La Junta de Andalucía no cuenta con nadie

La Junta de Andalucía ha presentado recientemente el Decreto Ley 6/2013 por el que obligará a empresas y entidades financieras a poner en alquiler sus pisos vacíos bajo multas de hasta 9.000 euros si no lo hacen en un periodo de 6 meses. Además, incluye la posibilidad de expropiarles por un plazo de tres años el «uso» de los inmuebles cuyos inquilinos están a punto de ser desalojados.

Independientemente de los múltiples recursos que se avecinan y de si finalmente entrará en vigor o no tal como está promulgado, lo cierto es que crea un precedente muy peligroso contra el derecho de propiedad, recogido en el artículo 33 de la Constitución Española. Se ha atribuido entre otras, la interpretación y delimitación del concepto de función social de este derecho la propiedad, o la planificación de actividades económicas sectoriales que suponen una intervención directa en las empresas, competencias éstas que corresponden a ley general y no al legislador autonómico.

Además, se ha atribuido el derecho a expropiar sin indemnización. Eso sí, se ocupa de crear un nuevo Observatorio, uno más dentro de los cientos de entes públicos perfectamente inútiles creados en los últimos tiempos, donde incorporar y colocar a sus allegados con coste al dinero de los ciudadanos.

Lo realmente alarmante no es solo eso, sino que haya sido un gobierno autonómico el que ha tomado esta decisión tan importante para el país, los ciudadanos y el orden constitucional, sin preguntar a nadie.

El decreto tiene el sello de Izquierda Unida, socio de Gobierno del PSOE en Andalucía y al que debe hacer guiños continuos para garantizar el poder que posee desde la Transición. Quizá estamos ante la nueva línea estratégica de Rubalcaba y demás dirigentes de Ferraz; la de recuperar los votos de los ciudadanos más a la izquierda que les dieron la espalda en las últimas elecciones. No cabe otra explicación a la vía libre que han dejado a la promotora de esta norma, Elena Cortés (IU), Consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía.

El Decreto afecta no sólo las entidades financieras sino a cualquier entidad jurídica, que se van a ver muy afectadas por este decreto. La Asociación Española de Banca (AEB), presidida por Miguel Martín y en la que no están los bancos nacidos de las ex cajas de ahorros, ya ha comunicado oficialmente su desacuerdo con ciertas disposiciones del mismo. Juan José Toribio, asesor técnico de la institución, señaló la semana pasada en una entrevista a Onda Cero que introduce restricciones al derecho de propiedad, por lo que está tocando la médula de la economía de mercado y puede vulnerar la ley española de expropiación forzosa.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), en cambio, aplaude la intención de la Junta de Andalucía, aunque considera que la medida ataca las consecuencias de un problema, y no su raíz. Desde la Asociación, explican que no impedirá el avance de las 200.000 ejecuciones hipotecarias que están en marcha en España en estos momentos, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No matizan cuántas de ellas abarcan las de primera vivienda o vivienda habitual, el gran quid de la cuestión.
Hay otras voces que legitiman esta expropiación temporal de los inmuebles de la banca. Se basan en que muchas entidades han tenido que ser rescatadas con dinero público. Estas mismas voces se olvidan que otras no y que pagan justos por pecadores. Tampoco se acuerdan que fue la misma clase política la que promulgó las modificaciones a la Ley Hipotecaria hoy consideradas injustas y fuente de los problemas. Tal vez en vez de pedir todas las explicaciones a la banca, habría que preguntar a aquellos legisladores y sus motivos.

La presentación de este decreto vuelve a ahondar es uno de los principales problemas de España y que ha agravado aún más la crisis: cualquiera puede interpretar, modificar o promulgar una Ley a su gusto y hacerlo por sí solo. Sin contar con nadie y sin importarle los efectos de la misma. Una vez más, se ha llevado a cabo más por intereses políticos que para servir a los ciudadanos. A éstos les queda la incertidumbre y resignación de seguir dependiendo de una clase política que, una vez más, no da soluciones reales a sus problemas.