La reforma fiscal que planea el Gobierno da rienda suelta a las donaciones preventivas
Las donaciones aumentaron en 2021 un 31% hasta alcanzar las 174.866. La reforma fiscal que plantea el PSOE para imponer a las CCAA el impuesto de donaciones explica las cifras
La mera posibilidad de que la reforma fiscal que está ultimando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), traiga consigo una subida del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) ha disparado el número de donaciones en España.
Así, las donaciones efectuadas en 2021 -año en el que el Gobierno ya expresó sus intenciones de recuperar el impuesto- sumaron 174.866, lo que supuso un aumento del 30,7 por ciento respecto a las de un año antes, según fuentes del Consejo General del Notariado.
La subida del ISD “está cantada”, aseguran los asesores fiscales, y supondría “un error”, a juicio de Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), debido a que “deben ser las comunidades autónomas y no el Gobierno central las que legislen sobre sus propios impuestos”.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende imponer una tasa mínima del ISD en todas las comunidades autónomas y, de esta forma, cumplir su compromiso con Bruselas de subir los impuestos y aproximarlos a los de la media de países de la Unión Europea.
No obstante, España tiene el ISD más elevado de los países de la unión.
El tipo general máximo es del 34 por ciento para sucesiones y donaciones superiores a los 797.555 euros, pero la suma de coeficientes adicionales puede aumentar la tasa máxima efectiva hasta el 81 por ciento.
El aval del libro blanco
La intención de Hacienda de subir el impuesto sobre donaciones se vio avalada por las propuestas del comité de expertos que elaboró ‘El libro blanco para la reforma del sistema tributario’ y que servirá de hoja de ruta para la nueva reforma fiscal que el Ejecutivo Sánchez tiene previsto aprobar antes del primer trimestre de 2023.
Unas propuestas que tendrán “efectos muy negativos para la economía del país debido a que más que diseñar un sistema recaudatorio eficiente se basan en expoliar a los ciudadanos mediante subidas generales de tributos”, reconoce Rodrigo Yagüe, profesor del OBS Business School.
Sobre el ISD el comité de expertos aboga por mantenerlo y establecer un límite mínimo para todas las comunidades autónomas para evitar la competencia a la baja que ahora existe entre ellas.
¿Adiós a las bonificaciones?
La recaudación de este impuesto está cedida a las autonomías y algunas de ellas, entre las que se encuentran las presididas por el PP como Madrid, Murcia, Castilla y León o Andalucía, lo tienen bonificado al 99 por ciento, por lo que si el Gobierno aprueba la subida tributaria prevista se verán obligadas a implementar una tasa.
La confrontación entre partidos por el ISD ha hecho que este sea uno de los debates que han centrado la campaña electoral de Andalucía. Juan Espadas, el candidato del PSOE, se ha comprometido a recuperar el ISD que Juanma Moreno (PP) bonificó al 99 por ciento cuando llegó a la presidencia de la Junta.
Otra comunidad que vería peligrar su bonificación es Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), la defiende a toda costa y proyecta aumentarla en el caso de tíos y sobrinos del 10 por ciento actual al 20 por ciento y del 15 al 25 por ciento entre hermanos.
Una cuádruple imposición
La prisa de los contribuyentes por donar y esquivar el hachazo fiscal que traerá la nueva reforma se comprende si se tiene en cuenta que con el ISD puede pagarse “hasta una cuádruple imposición”, reconoce Javier Collado, inspector de Hacienda y profesor de la Udima.
Pone el ejemplo de un trabajador que ahorra parte de su nómina -que tributa por IRPF- para comprar una segunda residencia, que en algunas comunidades está gravada por el impuestos sobre el patrimonio (IP). A su muerte, sus herederos tributan por el ISD y puede que tengan que tributar por el IP mientras la mantengan en su poder.
Por ello cree que habría que eliminar el ISD y, en caso de mantenerlo, no debería establecerse ningún tipo mínimo como propone el Gobierno.
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