Prejubilaciones solidarias

Que no es complicado despedir a los trabajadores, nadie lo duda. Pero que, además, las empresas lo hagan con cargo a las cuentas públicas, e incluso determinadas compañías se lucren con los despidos, ya es de órdago. Las sociedades empresariales han rebuscado en una permisiva legislación que les permite un sistema tan flexible como económico para sus cuentas.
 
Imaginen (aunque sea un caso real), el caso de un trabajador de 57 años que lleva más de 25 años en la misma empresa, cobrando una media de 900 euros netos al mes y con una base de cotización de 1.400 euros.
 
A ocho años de llegar a los 65, su empresa le ofrece un atractivo "plan de jubilación" al que no podrá resistirse: despido involuntario con una indemnización de 15.000 euros; dos años cobrando la máxima prestación por desempleo (unos 970 euros netos al mes); otros dos ejercicios cobrando los 426 euros al mes de la ayuda estatal para mayores de 52 años que hayan agotado el paro y, a la vez, recibiendo una renta mensual de unos 500 euros, a través de una mutualidad, que se encarga de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social; y jubilación anticipada a los 61 años, con una pensión de 950 euros al mes.
 
Total: el trabajador, que verá mermada su pensión en un 30% por jubilarse cuatro años antes de lo que debería, recibirá unos 22.000 euros en su cuenta cuando hayan transcurrido cuatro años; la empresa se dejará unos 37.000 euros (entre la indemnización y las cotizaciones que se compromete a realizar a la Seguridad Social en ese tiempo); la aseguradora se llevará su correspondiente comisión; y el Estado abonará unos 33.000 euros en concepto de ayudas.
 
Es decir, de la indemnización real (45 días por año trabajado) que le correspondería al empleado (unos 70.000 euros), la empresa apenas "aporta" la mitad, mientras que el resto de contribuyentes abonamos el otro 50%.
 
¿No es aquí donde se encuentra el verdadero peligro, por no llamarlo estafa generalizada, de nuestro permisivo sistema de prestaciones sociales?