Ajustes y pobreza

El viernes pasado, el Gobierno español aprobó una serie de medidas con tres objetivos: reducir la presión que para la Seguridad Social suponen, a corto plazo, las jubilaciones anticipadas y, a medio/largo plazo, las presiones demográficas; dificultar los ERES, o al menos aumentar el coste para la empresa que los contempla como un mero ajuste de gastos, y dificultar que el ajuste del empleo se cebe en el colectivo de mayores de 50 años y reducir el coste sobre las finanzas públicas de este colectivo en el subsidio de desempleo.

Pensiones y desempleo son dos importantes obligaciones en la actualidad para las finanzas públicas, en un entorno de difícil crecimiento de los ingresos. Conjuntamente con los salarios de los funcionarios, el grueso del gasto estructural (lamentablemente, una parte muy importante del desempleo actual lo es ya), que supone una verdadera amenaza para la consolidación de las cuentas públicas. No es cuestión de criticar o no las medidas de ajuste que suponen un menor Estado del Bienestar. Lamentablemente, es ajustarlo a los niveles que la economía española puede financiar.

La recesión que atraviesa la economía española nos afecta a todos, aunque es cierto que en diferente intensidad según el colectivo considerado. Al final, las crisis y recesiones siempre se traducen en importantes desigualdades sociales y desigual distribución de la riqueza, aunque es cierto que en la actual es de destacar el importante coste que sufre la clase media. El ajuste de precios y costes a nivel interno, forzoso ante el deterioro acumulado de la competitividad y por la imposibilidad de utilizar el tipo de cambio para el ajuste, se traduce en un descenso promedio de la renta disponible y de la capacidad de gasto (por la inflación, a su vez motivada por la subida de impuestos y precios exteriores).

En un entorno de este tipo, las autoridades deben tener especial cuidado en enfocar las medidas de ajuste, evitando a los colectivos más desprotegidos por la crisis. Lamentablemente, en una situación como la actual todos perdemos, pero es importante que el coste no sea uniforme.

Según la Encuesta de condiciones de vida del INE, a finales de 2011, el porcentaje de la población española en riesgo de pobreza era del 21.8 %. Este porcentaje es 2.8 puntos, más elevado que a principios del año 2000. Pero,lo importante del dato es cómo se reparte en términos de la edad: desde el 21.8 % para el colectivo de mayores de 65 años hasta el 28.6 % para el de menores de 18 años. Y dentro de este último colectivo, varía entre un 9.5 % para los hogares en que los adultos están empleados y el 78 % para los que están desempleados. En definitiva, en España, en mayor medida que en otros países desarrollados, la diferencia intergeneracional de la pobreza es mucho más acusada.

¿Educación? Es una parte de la respuesta a estos terribles datos. La tasa de pobreza oscila entre el 28.8 % para el colectivo con un máximo de educación obligatoria y el 10.4 % para aquellos con educación superior. Pero, ¿qué hacer con el colectivo actual más desprotegido y con difícil reciclaje? Es importante tomar medidas valientes que supongan un shock de la economía y que permitan recuperar lo antes posible los sectores de la economía, ya que son más intensivos en mano de obra.

Y es preferible acelerar los ajustes de cantidad en el sector inmobiliario, a través de un mayor ajuste de precios, que no dejar que sea el paso del tiempo (y la inflación) la que resuelva el desequilibrio. Y es preciso aplicar reformas estructurales que aceleren tanto los ajustes de precios en la economía como la redistribución de la renta. Y de la riqueza. Todo esto no pasa solo por una mejora de la financiación, sino que es imprescindible una acuerdo político entre los grandes partidos y mejora en la comunicación en la población.