Las cuentas de actualizar las pensiones no salen

Volver a revalorizar las pensiones conforme a la evolución anual de la inflación, como ocurría hasta 2013, se antoja casi una utopía desde la aprobación de la última reforma que incluía el polémico factor de revalorización. Gracias a la fórmula matemática de este indicador el Gobierno ha limitado la subida de esas prestaciones a únicamente un 0,25% por ejercicio, pese a que el Producto Interior Bruto (PIB) lleva tres años creciendo a un ritmo superior al 3%.

La culpa de que ese incremento se haya limitado al mínimo recogido en la nueva ley la tiene el déficit mayúsculo de la Seguridad Social, que cerró el año pasado por encima de los 18.000 millones de euros. El problema es que también en 2016 el IPC abandonó la contención de los últimos ejercicios y se incrementó un 1,6%, más de seis veces por encima del alza de las pensiones.

En esta tesitura UGT y CC OO llevaron al Parlamento una proposición no de ley para volver a actualizar las pensiones -no solo de jubilación, sino también de viudedad y u orfandad, entre otras- según la evolución de los precios. Les apoyó la oposición casi en bloque -salvo Ciudadanos-, pero el Ejecutivo la vetó aduciendo que suponía un incremento del gasto presupuestario sin que fuera compensado por un recorte igual.

Ahora, tras diez días de marchas por todo el país, ambos sindicatos vuelven a la carga para que se desbloquee su propuesta. Aducen que haber subido en enero las pensiones conforme al IPC de 2016 hubiera supuesto un sobrecoste de 1.022 millones de euros, suma que se duplicaría con creces a principios de 2018 si también se considerara la inflación de este año, ahora en el 1,8% aunque la previsión es que termine moderándose por debajo del 1,5%.

Déficit a la baja

Pero sus cuentas distan mucho de las que hace la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que en un informe reciente cifra el coste de esa actualización en 17.000 millones este año y otros 25.000 millones en 2018 (si el IPC_fuera del 1,7%). La media por trabajador, según sus cálculos, sería de unos 1.330 euros anuales. El instituto, eso sí, descarta de antemano esa posibilidad en un horizonte de estabilidad económica hasta 2022 si se quiere asegurar la estabilidad de las cuentas del país.

En su simulación no contempla ni crecimientos extraordinarios ni tampoco crisis, y si que este año por vez primera el déficit de la Seguridad Social pueda reducirse en casi 2.000 millones. No obstante, en sus cálculos de variables durante los cinco próximos años y aplicando el referido factor de estabilización -que prevé una subida máxima, en el mejor de los escenarios, del IPC del ejercicio anterior más medio punto adicional- las pensiones seguirán sin subir más de un 0,25% anual.

De hecho, aplicando de forma estricta tal factor, un resultado negativo de su fórmula matemática implicaría incluso un descenso anual de esas prestaciones -la AIReF lo ha estimado en un 10% entre 2017 y 2022-, aunque el Gobierno estableció en esa reforma que al menos se incrementarán ese cuarto de punto, con independencia del resultado final de esos cálculos. Gracias a ello, y sobre todo a una inflación muy baja, de 2013 a 2017 las pensiones se habían revalorizado algo aunque no está claro cuánto: serían 1,65 puntos en media anual pero solo 0,15 puntos comparando diciembre de un año sobre el mismo mes del anterior.

Un 27%, ni 600 euros al mes

A las principales centrales sindicales, sin embargo, les preocupa sobremanera que los tiempos de un IPC bajo, o incluso negativo, han terminado ya y desde 2016 los pensionistas estarían perdiendo de nuevo poder adquisitivo. Su queja es todavía mayor porque el Gobierno, critican, sí ha encontrado hueco en los Presupuestos del Estado para otras partidas "nada sociales", por ejemplo, el rescate de las autopistas de peaje (que según su patronal puede llegar a costar 5.000 millones aunque Hacienda rebaja esa cifra hasta el entorno de los 3.000 millones) o de la banca (51.303 millones).

Según sus números, la subida media mensual por pensionista este año ha sido 2,3 euros (aunque la mayoría solo ganan 1,6 euros de más porque la prestación más habitual no pasa de 650 euros), para un coste total de 'solo' 272 millones para las arcas públicas. Asimismo, la mitad de sus beneficiarios -prácticamente cinco millones de personas- cobran, en comparación, menos del salario mínimo interprofesional (ahora fijado en 707,6 euros mensuales); en concreto, un 27% (en torno a un millón de personas) reciben menos de 600 euros y otro 23% están entre esa cifra y 700 euros.

Lo peor, no obstante, aún puede estar por venir para ese colectivo. Otro informe reciente, esta vez elaborado por CC OO, advierte de que todas esas personas podrían acumular en los diez próximos años una pérdida de poder adquisitivo cercana al 15% solo por la aplicación del llamado Índice de Revalorización de las Pensiones.

Ahora bien, si en 2019 entra en vigor -como está previsto- el denominado factor de sostenibilidad esa merma podría llegar a duplicarse, dado que también se tendría en cuenta (aparte de las variables económicas y la situación del propio sistema) la esperanza de vida en el momento de la jubilación. De hecho, el propio Ministerio de Empleo reconoce en un estudio que las nuevas prestaciones podrían recortarse a razón de un 5% nominal cada período de diez años por ese efecto.