sesiones de Bankia era, en principio, la investigación por la resolución del Popular, en junio de 2017, y su posterior venta al Santander al precio de un euro, que hizo a cientos de miles de accionistas perder toda su inversión.

La Audiencia Nacional admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios, fruto de las cuales comenzaron a desfilar ante el juez directivos pasados y presentes de la entidad.

Entre ellos, los dos expresidentes, empeñados en desacreditarse mutuamente y en defender su labor y la de sus respectivos consejos de administración.

Pero otro de los grandes bancos españoles, BBVA, irrumpió en la actualidad judicial con la investigación de las relaciones entre el banco y el excomisario Villarejo, que habría realizado escuchas a empresarios y miembros del Gobierno, entre otros, especialmente durante el periodo en el que la constructora Sacyr quiso tomar el control de la entidad financiera.

A lo largo del año han acudido a declarar varios de los que fueron máximos responsables del banco -imputado como persona jurídica-, como el ex consejero delegado Ángel Cano o el mismísimo Francisco González, FG en el mundo financiero, que presidió BBVA durante dos décadas.

Sobre otra de las entidades financieras con plaza fija en los banquillos de la Audiencia Nacional, Banco de Valencia, quedó visto para sentencia el juicio sobre la mayor operación crediticia, 312 millones de euros concedidos al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.

Mejor suerte corrieron el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros tres miembros de la antigua cúpula por una fallida operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Pero la sección cuarta de la Sala de lo Penal entendió que los acusados -el ex director general José Luis Pego; su adjunto, Gregorio Gorriarán; el exdirector de la división de Planificación Financiera Domingo González Mera y el propio Gayoso-, cumplieron con "la función que les era propia en el cargo que ostentaban", y desestimó los cargos.