La factura del fraude fiscal en España asciende a más de 26.000 millones

Uno de los mayores lastres para el crecimiento del país es la cantidad de dinero que está oculto a los ojos del Estado, porque no tributa. La economía sumergida supone en España, aproximadamente, el 20% del PIB, un valor bastante por encima del en torno del 15% de la media europea. Cifras muy altas, en cualquier caso. Así, la pérdida de recaudación se estima en 70.000 millones de euros, aproximadamente el 6% del PIB nacional, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley con nuevas medidas para reducir el fraude fiscal y ha llegado a hacer un cálculo -muy optimista, según los expertos- de cuánto se podrá conseguir recaudar con ellas. Sin embargo, el problema histórico del cálculo de la economía sumergida es su propia naturaleza, ya que al ser dinero que quiere escapar del control del Estado, es «complicadísimo» contarlo, explica a este diario Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, la Agencia Tributaria no elabora informes que cuantifiquen esta economía en negro ni el fraude fiscal debido a que «no existe una metodología comúnmente aceptada en el ámbito internacional», dicen desde la AEAT.

La idea del Gobierno es recaudar más de 800 millones de euros a través de tres medidas clave: la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre empresarios, modificación de la lista de deudores y mejorar las prácticas internacionales. El objetivo, «modernizar el modelo económico y conseguir un sistema fiscal más redistributivo y justo». Por el lado de la lista de morosos, por la que se pretende añadir a las arcas del Estado 110 millones de euros, se modifica el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros con el objetivo de «fomentar el ingreso de deudas». Además se incluirán los responsables solidarios, además de los deudores principales.

La nueva medida con la que el Gobierno pretende recaudar 218 millones de euros más es el endurecimiento de la limitación del pago en efectivo. Así, pasará de un máximo de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones entre empresarios. También se disminuye el pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España, con el objetivo de restringir estas operaciones que al ser en efectivo son más difícilmente rastreables y «pueden facilitar los comportamientos defraudatorios», dice el texto del anteproyecto presentado.

Previsiones de la AIReF

Sin embargo, los analistas de la Autoridad Fiscal (AIReF) no son tan optimistas en sus previsiones. Por el lado de los pagos en efectivo establece una horquilla de entre 100 y 200 millones, así que incluso en el mejor de los casos estaría levemente por debajo de la estimación del Gobierno. En el caso de la lista de deudores ocurre lo mismo, de los 110 millones que prevé Hacienda, la AIReF lo reduce a una horquilla de entre 50 y 100 millones. Pero lo más alarmante es en lo referente al apartado de las prácticas internacionales, partida en la que el Gobierno calcula recaudar hasta 500 millones de euros, mientras que la Autoridad Fiscal establece una horquilla de entre 200 y 270 millones.

¿Y quién lucha contra el fraude? Desde su nacimiento, la Agencia Tributaria ha presentado los resultados anuales de su actividad de control tributario y lucha contra el fraude fiscal en términos de euros ingresados y no devueltos, explica en el texto 'Una nueva Administración para la lucha contra el fraude' el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en el libro 'El fraude fiscal en España', editado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Gascón destaca que se pone «especial énfasis» en la variación de resultados de recaudación, lo que puede provocar una «excesiva focalización de las actuaciones de control en el corto plazo».

Además, el director de la AEAT señala la diferencia entre economía sumergida y fraude fiscal, refiriéndose al estudio del Consejo General de Economistas REAF sobre el tema. En él se estima el coste recaudatorio del fraude fiscal en 26.000 millones al año. El texto revela además que los estudios recienten cifran en 11.000 millones el dinero que España pierde cada año por el uso de paraísos fiscales por las grandes fortunas y la elusión de impuestos por parte de los grandes grupos económicos.

La 'factura' de este fenómeno para cada contribuyente asciende a los 2.000 euros al año, según los cálculos de los Técnicos de Hacienda (Gestha). Su presidente, Carlos Cruzado, explica a este periódico que uno de los mayores problemas para su control es la falta de personal y denuncia que la Agencia Tributaria contará este año con 2.500 efectivos menos que los que tenía hace diez años.

Medidas antifraude

A pesar del nuevo anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno con medidas para luchar contra el fraude fiscal, los expertos creen que son necesarias muchas más. El propio director de la Agencia Tributaria defiende la incorporación de nuevos agentes de incógnito que vigilen las empresas, acabar con el «obsoleto» sistema de módulos por el que tributan muchos autónomos con pequeños negocios o reducir los pagos en efectivo. Gascón apuesta en el libro 'El fraude fiscal en España' por valorar como buenas prácticas con un sistema de etiquetas a las empresas que realicen todas sus operaciones con tarjeta.

En opinión de Ignacio Arráez, delegado de la AEDAF para Madrid, es «paradójico» que las autoridades anuncien año tras año, «orgullosas», el aumento de la recaudación en la lucha contra el fraude, cuando «la buena noticia sería la opuesta». Esto significaría que los contribuyentes han cumplido con Hacienda. Por ello, Arráez argumenta que lo que la AEDAF reclama es un «cambio de enfoque» y recuperar «los valores intrínsecos al tributo» por lo que pide una «mayor educación tributaria» desde pequeños para inculcar los valores de un sistema tributario justo.

Una de las medidas «directas» compartidas por varios expertos que se podrían tomar en la lucha contra el fraude es «rebajar la presión fiscal» de las empresas. Es la opinión de Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda pública en la Universidad de Castilla-La Mancha. El economista asegura que recuperar la pérdida impositiva haría aumentar la recaudación en unos 30.000 millones de euros, un 6% sobre el PIB. «Para hacernos una idea, los gastos en desempleo de 2017 fueron de 15.000 millones», explica. En países del entorno la situación es también preocupante porque aunque en Francia supone un 15%, en Italia es de alrededor del 27% y en Portugal del 23%.